02-03-2011 | El MEDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a través de Elba Morales, aportó información general sobre la represión en Mendoza y datos específicos de algunas causas que se tratarán en estos juicios. Fruto del trabajo de acopio de testimonios e investigación realizado durante décadas, se permitió plantear hipótesis e hizo sugerencias al tribunal.
La integrante del MEDH brindó un exhaustivo y detallado testimonio sobre la base del trabajo que realizó junto a María del Carmen Gil de Camín, «Pocha». Morales analizó varias aristas de la represión: su organización, los centros de detención y los operativos.
El esquema organizacional y los centros clandestinos
El comando militar era quien tenía decisión política a través de un consejo conjunto de oficiales de distintas armas, con mayor incidencia del Ejército y la Aeronáutica. Todo el esquema represivo bajo el mando de las FF. AA. abarcaba la Comunidad Informativa (servicios de inteligencia en función de la persecución y la represión que, según consta en indagatorias a Sánchez Camargo y Maradona, estaba conformado por los servicios de inteligencia de las dos armas, de la Policía Federal y de la Policía provincial), el Comando de Operaciones Táctico —COT— (patota que efectuaba los operativos de detención y secuestro en la vía pública) y los Consejos de Guerra. De este esquema, según Elba Morales, existen documentos probatorios en las causas del año 1986.
A partir del 24 de marzo de 1976 quedan establecidos tres centros clandestinos de detención (CCD): el D2, el Campo Las Lajas y la Colonia Papagayos. El D2 —Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza— era el de mayor relevancia estratégica, pues allí se registraba toda la información política. En sus dependencias había mesas de trabajo con ficheros de las actividades sindicales, estudiantiles y políticas. Información supervisada y utilizada por miembros de la Fuerza Aérea y la Federal.
El cuanto a Campo Las Lajas, fue localizado por el MEDH en 2004. Más que un centro de detención, se trató de un sitio de eliminación física y enterramiento. “Los que iban allí, iban para no volver.” Según el testimonio de un detenido junto a Mauricio López —recogido por el MEDH—, se ubicaba en el piedemonte con carpas para los militares y carpas para los torturados. Las Lajas se ajusta a las características de los centros clandestinos: inhóspito pero de fácil acceso desde la IV Brigada Aérea, el D2 y las comisarías, hacia el oeste y camino a San Juan. En definitiva, un punto de convergencia para plan sistemático de desaparición de personas. Morales aprovechó para reclamar ante el tribunal por la causa de Campo Las Lajas —de la cual el organismo es querellante— debido a que no avanza en su etapa investigativa. De este centro clandestino existen solo dos sobrevivientes.
Otro CCD relevado por el MEDH fue la Colonia Papagayos. Pudo conocerse gracias a las entrevistas de los expresos Puga y Sgroi, a la declaración de un represor y a los relevamientos fotográficos. El MEDH estima que Papagayos se especializaba en la detención de mujeres y que el encargado era Rondinini, miembro del “sector calle” del D2.
“Es muy claro que la represión se ejerció contra grupos pertenecientes a determinadas corrientes políticas, desde antes del golpe”. Así, Morales dio cuenta del modus operandi de los grupos de tareas, y resaltó que en todos los casos la persecución no se ejercía sobre individuos aislados, sino que se focalizaba grupalmente. Una vez detectado un grupo de militancia se lo seguía, se establecían hábitos y vínculos para luego secuestrar a sus integrantes en apenas semanas.
Ordenamiento por operativos
Desde la perspectiva del MEDH es fundamental unificar los elementos de prueba para la investigación, desagregar ciertas causas y modificar abordajes. En ese sentido se permitió sugerir al tribunal reencauzar las investigaciones por centros clandestinos, fechas, grupos apuntados por la represión y pertenencias militantes. En función de estas variables, hizo un repaso de los operativos más significativos:
– Mayo de 1976: destinado a la desarticulación del PRT-ERP y la Juventud Guevarista. A través de operativos con zonas liberadas y razzias en el área de Maipú y la ocupación de manzanas en el barrio Santa Ana, en pocos días fueron secuestrados los hermanos Talquenca, Edmundo Beliveau, Héctor Granic, Daniel Moyano, Virginia Suárez, Silvia Campos, Graciela Santamaría y Mario Santini.
