03-08-2011 | Con una precisa exposición de la Dra. Beigel concluyó este miércoles el alegato de la querella en representación del MEDH. Apoyándose en los mismos testimonios expuestos en el juicio por víctimas y testigos del terrorismo de Estado, Beigel trazó la realidad de los centros clandestinos de detención y de desaparición de personas, la violación sistemática y la complicidad de la Justicia Federal, fundamental para sostener el plan genocida en Mendoza.
Buena parte del alegato de la querella hizo foco en el horror y las torturas aplicadas a los prisioneros en el Departamento 2 de Inteligencia (D2), retomando el relato de los sobrevivientes de ese CCD. “Los delitos cometidos en el D2 son prueba clave del terrorismo de Estado, como por ejemplo los ataques sexuales a mujeres y hombres”, dijo la abogada. En tal sentido, destacó las denuncias y testimonios de Silvia Ontivero y David Blanco.
Entre los avances para la investigación realizados por el MEDH, acerca de dónde fueron enterradas decenas de desaparecidos, la abogada se remitió al testimonio de Elba Morales cuya “descripción y localización del centro Las Lajas evidencia su finalidad como enterramiento clandestino de personas”. También arguyó que por el evidente plan de exterminio y por la brutalidad de los crímenes cometidos, tales “son crímenes contra la humanidad y deben por tanto recibir el mayor castigo posible”.
Otro eje presentado fue el falso viso legal que el plan de exterminio debió darse para justificar lo injustificable. Sobre los Consejos de Guerra a los que se sometía a los prisioneros, Beigel sostuvo: “Eran una estructura montada para legitimar los secuestros y condenar sin pruebas a detenidos ilegalmente y torturados, con defensores que les aconsejaban declararse culpables”.
Luego se basó en declaraciones de muchos exdetenidos que testimoniaron en el juicio para dar cuenta del papel cómplice y necesario de los miembros de la Justicia federal local, para garantizar impunidad a los crímenes de la dictadura. “Permitieron las privaciones ilegítimas de la libertad, la tortura, el asesinato, el rechazo sistemático a los hábeas corpus presentados por los familiares y el deber de costearlos”, enumeró Beigel.
La querella considera que no se trataba de “inacción judicial”, sino más bien “acción y participación”. En esa dirección remarcó los nombres de Romano, Guzzo, Petra Recabarren, Carrizo y Miret. Así, destacó la valiente denuncia de Fernando Rule contra fiscales y jueces, que el mismo Otilio Romano archivó y desestimó. Y los testimonios de Lucía Allegrini, que oyó decir al juez Guzzo: “Usted no estaba en ningún lado”; y el de Luz Faingold, a quién nunca le informaron que podía abstenerse de declarar cuando era “entrevistada” por Luis Miret a los gritos.
“Nunca más vamos a permitir que el reclamo de una víctima quede colgado de un gancho de carnicería, se ha desmantelado la complicidad de la Justicia Federal”, dijo Beigel. En consecuencia, cerró el alegato reconociendo la fuerza de Isabel Figueroa de De Marinis, madre de Lidia (desaparecida) que, con sus 93 años, asiste audiencia tras audiencia al tribunal en búsqueda de justicia: “Para encontrar los restos de mi hija”. “Por el reclamo de Isabel, la voz de las víctimas, pedimos justicia”, concluyó la querella.
Este jueves 4 será el turno del alegato que presenta la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la Causa 01 y acumulados, a través de los Dres. Peñaloza y Garciarena.
