AUDIENCIA 34 / CAUSA DE MARINIS (I): OPERATIVOS PARALELOS, EL TERROR SOBRE UNA FAMILIA

22-03-2011 | Hacia la medianoche del 3 de junio de 1976, un grupo de agentes disfrazados irrumpió en la casa de la familia De Marinis y secuestró a Lidia Beatriz De Marinis, militante del PRT-ERP, madre de un niño de 5 meses que venía huyendo de Buenos Aires porque todo su grupo partidario ya había sido desmembrado. En la causa por allanamiento ilegal de morada, privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado está procesado el ex coronel Tamer Yapur. Calificado como autor mediato en asociación ilícita, su implicancia se considera delito de Lesa Humanidad.

Dora De Marinis

La pianista aportó información fundamental sobre la desaparición de su hermana Lidia: la noche de su secuestro, los grupos de tareas efectuaron dos operativos paralelos para asegurar su captura. También detalló el infierno a que fue sometida la familia. El 30 de noviembre había testimoniado la madre, Isabel Figueroa.

La tarde del 3 de junio de 1976, Dora estuvo por última vez con su hermana “Lila”. En la casa paterna vieron un informativo sobre la detención en el barrio Fuchs de un “grupo subversivo”, de los cuales Lidia dijo conocer a algunos. Cerca de las 12 de la noche, ya en su hogar del barrio Bombal junto a su marido y sus dos hijos, tras un timbrazo abrió la puerta por la cual se abalanzaron seis personas armadas y cubiertas con pasamontañas que apuntaron a su cabeza mientras la ataban y vendaban, al igual que a su marido y la empleada. Para despistar a la patota acerca del paradero de su hermana, les indicó que estaba en Buenos Aires. Luego de revisar la casa en busca de material incriminatorio, se fueron ordenándoles que “sigan con su vida normal”. Al amanecer llegó la madre, Isabel Figueroa, con la confirmación del terror y del plan paralelo: Lidia había sido secuestrada durante la medianoche.

A partir de allí nació la incesante búsqueda de Lidia por parte de su familia: Dora redactó los habeas corpus para Videla y Harguindeguy; y en 1980 radicó una denuncia en Alemania ante Amnistía Internacional donde le dijeron que de Córdoba, Tucumán y Mendoza casi no había sobrevivientes pues Menéndez no dejaba a nadie vivo. Elvio Villafañe, marido de Dora, hizo averiguaciones por allegados que redundaron en el desdén y el oportunismo. Sebastián Cutugno, cuñado, a través de un contacto policial que exigió dinero y ropa para Lidia, recibió la versión de que la habían trasladado a Córdoba.

Horacio Basterra, ex pareja de Lidia, suponía que la habían arrojado al Carrizal. Isabel, la mamá, que asumió la desesperada búsqueda para que Lidia “pasara de la categoría de desaparecida a detenida”, debió soportar en una entrevista que Tamer Yapur le dijera que no le gustaba ver llorar a la gente en su despacho. Para la familia todo esto significó otra cara “del régimen del terror y la violencia para amedrentar y aterrorizar a las víctimas”.

Lo que se desprende de las hipótesis de los familiares y de los datos recogidos es que si ambos operativos en sendas casas no fueron simultáneos, fueron inmediatos: “Fueron a las dos casas para cubrir las dos posibilidades”, porque “Lila volvió a Mendoza porque no tenía dónde más ir y ellos lo sabían todo”.

Acerca del destino final de su hermana, Dora pulsó suave sus dedos sobre la mesa como si fuera un piano, los abandonó y dijo: “la torturaron, la mataron, no tuvo suerte, nunca la reconocieron, nadie la vio nunca. El plan orquestado desde el Estado, terminó en el Terrorismo, terminó con la vida e ideales de toda una generación. Mi generación”.

Elvio Villafañe

El cuñado de Lidia De Marinis, ofreció su testimonio. Detalló situaciones y dio nombres que se vinculan con el secuestro y la desaparición de la joven. Con voz firme y con la exactitud de las personas aplicadas a las reglas y a los cálculos, Elvio Villafañe dio precisiones de hechos que acontecieron en su vida y que se relacionan con el secuestro y la desaparición de Lidia de Marinis.

