30-03-2011 | Con el testimonio de Ramón Alberto Córdoba se inició el debate por la causa de la desaparición forzada de Ricardo Luis Sánchez Coronel, en la cual el único imputado que queda es el comisario general retirado Juan Agustín Oyarzábal. Afronta cargos por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por abuso de violencia y violación e imposición de tormentos agravada por persecución política, redundando en delitos de lesa humanidad con asociación ilícita.
El 4 de junio de 1976 irrumpieron en la casa matriz del ex Banco de Mendoza miembros armados del Ejército vestidos de civil y secuestraron a Ricardo Sánchez Coronel, maestranza, delegado gremial y militante montonero. El 23 de junio la VIII Brigada de Infantería, con firma de Tamer Yapur, informa al directorio que Sánchez Coronel figura como detenido y fugado el 10 de junio. El 10 de septiembre el Banco cesantea al desaparecido por injurias graves y pérdida de confianza por parte de la empresa.
Ramón Alberto Córdoba
Córdoba, empleado de la sucursal Villanueva y militante de la Juventud Peronista, compartió con Sánchez Coronel la comisión gremial interna del ex Banco de Mendoza. Al tanto pero sin conocimiento de las circunstancias de la detención de su compañero, Córdoba y otros bancarios sufrieron en carne propia la represión y el cautiverio.
El 30 de julio de 1976 Córdoba fue interceptado en la terminal por un grupo de hombres armados en un Citroen perteneciente a José Galamba, secuestrado tiempo antes. Golpeado, esposado y vendado fue llevado a un recinto oscuro y luego recibió su primera sesión de picana. Entre auscultaciones médicas conoció los interrogatorios del “Porteño”. En el D2 se encontró con sus compañeros Ubertone y David Blanco. Sánchez Coronel ya no estaba, había sido visto por Rosa Gómez, muy mal e imposibilitado para moverse. También de Alicia Cora Raboy tuvo comentarios sobre su cautiverio en el D2, al igual que de Daniel Moyano, Alfredo Escamez y Gisela Tenembaum, reconocidos fotográficamente.
El penar de Córdoba por los CCD y prisiones abarcó el D2 (hasta octubre del 76), la Comisaría 7 (hasta enero del 77), la Penitenciaría Provincial (hasta septiembre del 77) y las cárceles de Sierra Chica (hasta septiembre del 78) y Caseros (hasta septiembre del 81, cuando le dan libertad vigilada). En casi todos los traslados estuvo junto a Blanco, Velardinelli y Roque Luna. Remarcó de la Comisaria 7 la violencia ensañada contra el grupo de Amaya, el simulacro ejercido por los policías para que los prisioneros creyeran estar en un cuartel, la tortura a la que sometían a chicos de la calle, la solidaridad de mujeres en situación de prostitución y la certeza de que desde la iglesia aledaña era imposible desconocer lo que sucedía en las mazmorras.
Como además del Mendoza había trabajado en el Banco Italia, Córdoba pudo reconocer a custodios policiales actuantes en la represión. Del álbum de la Comisaría Séptima señaló a Eusebio Lima, Moyano, José Lorenzo y Ramón Álvarez Rojas (torturador de niños). Del álbum del D2 a Bracón Lezcano, Rafael Montes, Ricardo Vásquez, Alfredo Castro (muy violento), Mario Esteban Torres, Manuel Bustos Medina (“Mechón blanco”, presente en su tortura) y Marcelo Rolando Moroy Suárez (“Facundo” a cargo de los traslados y reconocido también en el álbum negro, al igual que Ulrico Salvatierra).
Por su memoriosa y detallada descripción del régimen de encierro y las características edilicias del D2, aseguró como imposible que Sánchez Coronel pudiera escapar, como se sostiene en los libros de asiento y en su prontuario. Sobre las razones de la propia detención dijo que no hubo otra intención que desbaratar la organización sindical de los empleados bancarios.
Un inimputable más
La audiencia matutina comenzó con malos augurios para el lado de la justicia pero con el ejercicio pleno de los derechos humanos y la democracia: Tamer Yapur fue declarado inimputable debido a severos deterioros en su salud física y mental. El máximo responsable de la represión en Mendoza, entre los imputados presentes actualmente, recibe la posibilidad de que el proceso en su contra sea suspendido debido a un cuadro que lo mantiene en estado vegetativo. De esta manera, de las 18 causas sólo seguirán en debate las próximas semanas, además de Sánchez Coronel, las concernientes a Paco Urondo y Alicia Raboy, Rafael Olivera y Nora Rodríguez, Aníbal Torres, Ángel Bustelo, Salvador Moyano y Jorge Fonseca.
No obstante el Tribunal aclaró que las causas “no se caen”, sino que quedan en suspenso: una vez que Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del III Cuerpo de Ejército y responsable máximo del plan sistemático de exterminio perpetrado en el Centro-Oeste de Argentina, concluya su “raid” de juzgamientos por todo el país (hacia fines de octubre), deberá comparecer en nuestra provincia y las causas serán reactivadas. Además se propicia la inculpación de otros probables represores señalados en los presentes juicios. En tal dirección la querella solicitó compulsa penal contra el ex comisario Horacio Salinas por falso testimonio en su declaración del 29 de marzo, por inconsistencias y deliberadas mentiras acerca del papel de la responsabilidad policial subordinada al Ejército en la “guerra contra la “subversión”.
Por otro lado, por condiciones de salud, Luis Alberto Rodríguez Vázquez se reintegra al régimen de detención preventiva domiciliaria, condición que no pudo obtener otro expolicía, Celustiano Lucero, que seguirá detenido en el Complejo San Felipe.