Acusado – Cargo al momento de los crímenes – Fuerza / Condena
Báez, Miguel Ángel – Teniente, jefe de la Sección 2 de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII – Ejército Argentino / 8 años
Bitti, Rafael Francisco – Subteniente, Compañía de Ingenieros de Montaña VIII (Tupungato) – Ejército Argentino – 3 años de prisión en suspenso
Castro, Emilio Eduardo – Oficial de Infantería, subjefe del Cuerpo Motorizado de Vigilancia – Policía de Mendoza / 4 años
Domínguez, Osvaldo Alfredo – Agente, División Cuerpos de la Unidad Regional II – Policía de Mendoza / 3 años de prisión en suspenso
Giovarruscio, Juan Armando – Integrante Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, Destacamento de Inteligencia 144 – Ejército Argentino / Perpetua
Graín, Luis Juan Edgardo – Comisario, temporalmente jefe de día de la Unidad Regional II – Policía de Mendoza / 4 años
Guevara, Aníbal Alberto – Teniente primero, integrante de Sección de Inteligencia 144, Destacamento de Inteligencia 144 – Ejército Argentino / Perpetua
Gutiérrez, Orlando Gerardo – Jefe de Operaciones (D3), Unidad Regional II – Policía de Mendoza / Perpetua
Huajardo, Daniel Ernesto – Oficial ayudante, Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Delegación San Rafael – Policía de Mendoza / Perpetua
Labarta, Juan Roberto – Cabo, Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Delegación San Rafael – Policía de Mendoza / Perpetua
Martínez Garay, Cecilio Oseas – Integrante Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, Destacamento de Inteligencia 144 – Ejército Argentino / Perpetua
Massaccesi, Pierino David – Jefe de la División Cuerpos, Unidad Regional II – Policía de Mendoza / Perpetua
Maza, Ciro Isidro – Comisario, Seccional 24 (Malargüe) – Policía de Mendoza / 4 años
Megetto, Miguel Ángel – Agente, radioperador en el Puesto Comando Militar – Policía de Mendoza / 4 años
Mercado, Norberto Ernesto – Oficial principal, subjefe de la división de Cuerpos y jefe del Cuerpo Motorizado de
Vigilancia – Policía de Mendoza / 8 años
Ochoa, Carlos Alberto – Teniente, jefe de una sección de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII e intendente de facto – Ejército Argentino / 7 años
Pérez, Oscar Raúl – Oficial, jefe del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Delegación San Rafael – Policía de Mendoza / Perpetua
Rizo Avellaneda, Luis Ricardo – Jefe de Sección de Inteligencia 144, Departamento de Inteligencia 144 – Ejército Argentino / Perpetua
Rojas García, Tomás Luis – Comisario, Delegación de Bomberos San Rafael- Policía de Mendoza / 6 años
Ruiz Soppe, Raúl Alberto – Jefe de la Unidad Regional II – Policía de Mendoza / Perpetua
Stuhldreher, Luis Alberto – Segundo jefe de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII e intendente de facto – Ejército Argentino / Perpetua
Trentini, Hugo Ramón – Oficial sumariante, Comisaría 32 (San Rafael) – Policía de Mendoza / Perpetua
Villafañe, Argentino Eduardo – Comisario, jefe de día en la Unidad Regional II – Policía de Mendoza / 4 años
Durante el debate se abordarán los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima; robo agravado por el uso de armas de fuego; amenazas coactivas; y un caso de violación, todos cometidos en el marco de una asociación ilícita.
La gran mayoría de esos delitos fueron imputados a los militares y policías en su carácter de autores o coautores mediatos, aunque nueve de los 26 acusados fueron individualizados como autores materiales en algunos de esos hechos, en razón de la identificación de ellos que hicieron las víctimas.
La lista de acusados está compuesta por los siguientes policías del D2: el integrante del grupo de tareas de San Rafael, Juan Roberto Labarta; el oficial ayudante Daniel Ernesto Huajardo Martínez; y el oficial Oscar Raúl Pérez Fernández.
