23-03-17 / Continuó en la audiencia de este jueves del sexto juicio la lectura de las responsabilidades penales atribuidas a los imputados por el mayor grupo de causas acumuladas. Cuatro de los acusados están condenados y/o en juicio por otros hechos, mientras que los otros tres afrontan un proceso oral y público por primera vez en nuestra jurisdicción: se trata del ex policía Carlos Luciani; del ex jefe del Casino de suboficiales que funcionó como centro clandestino para prisioneras políticas, Carlos Ledesma; y del mayor responsable de la brutal represión en todo el oeste argentino, el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez.
Furió entre el COT y “la gran unidad de combate”
Con el grado de teniente coronel desde finales de 1975, Paulino Enrique Furió permaneció hasta el 27 de noviembre de 1976 al frente de la División Operaciones de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Luego fue destinado a la jefatura del G2 -División Inteligencia- y al Grupo de Artillería de Defensa Área 144 en San Luis. Furió ya ha sido condenado en juicios anteriores y enfrenta otra inminente sentencia en la megacausa. Su rol clave entre los mandos del Ejército en Mendoza y en la represión ha sido vastamente acreditado. En esta ocasión responde por la privación de la libertad sufrida por Alfredo Daniel Hervida.
En el requerimiento se explica que “además de la posición jerárquica que caracterizaba a la jefatura de la VIII Brigada, su comandante contaba con una serie de estructuras internas como el Estado Mayor, el Centro de Operaciones Tácticas -COT- y la Comunidad Informativa”, herramientas indispensables para contar con la información necesaria para tomar decisiones en lo referido a “la lucha antisubversiva”.
Esto se corrobora en declaraciones del propio Furió: “Yo me hice cargo del G2 en diciembre del año 1976, mi misión era asesorar al Comandante de Brigada sobre el enemigo (subversivos), terreno y condiciones meteorológicas. En el año 76 teníamos una fuerza de tareas en Tucumán, cada unidad mandaba un batallón a Tucumán que se rotaba cada dos meses, y luego otro batallón lo relevaba. Es decir que siempre estuvimos empeñados un batallón en Tucumán que se denominaba Fuerza de Tareas en la lucha contra la Subversión”. Asimismo, “en su calidad de miembro del Estado Mayor, asesoraba al comandante acerca de la conveniencia de detener o no a determinadas personas y sobre el destino final que se les daría a las mismas”.
Tres con expedientes abiertos
Dardo Migno, Mario Laporta y Pablo Gutiérrez están siendo acusados por otros hechos en el megajuicio, el primero cumple, además, condenas previas.
Pablo José Gutiérrez Araya integró el Departamento de Informaciones Policiales entre 1974 y 1985 y, según prueban diversos testimonios e individualizaciones fotográficas, “tenía contacto personal y directo con las víctimas detenidas en el CCD bajo órbita del Departamento de Investigaciones”.
Hay una docena de sobrevivientes que ubica a Gutiérrez en el D2. Es conocido su papel alrededor de los secuestros de los delegados del Banco de Previsión Social. También son elocuentes testimonios como el de Alicia Morales, pues fue Gutiérrez “quien le apuntaba con un arma para que firmara un papel, creía haberlo visto cuando le quitaron los niños -en el D2- y era quien se llevó a Josefina, de cinco años, para que marcara a las personas conocidas del matrimonio Vargas-Sánchez Sarmiento”; y el de Rosa Gómez, que lo recuerda como “Pullóver Bordó”: el sujeto que, en el D2, le dijo a su compañero Ricardo Sánchez Coronel que se preparara, que se iba. Sánchez Coronel está desaparecido.
Mario Alfredo Laporta Chielli era vicecomodoro de la Fuerza Aérea, fue jefe de Policía de Mendoza entre el 20 de febrero de 1976 y el 16 de febrero de 1982 y está imputado en tanto “tuvo dominio de organización sobre el aparato organizado de poder conformado por dicha fuerza, y particularmente valiéndose de la Dirección de Informaciones Policiales, por hechos del ‘77 contra Mirta Hernández, Carlos Mauri y Fredy Ramírez Longo”.