El terror y la persecución a la que fue sometida la familia De Marinis se expresó de diferentes maneras entre sus integrantes. Por sus méritos como ingeniero civil, Elvio Villafañe tenía a cargo un área de la Municipalidad de Godoy Cruz y había sido designado como docente en la Universidad Tecnológica. Su parentesco con Lidia motivó el cesanteo en su trabajo y la destitución de su cargo. Persecución, marginación laboral, aislamiento entre sus colegas y desamparo de sus amigos fueron las consecuencias de la aplicación del decreto 177 que se refería a quienes tenían vínculos con “subversivos”.

No obstante, Elvio no se desvinculó de la búsqueda de su cuñada. Junto a Isabel Figueroa, su suegra, hicieron todo lo que tuvieron al alcance para dar con el paradero de Lidia. Remitieron diversos habeas corpus e insistieron incansablemente para ser escuchados por los jefes del Ejército: sólo consiguieron que el Coronel Tamer Yapur los atendiera cinco minutos en su despacho para decirles en tono burlesco: “Vaya a saber lo que ha hecho su hija… tal vez se haya ido a Córdoba”.

Apenas secuestraron a Lidia, Elvio recurrió a Jorge Atencio, un compañero de trabajo, hijo de un militar retirado. En un primer momento éstos se mostraron preocupados, luego se esfumaron entre el silencio y la indiferencia. Años más tarde (en 1979) su trabajo lo vincularía con Carlos Marcos, un oficial de la policía que cuando conoció el caso se interesó pero esta vez el desenlace sería más trágico. Marcos lo llevó al D2, le mostró el prontuario de su cuñada y le indicó que su contratapa estaba señalada con una gran cruz roja (hoy borrada): “Sabés qué significa eso, que está muerta, no la busqués más, ni a mí tampoco”, le gritó amenazante.

En su interpretación acerca del secuestro de Lidia, Villafañe dijo: “mi cuñada fue secuestrada y desaparecida por los militares que están siendo juzgados aquí y por otros que no están siendo juzgados, y a la familia la condenaron a vivir una vida de desesperación”. Mirando fijo a los acusados prosiguió: “todo el pueblo argentino está quebrado por lo que hicieron estos señores, porque lograron que todos se olvidaran de la solidaridad, del género humano, de la persona que está al lado, a dirigirse solamente para que se los mate, se los secuestre y les quiten todo, porque esto es lo que hicieron con mi familia”.

Más pruebas documentales para los juicios

La jornada se inició con la lectura pública de información agregada a las causas, disponible como pruebas instrumentales, todo en copias: sumarios y hábeas corpus por denuncias de familiares de desaparecidos presentados a las Policías provincial y federal, a Gendarmería, a la 8ª Brigada de Infantería y la Fuerza Aérea; extractos de libros de novedades de las comisarías; legajos de la CONADEP por las desapariciones de José Antonio Alcaráz y Silvia Campos como también las notas suscriptas por Tamer Yapur y Luciano Menéndez dando no lugar a las demandas presentadas por los padres de las víctimas; nóminas de personal de la U R 1 actuante entre 1976 y 1979; declaraciones indagatorias a Sánchez Camargo, Santuccione, Yapur, Maradona, Dopazo, Saá, Furió y Menéndez (todas entre 1986 y 2006); organigramas del Ejército y planillas del III cuerpo y del Comando de la VIII Brigada; organigramas represivos de la subzona 33, documentos reservados de la Escuela Francesa de Represión sobre la lucha antisubversiva; instructivos para operaciones de seguridad y documentación remitida por la policía científica.

  1. HERMANO ELBIO

    SE DE TU HOMBRÍA DE BIEN Y DE TU ENJUNDIA Y FORTALEZA. ACOMPAÑO TU VERDAD Y CON ELLO A TODA TU FAMILIA, QUIERA DIOS QUE HAYA TANTOS VALIENTES COMO VOS PARA QUE MUCHOS DE LOS TANTOS QUE DIVIDIERON A NUESTRA SOCIEDAD OCUPEN EL LUGAR DE CONDENADOS QUE LES PERTENECE.

    UN ABRAZO GIGANTE – TE QUIERO

    ALFREDO VILLAFAÑE

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.