También llegan los siguientes expolicías que revistaron, al momento de los hechos, en las reparticiones y cargos que a continuación se indican: el jefe de la División Cuerpos de la Unidad Regional II de la Policía de Mendoza, Pierino David Massaccesi; el Jefe de la Unidad Regional II, Raúl Alberto Ruiz Soppe; el comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael, Tomás Luis Rojas García; el oficial de la Oficina de Sumarios de la Seccional 32° de San Rafael, Hugo Ramón Trentini; el comisario de la Brigada de Investigaciones de la Zona Sud, Luis Juan Edgardo Graín Farina; el subcomisario de la seccional 8va, Daniel Navarro Farías; el jefe de Operaciones (D-3) de la Policía mendocina, Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez; el subcomisario de la Seccional 24 de Malargüe, Ciro Isidro Maza Correa; el oficial principal de la Unidad Regional II, Norberto Ernesto Mercado Laconi; el oficial de Infantería, Emilio Eduardo Castro; el comisario de la Seccional 26° de Villa Atuel, Argentino Eduardo Villafañe; el agente de la Dirección de Comunicaciones de la Unidad Regional II, Miguel Ángel Megetto; y el policía Osvaldo Domínguez.
En tanto, entre los militares llegan a juicio los tenientes de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez; el teniente de la VIII Compañía de Ingenieros de Montaña, Carlos Alberto Ochoa; el ex sargento de esa unidad, Raúl Alejandro Olguín; el Comisionado Municipal (de facto) de San Rafael, Luis Alberto Stuhldreher; el subteniente del Regimiento de Infantería de Montaña 11 con asiento en el departamento de Tupungato, Rafael Francisco Bitti.
La nómina de acusados se completa con cuatro ex miembros de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe, Luis Ricardo Rizo Avellaneda; el sargento ayudante Cecilio Oseas Martínez; el sargento Juan Armando Giovarruscio; y el suboficial mayor, Edgar Martín Ferreyra.
Reverberi Boschi, el cura que pasó de testigo a imputado y prófugo
Uno de los prófugos por crímenes de lesa humanidad en Mendoza es el sacerdote Franco Reverberi Boschi, quien durante la última dictadura fue capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael y actualmente, según Interpol, ejercería tareas religiosas en una parroquia de Parma, Italia, mientras se aguarda que un tribunal de ese país lleve a cabo el juicio de extradición.
La captura del sacerdote fue requerida por el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado y ordenada por el juez federal de esa ciudad, Eduardo Ariel Puigdengolas.
La nacionalidad ítalo-argentina del imputado obstaculizó su detención durante el proceso judicial abierto en Italia a requerimiento del juez argentino para que se decida su captura y envío a nuestro país para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, informó a Fiscales la fiscalía federal de esa ciudad del centro de la provincia de Mendoza. Si el juicio de extradición concluye favorablemente a la petición de las autoridades argentinas, Reverberi Boschi será detenido y enviado a San Rafael para responder por los crímenes que se le imputan.
El pedido de extradición fue remitido en febrero al Ministerio de Justicia italiano y actualmente se encuentra en la Corte di Apelli di Bologna. Según se informó desde la fiscalía sanrafaelina, tanto la embajada argentina en Italia como la Coordinación de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación intervienen en el caso, con el objeto de lograr una resolución favorable y en el menor plazo posible al requerimiento del juez federal mendocino.
En este contexto, la filial San Rafael de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dirigió a principios de este mes una nota a el Papa Jorge Bergoglio, por intermedio del Nuncio Apostólico en Argentina Monseñor Emil Paul Tscherrig, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Reverberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.
Su actuación durante el terrorismo
La actuación del sacerdote en el terrorismo de Estado quedó al descubierto durante el primer juicio por esos delitos que se realizó en 2010 en San Rafael.
Durante las declaraciones testimoniales, cinco víctimas mencionaron su presencia -algunas lo describieron al detalle- durante las torturas a las que fueron sometidas principalmente en el centro clandestino de detención conocido como la «Casa Departamental».
Roberto Flores dijo que el cura no los golpeaba pero que presenciaba los suplicios infligidos a los prisioneros y que lo ha visto con una Biblia en la mano. Lo describió vestido con pantalón, camisa y zapatos negros, cuello blanco y un saco, nunca vestido de sotana. Añadió que era de tez trigueña, pelo negro y que medía aproximadamente entre 1,72 y 1,75 metros.
Por su parte, el sobreviviente Sergio Chaki lo vio pasar en el centro clandestino, y agregó que nunca le dio consuelo espiritual.
