AUDIENCIA 6 / FAMILIARES ANTE EL TRIBUNAL

02-11-2010 | Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza tuvieron voz el 2 de diciembre a través de los testimonios de Sara Gutiérrez y María Rosario Carrera (Mariú). Las mujeres no sólo relataron los secuestros de sus seres queridos sino que dieron  cuenta del clima social: la mentira institucionalizada, los silencios, el miedo; así como  los delitos de extorsión, robos y abusos que incluía la represión. Sara habló desde el lugar de la hermana de 13 años, a la que inexplicablemente le arrebataron a su precioso hermano y Mariú se expresó en tanto militante de los 70 que sufrió en cuatro meses, la desaparición de su pareja, de su único hermano y su cuñada; a partir de ese momento, su vida hizo un giro hacia la búsqueda de sus familiares y tras de la justicia reparadora.

 

“Yo pensé que esto no iba a llegar nunca”

Así se expresaba Sara Judith Gutiérrez, hermana de un joven desaparecido en 1976, en la sala del primer piso del Tribunal Oral Federal 1 de nuestra provincia. Sara Gutiérrez comenzó el relato de la desaparición forzada de su hermano mayor, Juan Gutiérrez, y de María Luisa Alvarado Cruz haciendo hincapié en los hechos que antecedieron su secuestro: corría el año 1972 y la Universidad Nacional de San Juan recibía estudiantes de diversas provincias argentinas que se encontraban, también, con compañeros y compañeras provenientes de Latinoamérica.

Juan ingresó a la carrera de Ingeniería Civil y empezó a militar social y políticamente desde ese ámbito. Este Hombre de dos metros de altura, “solidario, comprometido y seductor” como lo define su hermana treinta años después, tuvo una participación de base en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), desde donde logró convertirse en el presidente de la comisión del comedor universitario. Ya en 1975, a raíz de una olla popular en las puertas del comedor en señal de protesta por el aumento de la cuota se trasforma en blanco de los uniformados y lo detienen. Ese mismo año un operativo de allanamiento a su casa de estudiante y el secuestro de su auto, hacen que el regrese a Mendoza.

Huyendo de la represión, en el año del golpe de Estado, también María Luisa se estableció en la casa de la familia de Gutiérrez. La noche del 28 de septiembre de 1976, un automóvil policial la interceptó en una parada de colectivo.  Juan de 22 años, se dio a la búsqueda de su compañera hasta ser detenido por  efectivos de la Comisaría Séptima de Godoy Cruz; hay indicios de que ambos  permanecieron  en el Centro Clandestino de Detención (CCD) D2 de Mendoza y terminaron recalando en el penal de Chimbas en San Juan.

Con gran firmeza, Sara Gutiérrez responsabilizó al Poder Judicial y eclesiástico, así como a civiles, de las prácticas delictivas del terrorismo de Estado. Recomendó al tribunal un libro referido al accionar del genocidio dictatorial en San Juan, escrito por Eloy Camus, y sostuvo una fuerte crítica al período de instrucción de este juicio por el maltrato de algunos de los encargados de tomar las declaraciones contra sus compañeros y compañeras de las organizaciones de derechos humanos.

 

Testigo general de 34 años de historia

María Carrera, conocida como Mariú, fue citada a declarar como testigo general en esta primera etapa, de “reconstrucción de contexto” del Juicio a los represores de la capital de Mendoza. En un relato que se extendió por casi 4 horas la mujer habló de la vida de su pareja Rubén Bravo, de su hermano Marcelo Carrera y de su cuñada Adriana Bonoldi. Todos ellos desaparecidos en los últimos meses de 1976.

Primeramente, contó cómo eran los tiempos en los que con Rubén habían decidido tomar al teatro como un trabajo y al arte como una herramienta para acercarle al pueblo, y cómo estas determinaciones los llevaron a establecerse durante el año 73 en la Villa Itatí, en Buenos Aires, y a formar la Asociación de Actores Argentinos en Mendoza cuando regresaron, en el año 1975. “Nuestra militancia era hacer teatro y  pasaba por organizarnos, por denunciar y por entregarle el teatro a la gente como una herramienta” remarcó Mariú.

