20 y 21-09-2011 | Durante dos jornadas se escucharon los alegatos por la desaparición de Salvador Moyano. La hipótesis de la querella y de la fiscalía expresa que fue secuestrado por el D2 y entregado al Ejército para su destino final. La defensa de Eduardo Smaha, único imputado, solicitó su absolución.
La querella de Secretaría de DD. HH. de la Nación
Salvador Moyano fue secuestrado el 27 de septiembre de 1976 en las inmediaciones de su domicilio, por personal de la Policía. Él mismo reconoció a sus captores ya que se había desempeñado en la fuerza hasta enero del mismo año, cuando fue dado de baja.
Peñaloza desplegó sucesivos argumentos que probarían que el Departamento 2 de Informaciones de la Policía (D2) intervino operativamente en este secuestro a instancias de una orden emanada del Comando del Ejército. Un escuálido expediente judicial conteniendo los habeas corpus presentados por el padre y unos pocos papeles dan cuenta de la decisión del entonces fiscal Otilio Roque Romano de no investigar estos casos. Tan es así que el expediente exhibe un extraño sello que había diseñado el juez prófugo para todos estos casos, que daba por cerrado el trámite.
El abogado se explayó sobre la función que le cabía al imputado como miembro de inteligencia en la represión ilegal. En este sentido, Smaha declaró que ese rol requería de una especialización que él no tenía. Sin embargo, de su legajo se desprende que asistió en 1975 a un Curso de Inteligencia de la SIDE y en 1988 se desempeñó como profesor de Inteligencia en la Escuela de Cadetes. Dados esos antecedentes, el querellante sostuvo que la declaración de Smaha se encuentra dentro de la “mala justificación” que, según los especialistas, resulta apuntalando su incriminación en el delito que intenta soslayar. A ellos sumó los testimonios y documentos que sustentan la acusación como autor mediato de privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado y asociación ilícita en el marco de la figura de genocidio.
Como continuidad del sostenido tono de indignación con que Fernando Peñaloza puntualiza las aberraciones cometidas a espaldas del derecho, cerró su alegato notando la ausencia de rastros del decir de Moyano, entonces retomó las palabras de su hermana Elisa para hablarnos del pedacito de justicia que hoy vivimos y la esperanza hacia adelante.
Dante Vega
El fiscal hizo un relato de la trayectoria de Salvador Moyano, su paso por la ENET N.º 1, su incorporación a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y a la Juventud Peronista (JP). Recordó su aprehensión con disparos de por medio, atestiguados por su esposa y un vecino. Luego la intervención de la Seccional 9 que, a pesar de tener hasta una vaina servida, no investigó, igual que la justicia que archivó la causa.
De cinco imputados iniciales, solo queda en condiciones de ser juzgado Eduardo Smaha Borzuk, considerado como un «jefe Intermedio” especializado en inteligencia y perteneciente a la sección Operaciones, según varios documentos firmados por el propio Smaha. La fiscalía, en coincidencia con la querella lo acusó de privación ilegítima de la libertad, homicidio en condición de partícipe necesario y asociación ilícita, imputaciones que basó en diferentes indicios:
– La desaparición de Moyano coincide con el secuestro y asesinato de su compañero Antonio Juan Molina. Entre ambas hay pocos días de diferencia. Según consta en archivo policial, habían sido detenidos juntos y fichados en 1974.
– Su domicilio estuvo en la mira de la policía antes y el mismo día del secuestro de acuerdo al testimonio de sus familiares que reproducen lo dicho por Salvador, que sostuvo que el espía era del D2.
– El vehículo en que fue introducido Moyano, por la fuerza, era un Fiat 125 color crema, según lo declarado por su esposa. Casualmente numerosos policías reconocieron que dentro del parque automotor del D2 había un auto operativo Fiat 125 color crema.
– Después de la desaparición de Moyano sus padres fueron objeto de vigilancia, según consta en los legajos de la Policía, costumbre practicada sobre los familiares porque solían organizarse para reclamar.
– La declaración del jefe del D2, Sánchez Camargo, ya fallecido, realizada en 1987 en la justicia, que recuerda el hecho y agrega que el operativo fue ejecutado por personal del D2 por orden del Ejército.
– El testimonio de la esposa de Moyano, Aurora Elena Alvarado, que conversó con alguien que se identificó como el “chofer del auto que trasladó a Moyano secuestrado», desde su domicilio hasta el Comando de la 8va. Brigada, avalando la hipótesis que fue entregado al Ejército.
Finalmente, adelantándose a los argumentos de la defensa, Dante Vega invalidó el discernimiento de causalidad utilizados por esos abogados. En este sentido invalidó sus criterios por no encuadrase dentro de los delitos que son cometidos por un aparato de poder organizado que no hace falta saber los detalles de quién y cómo se comete el delito.
Alegatos de la defensa
La defensa de Eduardo Smaha Borzuk intentó despegar al D2 del secuestro de Salvador Moyano. Para el abogado Alejo Amuchástegui, los familiares reiteraron que Salvador reconoció a un “compañero de la Policía” en las inmediaciones de su casa el día del secuestro, pero ni la hermana, ni la esposa pudieron afirmar que se tratara de personal de esa dependencia. Esta última tampoco pudo identificar a nadie en el reconocimiento fotográfico del personal del D2. Según el abogado, solo se cuenta con un habeas corpus presentado por su padre en el que se lo menciona.
En cambio, el defensor se permitió desplegar tres alternativas, una primera hipótesis que indicaría que el operativo estuvo realizado por el ejército, otra que podría haber sido personal de la Comisaría 9 de Guaymallén y una tercera hipótesis que dice habría intervenido la Seccional 4, donde Moyano revistió como agente. Amuchástegui tuvo palabras de descalificación para la fiscalía y cerró solicitando la absolución del imputado.