Hugo Riera, en tanto, agregó que vio al cura en Infantería con la Policía, pero no con los detenidos.
Mario Bracamonte relató que en la Departamental vio al sacerdote en cuatro oportunidades. Una tarde, dijo, hubo una golpiza y luego, como tormento, les hicieron secar el piso con el cuerpo, arrastrándose. Era invierno, cuando las temperaturas en esa ciudad suelen bajar de los -10°.
En ese momento, explicó Bracamonte, levantó la cabeza y vio a Reverberi junto al oficial de la policía mendocina, enlace con las fuerzas armadas, José Mussere; al jefe de la subárea militar 3315, mayor Luis Faustino Suárez; al capitán del Ejército, Luis Stuhldreher, quien fue interventor de la municipalidad de San Rafael; y al teniente del Ejército, Aníbal Guevara.
La víctima dijo que el sacerdote concurría al centro clandestino junto a esos cuatro personajes todas las noches y que un 9 de julio le pegaron una paliza durante cuatro horas a un sindicalista de la UOM de apellido Castro, a quien torturaban ahogándolo en un balde. En ese contexto, Bracamonte vio a Reverberi mirando la situación y cuando lo vio recibió una patada de sus captores, que lo increparon: “qué mirás, negro”.
Stuhldreher está detenido desde abril pasado por crímenes de lesa humanidad, después de dos años de estar prófugo, mientras que Guevara fue condenado a prisión perpetua por secuestros, tormentos y homicidios.
Por su parte, el testigo Ángel Di Cesare dijo que vio al prelado en varias oportunidades en el centro de San Rafael vestido con traje de combate y con armamento. Agregó que era quien bendecía las armas con las cuales torturaban a las personas.
De testigo a imputado
Durante el primer juicio por crímenes de lesa humanidad desarrollado en Mendoza, Revérberi fue convocado a declarar como testigo y, tras su presentación en el debate, se produjeron los testimonios de quienes lo vieron actuando en el contexto de la represión ilegal.
Por ello, el 24 de septiembre de aquél año el fiscal de San Rafael Francisco José Maldonado solicitó que se le reciba indagatoria a Revérberi, pero el juez Puigdengolas rechazó el pedido y delegó la investigación en la misma fiscalía.
Casi un año después, el juez fijó fecha para la indagatoria el 10 de agosto de 2011. El acto nunca pudo concretarse ya que, a esa altura, el ex capellán se encontraba en Italia y, desde allí, invocó razones de salud que le impedían regresar a Argentina.
Según la Policía Internacional, Interpol, el 10 de mayo de 2011, tres meses antes de que el juez dispusiera su indagatoria, el cura había dejado el país en el vuelo AR-1132 de Aerolíneas Argentinas con destino final al aeropuerto internacional de Roma, con escala previa en España. Interpol también informó que el ex capellán se encontraría ejerciendo su actividad religiosa en la Parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, Parma, la ciudad donde nació el 24 de diciembre de 1937.
Tras solicitar una serie de medidas para establecer el verdadero estado de salud del imputado, la fiscalía pidió el 10 de agosto de 2012 al juez federal que dispusiera su rebeldía, ordenara su captura internacional y abriera un proceso de extradición. Esas medidas fueron dispuestas por el juez el 23 de agosto de ese año y, después de los trámtites burocráticos de rigor -paso por la Cancillería y traducción mediante al italiano-, el pedido fue remitido en febrero pasado a Italia.
Pedido al Vaticano
En el último punto del veredicto del quinto juicio, el 34°, el tribunal resolvió «liberar oficio al Jefe del Estado Ciudad del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael, en crímenes de lesa humanidad». La alusión es para el sacerdote Franco Reverberi Boschi, quien se encuentra prófugo en Italia.
«En el juicio hubo cinco testimonios de víctimas de centros clandestinos de detención, de las cuales tres identificaron a Reverberi y otras dos hablan de un cura que hablaba italiano. Entendemos que no había dos curas italianos en esta zona», dijo Garciarena.
El sacerdote Franco Reverberi Boschi está prófugo en Italia. Tres víctimas hablaron de él y otras dos refirieron la presencia de un sacerdote que hablaba italiano en los centros clandestinos.
Fuente: Procuraduría de Lesa Humanidad