- Junio de 1976: Según el sumario n.º 4 instruido en el D2, en el que están implicados los acusados Fernández y Smaha, se establecía la persecución del entorno de Montoneros con dos objetivos. Por un lado, apresar a personas con diferente nivel de compromiso con esa organización, incluidos los sindicalistas de los Bancos de Mendoza y Previsión; por otro lado, se propuso eliminar a la cúpula de Montoneros interrelacionando Mendoza con San Juan y San Luis. Los operativos con este fin comenzaron con la desaparición de Jorge Vargas, se sucedieron entre el 12 y el 17 de junio y culminaron con el asesinato de Paco Urondo. En este marco fueron secuestrados otros cuadros de la organización como el matrimonio Olivera. Juan Carlos Charparín fue asesinado.
- Abril de 1977: en distintos operativos destinados a Montoneros caen 15 militantes asesinados o desaparecidos. Un importante grupo pertenecía a Las Heras, la Fuerza Aérea tuvo una participación destacada en estas acciones. Otro operativo resonante se desplegó sobre la calle Italia de Godoy Cruz, en él fue baleada Ana María Moral y dos NN, la mujer y uno de ellos fueron registrados en la morgue y enterrados en el cuadro 33 del cementerio de la Capital. En conexión con este episodio también desapareció Gisela Tenembaum.
- Mayo de 1978: tras el escurridizo montonero Juan José Galamba, perseguido desde mayo del 76, fueron secuestrados varios simpatizantes que lo habían albergado en su huida: Margarita Dolz, Raúl Oscar Gómez, Mario y Gustavo Camín, Daniel Romero y su hermano Juan Carlos, Víctor Hugo Herrera, Alberto Sosa e Isabel Membrive, quien había escapado de la redada en que fue ejecutado su esposo Juan Carlos Charparín. Culmina con la aprehensión de Galamba.
Presunciones del MEDH
En el desarrollo de la exposición y las respuestas de la testigo, quedaron flotando algunas hipótesis sobre la represión:
– Según el MEDH, la suerte de los prisioneros habría sido decidida por los Consejos de Guerra, integrados por todas las fuerzas. Así como establecían las condenas para los presos también podrían decidir la eliminación de los secuestrados.
– Al establecerse la diferenciación en los operativos, algunas personas eran encapuchadas para que no reconocieran los lugares y a los intervinientes; en otros casos, eran arrebatados en la noche a cara descubierta. Tal el caso de los hermanos Talquenca y de Lidia De Marinis que salieron en paños menores sin nada que les impidiera ver a sus secuestradores. En los casos que no tomaron recaudos, según la inferencia del MEDH, ya estaba decidido de antemano que se los conducía a la muerte.
– Las detenciones, desapariciones y/o asesinatos respondían a un cupo de procedimientos que debía cumplir cada zona y subzona, hipótesis sustentada por otros estudiosos del tema. En cumplimiento del cupo de eliminados en San Rafael, infirió la testigo, desaparecieron los cuatro jóvenes peronistas motivo del juicio desarrollado este año en el sur mendocino.
Finalmente, Morales fue indagada sobre la responsabilidad de los imputados en estas causas. A lo largo de la declaración denunció a Eduardo Smaha y a Armando Fernández, enlaces de inteligencia implicados en varios operativos. Luego agregó que Tamer Yapur condujo y estuvo involucrado en la represión ilegal, incluso hay constancias firmadas por él que lo vinculan. Además, según el entender del MEDH, el comodoro Luis Rodríguez era el tercero en jerarquía en el D2, después de Juan Oyarzabal. Elba Morales remarcó que siempre existió desde el poder judicial de Mendoza una fuerte protección sobre los militares denunciados e hizo algunas recomendaciones al tribunal.
