27-07-2011 | Tras ocho meses casi ininterrumpidos de declaraciones testimoniales, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) brindó precisiones sobre la etapa final de los juicios por delitos de Lesa Humanidad. Los alegatos comenzarán el 2 de agosto y se estipula que antes de dos meses llegue la hora definitiva de la verdad y la justicia.
Resoluciones del TOF sobre la metodología para la etapa de alegatos
Por lectura se indicó que las exposiciones de los alegatos se harán en forma independiente entre causas. Así, se alegará primero sobre la Causa 01 y acumulados (de contexto general), luego sobre las Causas particulares y por último, las absoluciones o condenas a los imputados y, en ese caso, las penas a imponer. Los alegatos se formularán en razón del mérito de la prueba reunida. El orden establecido será: querellas (MEDH y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), fiscalía (Ministerio Público) y defensa oficial. La abogada Duranti recalcó que los imputados no van a prestar declaración indagatoria.
El fiscal Dante Vega pidió que, “por evidentes puntos de conexión”, las causas Urondo-Raboy y Torres sean tratadas vinculadas. Sin embargo, los jueces decidieron analizarlas por separado, arguyendo que lo único que se integra a cada una de las causas es el Contexto General. Con anuencia de las partes se decidió que ambas se traten en tramos separados pero consecutivos.
Situación de los imputados: Mario Lépori fue apartado del juicio debido a que su estado de salud le impide conocer su situación procesal. El dictamen del cuerpo médico forense fue consolidado por los peritos de la Corte. En tal sentido, Vega trazó un paralelismo con la imputabilidad de Tamer Yapur (por la que quedaron en suspenso doce de las Causas con las que se iniciaron los juicios) y expresó su impotencia “por consecuencia de 35 años de impunidad en la provincia, con personas que no están ni en condiciones físicas ni psíquicas, a pesar de la tolerancia con la salud de los imputados mostradas por las partes”.
Los otros imputados con prisión domiciliaria son Rodríguez Vásquez (anemia), Oyarzábal (en el Comando, parte médico) y Migno (en Rosario, problemas de columna). Por ello el fiscal, una vez denegada la solicitud expresa de la presencia en la Sala de todos los imputados para la etapa final, pidió un criterio intermedio: que al menos presencien las audiencias vía videoconferencia en las causas que los atañen. La propuesta fue acompañada por la defensa y por las querellas, que en palabras del abogado Pablo Salinas “los Organismos de Derechos Humanos siempre trabajaron en pos de la justicia y no de la venganza”.
De este modo, solo tres (Lucero, Smaha, Furió) de los once imputados inicialmente en el proceso judicial oirán las condenas que les caben. Uno falleció (Saá), tres fueron separados (Yapur, Lépori, Fernández), tres con “domiciliaria”, y Menéndez espera su turno.
Pruebas ofrecidas
Fiscalía agregó nuevas pruebas para la etapa final:
-Fotografía de Jorge del Carmen Fonseca, obtenida gracias al personal de la biblioteca popular de Centenario (Neuquén) que lleva el nombre del desaparecido. La foto que constaba en expedientes no había sido identificada por dos de los declarantes en relación a esa causa.
-Copia certificada del libro de registro de exposiciones de la Comisaría 7, en la que consta que la víctima Arturo Rodríguez denunció en su momento el allanamiento ilegal de su domicilio por parte de un grupo de tareas.
-Extracto de cinco sobre 2421 legajos detallados de los prontuarios políticos de militantes y allegados perseguidos por el D2 en Mendoza. El aporte de Susana Muñoz serviría para demostrar en los alegatos de contexto general que los genocidas perseguían también a familiares y allegados de las víctimas.
-Los habeas corpus presentados a favor de Ciro y Violeta Becerra, relacionados a la causa Fonseca y a la causa en trámite por la complicidad y participación en la represión de los jueces federales.
Además, Fernando Peñaloza aportó el informe de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el destacamento de Inteligencia N.° 144, con el añadido de la nómina de civiles cómplices. Tal destacamento ha sido señalado por testigos y declaraciones de los mismos represores Yapur y Sánchez Camargo como parte del aparato represivo.