Dardo Migno Pipaón era teniente del Ejército y estaba a cargo del Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- Compañía de Comunicaciones de Montaña. Fue jefe de la 3ra Sección de la Compañía desde el ‘75 hasta el ‘77. El LRD era una barraca de adobe donde cabían unas 200 personas, estaba cercado con alambre de púas y custodiado por soldados con fusiles y metralletas. Migno fue identificado por numerosas víctimas, no sólo como jefe, sino también como autor directo de los ilícitos cometidos. Como era de esperar, el imputado negó todos los malos tratos y torturas que se denunciaron. Se encuentra imputado por la primera detención de Segundo Isau Alliendes, Ricardo Alberto Alliendes, segunda detención de Arturo Alfredo Galván y Hermes Omar Ocaña.
Ledesma, jefe del Casino
En diciembre de 1974 Carlos Alberto Ledesma comenzó a revistar en la Compañía de Comandos y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, procedente del Liceo Militar como oficial instructor. Escaló rápidamente como jefe de la Compañía entre el 5 de enero de 1976 y el 23 de marzo de 1977. Luego llevó su “experiencia” en “comisión de servicios” a los destacamentos de Inteligencia 141, 101 y 121 -Córdoba, Buenos Aires, Rosario. Innumerables documentos castrenses y la casi totalidad de las mujeres que sobrevivieron al Casino de suboficiales “corroboran sus funciones como mando superior del centro clandestino y además lo vinculan directa y personalmente con el accionar represivo estatal”.
La legalidad de licencia
Carlos Alberto Luciani Marín se desempeñó como subcomisario de la Seccional 33 de la Policía de Mendoza desde el 22 de julio de 1975 hasta el 1 de enero del ‘76, momento en el que fue ascendido. Fue Comisario de la 33 hasta que lo trasladaron con el mismo cargo a la Seccional 25, en febrero de 1979. Entre enero y junio del ‘76 prestó servicios en la Unidad Regional Primera del Cuerpo Motorizado.
El 18 de diciembre de 1976 sucedió la detención ilegal de Miguel Ángel Rodríguez y de Oscar Krizyzanovsky en la Seccional 33. En una declaración indagatoria, el imputado negó su responsabilidad en tal hecho, argumentando que hasta el 17 de diciembre gozaba de la típica licencia anual y había pedido una extensión informal del descanso hasta el 30 de ese mes. Sin embargo, es sabido que los procedimientos de relevancia no escapaban al conocimiento del jefe. El uso de una licencia no era un impedimento para ser responsable de la actuación, concurrir al lugar de trabajo, e incluso ejercer autoridad. Como en el caso de Carlos Rico Teijeiro, la licencia no significaba ausencia o falta del poder de mando.
La Fiscalía sostiene que, más allá de la injerencia personal de Luciani en este caso, el procedimiento “necesariamente fue ejecutado al amparo de las órdenes generales que el mismo había impartido en el marco de ese accionar organizado”. Sostener lo contrario sería sostener que había dos dependencias en una sola seccional.
Menéndez, primero y principal
Luciano Benjamín Menéndez era el Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército. Es decir, máxima autoridad de la Zona 3 y, por lo tanto, también estaba a la cabeza de la Subzona 33, como se denominaba a Cuyo. Dominar los crímenes de la región nunca le causó pesar, sino todo lo contrario. “Las tropas que vencieron a la subversión en Cuyo dependían de mí y combatieron en cumplimiento de las órdenes que como, Comandante del III Cuerpo de Ejército, en ese instante les impartí”, declaró en 2012 ante la Cámara Federal de Apelaciones.
Sin embargo, cuando correspondía optó por no prestar declaración indagatoria al considerar inconstitucional el juicio. Según él, su accionar en el marco militar era legal, y combatir a los marxistas no era delito. Menéndez señaló que fueron los “terroristas subversivos los que atacaron la República” quienes no creían en las instituciones democráticas. Se encontró al imputado responsable de dominar los procedimientos que concluyeron en la comisión de delitos contra 43 víctimas.
La próxima audiencia será el jueves 30 de marzo a las 9.30.