En eso consistía la vida de la pareja que junto a su hijo recién nacido, la madre y a los hermanos de Rubén vivían en un departamento de la Cuarta Sección de Ciudad. Fue en ese lugar en el que en la noche del 21 de octubre de 1976 ingresaron violentamente 7 hombres armados con la cara descubierta y se llevaron encañonado y a los golpes a Rubén, previamente maltrataron a Mariú y a su suegra Eugenia Zacca y robaron  los objetos de valor de la familia.

Los intentos desde esa noche  y durante todos los años hasta convencerse que las posibilidades de encontrar con vida a Rubén eran nulas, fueron vanos. En su peregrinaje, junto a los miles que buscaban a sus seres queridos, encontró silencio y fue descubriendo una atroz conspiración en la que participaban, impensadas e innumerables fracciones de la sociedad que aún mantienen en secreto el destino de aquellos que el régimen se empecinó en borrar de la faz de la tierra.

Mariú habló también de la vida de su hermano Marcelo Carrera, un joven de 21 años que trabajaba en YPF y que estaba en pareja con Adriana Bonoldi, joven profesora de Música. Ambos colaboraban en la construcción de viviendas de lo que hoy conocemos como Campo Papa. Esa era su forma de militancia y su tarea dentro del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT) del que formaban parte al igual que Mariú y Rubén.

Marcelo fue secuestrado el 24 de noviembre de 1976, por un grupo de hombres que ingresó en su casa, que quedaba en la calle Democracia de Godoy Cruz. En ese momento estaba junto a Adriana, que también fue violentada por los secuestradores que dándole  golpes le gritaban a Marcelo “vas a cantar lo que no quiere decir tu cuñado.

Adriana fue secuestrada, seis días después que Marcelo. La joven regresaba de su trabajo cuando fue interceptada por un vehículo del cual  se bajaron varios hombres que a la fuerza la hicieron ingresar. Adriana estaba embarazada y esa noche iba a quedarse en la casa de sus padres que estaban ayudándola a buscar a Marcelo y a soportar el terror que estaba viviendo.

Entre sus testimonios, Mariú explicó a pedido de la fiscalía y de las autoridades del Tribunal cómo era la situación en  los años previos al golpe,  al respecto dijo: “en aquellos años había mucha actividad cultural y el grado de desarrollo permitía, la organización, la recuperación de la calle, algo mal visto por el gobierno de facto”, resumió. Para señalar que existía una intención premeditada de reprimir en los ámbitos culturales, la testigo nombró una larga lista de actores exiliados o desaparecidos o perseguidos durante la dictadura cívico militar.

Por otro lado, Mariú le recordó al tribunal que durante los años de búsqueda de sus seres queridos pudo identificar a quien dirigió el grupo de secuestro que irrumpió en su vivienda el día que se llevaron a Rubén. Se trata del comisario retirado Eduardo Smaha, uno de los imputados que tiene este juicio y que durante las declaración de Mariú presenciaba el debate. Esta identificación fue ratificada esa misma tarde luego de una extensa ronda fotografías.

“Nos han robado una parte muy rica de la vida, nos robaron la muerte” explicó Mariú emocionada. “Sin embargo la hemos podido reconstruir, hoy la muerte tiene la cara de nuestros seres queridos” explicó.

Por su parte describió también el trabajo de búsqueda que junto a la del Equipo Argentino de Antropología Forense  (EAAF) vienen haciendo en el Cementerio Ciudad. “Los rescates de algunos cuerpos de los desaparecidos alienta la búsqueda. Fuimos recuperando la identidad, no como la habíamos soñado, sino cómo la vida  nos no la dio”, expresó Mariú. Para resumir los años de trabajo intenso, de dolor extendido y de fortalecimiento de las agrupaciones que defiende memoria, verdad y la justica Mariú concluyó: Hay algo que aprendimos durante todos estos años y es que ningún terrorismo de Estado puede acabar el compromiso con el otro

La causa judicial Bravo–Carrera–Bonoldi, más adelante, será retomada por el tribunal.

 

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.