29-03-2011 | Además de Sebastián Cutugno, cuñado de Lidia, declararon policías retirados de la provincia. Como en el resto de los juicios, los testimonios de la jornada reflejaron la desmemoria policíaca, su nula voluntad para cooperar con la justicia y el alto grado de complicidad con el accionar represivo a cargo de las Fuerzas Armadas.
Sebastián Cutugno
Periodista, casado con Isabel De Marinis con la cual vivía en Buenos Aires los meses previos al secuestro de Lidia. La pareja se veía con “Lila” con frecuencia. A fines de 1976, mientras Cutugno atendía su carnicería del barrio Decavial, un hombre que rondaba la zona le informó que Lidia estaba viva en la cárcel provincial y necesitaba ropa, víveres y dinero. Por tanto comunicó al resto de la familia que, con alguna esperanza, recogió lo solicitado. El oportunista, con apariencia y modos de policía, no volvió a ser visto. Acerca del destino de su cuñada, Cutugno estima que le sucedió “lo mismo que a los 30.000 desaparecidos por las fuerzas de seguridad”.
Ricardo Daniel Révora
Policía provincial durante 4 años y medio, se inició en la Comisaría 25 de Guaymallén y lo jubilaron en 1971 por un accidente laboral. Hoy funge como abogado defensor de policías.
A fines de 1976, durante un recreo en el Nacional nocturno de Guaymallén, conoció de parte de Gustavo De Marinis el relato del secuestro de Lidia. Como el resto del curso sacaba hipótesis “según un artículo de Los Andes, que mostraba que los operativos contra la guerrilla se efectuaban con personal encapuchado y en Falcon verdes”, Révora “consoló” a Gustavo preguntándole si ella no se había ido con el novio y (lo que hoy niega) que estaba en el D2.
Nervioso e impaciente, Révora se desdijo varias veces en su propio relato y ante las requisitorias de fiscales y querellantes (“los de los derechos humanos”) acerca de la imposibilidad de que el diario Los Andes haya mencionado siquiera a los grupos de tareas o que sus compañeros del secundario pudieran conocer esa información por alguna fuente de la época.
Remarcando su experiencia en el ejercicio profesional de la defensa de policías, Révora alternó mentiras con verdades, con notoria contradicción: “El sustrato real de la Policía es la obsecuencia, que se llame información es otra cosa”. Interrogado sobre el conocimiento que pudiera tener sobre la represión dictatorial, arguyó que cuando iba a cobrar la pensión recibía la orden de que “los oficiales retirados no tienen que hablar ni decir nada”, pero requerido sobre quiénes daban ese mando, remató “no me pregunte quién era porque no me acuerdo”. Con el latiguillo “tipo canchero, sargento primero” hizo alusión a que los subalternos podían engañar a los oficiales de servicio en determinados operativos, sin embargo destacó que “el viejo reglamento es mucho más sabio que las nuevas medidas políticas para la Policía”.
Sobre la subordinación a las Fuerzas Armadas, concluyó: “Éramos teóricamente militares en el 76. El Ejército siempre fue poderoso, pero cuando se sintieron deshauciados echaron mano de la Policía. Éramos su sirvienta”.
No saben, no contestan
Luego del testimonio de Ricardo Révora, declararon como testigos Horacio Antonio Salinas y José Antonio Lorenzo, ambos prestaban servicios en la Comisaría 3 cuando fue secuestrada Lidia De Marinis. El primero, con el rango de subcomisario, estaba a cargo de la dependencia, el segundo un novato oficial de servicio. A su medida y conservando la distancia que establece el escalafón los dos policías, ahora jubilados, abundaron en contradicciones, incoherencias, lagunas y olvido.
Preguntado por las razones por cuales la noche del secuestro el personal policial llegó al domicilio de la familia De Marinis cuatro horas después, a pesar de que estaba a tres cuadras, Horacio Salinas dijo que seguramente los oficiales estarían abocados al movimiento del Hospital Central y al “control de la prostitución”. En consecuencia, objetó las declaraciones de otros policías de la misma seccional que han manifestado que se trató de un procedimiento en el que la policía, por orden del Ejército, no debía intervenir. No solo negó esto, sino que también dijo desconocer la existencia de un trabajo coordinado entre Policía y Ejército como lo certificó, ante la Cámara Federal en 1985, el comisario general Pedro Dante Sánchez Camargo, y lo ratificó, en este juicio, el oficial Jorge Bergerat, que estaba bajo las órdenes de Salinas.
Con asombrosa obstinación y contrariando afirmaciones de toda índole, Salinas negó que hubiesen habido cambios a partir de que la Policía pasó a estar bajo control operativo de las Fuerzas Armadas, negó presencia de militares en su comisaría, operaciones conjuntas, órdenes libradas desde el ejército, manejo de “santo y seña”, etc. Las negaciones de Salinas fueron interrumpidas solamente por sus largos silencios y por las numerosas intervenciones del Tribunal para recordarle que el artículo 275 del Código Penal sanciona el falso testimonio.
Por su parte, José Lorenzo, amparado en el bajo rango que ocupaba entonces, también dijo desconocer los vínculos concretos entre la Policía y el Ejército, y aseguró no recordar el secuestro de Lidia. No obstante, precisó que por las características del hecho se trató de una “zona liberada” donde “la Policía deja actuar y después procede”, todo esto a pesar de haber manifestado qué era una zona liberada cuando dejó de cumplir servicios en 1992. Vacíos, inconsistencias y una frase recurrente “honestamente no lo recuerdo doctor”, fue todo lo que aportó José Antonio Lorenzo en la búsqueda de los responsables del secuestro y desaparición de Lidia De Marinis.
