06-04-17 / Por primera vez en estos juicios, comenzó a hablarse de las causas del centro clandestino de detención “Campo Las Lajas”, que contempla entre otros atroces crímenes, cinco desapariciones forzadas bajo responsabilidad de la IV Brigada Aérea y el Ejército. Además, siguen las imputaciones a las fuerzas militares. En la audiencia de hoy también se leyeron casos del Casino de Suboficiales. Hechos y responsables, en un día.
El domicilio de Silvia Rosa Alliendes fue allanado el 28 de marzo de 1976. En ese momento, se encontraban allí su madre Eda Libertad Sbarbati de Alliendes, su padre Segundo Alliendes y su hermano Ricardo Alberto Alliendes. Los efectivos militares registraron la casa y sustrajeron objetos de valor. Llevaron a las cuatro personas a la comisaría 16 de Las Heras. Luego, los hombres fueron trasladados a la Compañía de Comunicaciones y las mujeres al Casino de Suboficiales. Eda Libertad y Silvia Rosa permanecieron allí 75 días. Nunca existió orden de detención a disposición del PEN ni supieron el motivo de su captura, aunque sospechaban que era por la militancia pasada de Segundo Alliendes en el Partido Comunista.
Susana Cristina Nardi fue secuestrada el 29 de marzo de 1976. Personal de las fuerzas armadas y de seguridad ingresó a la casa de un amigo de su padre y la llevó a la comisaría 25 de Guaymallén. Allí se encontró con su prima, María Elena Castro Nardi y Francisco Jiménez Herrero, pareja de Castro. Ambas mujeres fueron trasladadas al Casino de Suboficiales y Susana Cristina Nardi sometida a numerosos interrogatorios hasta que recuperó su libertad el 3 de junio de ese año.
En un operativo de la Policía Federal, Liliana Petruy fue secuestrada el 24 de marzo de 1976. Los efectivos rodearon el edificio donde vivía. Era periodista y su marido trabajaba en el Sindicato de Prensa. La trasladaron en un Ford Falcon hasta la sede de la Policía Federal. Luego de pasar por el Liceo Militar, la llevaron al Casino de Suboficiales junto a Dora Goldfarb, “Todo con gran exhibicionismo de armas y prepotencia”, según una declaración de Petruy. La liberaron tres meses después, luego de obligarla a firma un papel que decía que no había sido torturada ni maltratada.
La militante social Edith Noemí Arito Lucero estaba de novia con Mario Roberto Gaitán, del Peronismo de Base, y estudiaba trabajo social. La pareja fue detenida la madrugada del 27 de abril del 76 por personal del Ejército y de la Policía de Mendoza. Luego de rodear la cuadra, entraron violentamente a la casa y se los llevaron. Arito permaneció en el D2 hasta principios de junio. Allí fue torturada de diversas formas y violada. En ese centro clandestino de detención vio a Edesio Villegas y a Daniel Moyano, actualmente desaparecidos. A fines de junio fue trasladada al Casino de Suboficiales. La llevaron al Penal de Villa Devoto cuando terminaba el mes de septiembre y recuperó su libertad el 28 de febrero de 1979.
RESPONSABLES E IMPUTACIONES ESPECÍFICAS
En crónicas anteriores hemos desarrollado las responsabilidades concretas de algunos imputados. Por estos hechos los acusados son: el Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez; el jefe de la Compañía de Comandos y Servicios de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Carlos Eduardo Ledesma; y Armando Olimpo Carelli, uno de los principales responsables y torturadores reconocidos por 14 víctimas del Casino que cumplía funciones en áreas de Inteligencia de la Fuerza Aérea Argentina.
Luciano Benjamín Menéndez, como autor mediato de los siguientes hechos:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
- Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
Armando Olimpo Carelli, como autor mediato de:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en los mismos dos casos.
- Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
Carlos Eduardo Ledesma, como autor mediato de los siguientes delitos:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Liliana Petruy y Edith Noemí Arito.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
- Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
EL INDESCRIPTIBLE HORROR DE LAS LAJAS
Está acreditado que el mayor centro clandestino de detención y exterminio dependiente de la Fuerza Aérea funcionó en el predio de tiro conocido con el nombre de “Campo Las Lajas”. Fueron utilizadas las instalaciones del puesto existente y se colocaron dos carpas utilizadas para la tortura y el alojamiento de los prisioneros. Las pocas personas sobrevivientes han relatado la actividad clandestina desplegada allí -principalmente en 1977- y atestiguan sobre varias de las víctimas letales. Antiguos oficiales y conscriptos de la Cuarta Brigada Aérea relataron que el centro clandestino permaneció en funcionamiento hasta 1979.
Emilio Alberto Luque Bracchi tenía 20 años, estudiaba Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Nacional de San Luis y, había sido compañero de habitación de Santana Alcaraz, otro estudiante actualmente desaparecido. Expulsado de la Facultad por las nuevas autoridades, Luque retornó a Mendoza y el 28 de octubre de 1976 un grupo de tareas lo secuestró y trasladó a Las Lajas, donde “notaba mucho movimiento de gente secuestrada”. Las sesiones de tortura incluían golpes y aplicación de picana, además de agresiones psicológicas como que sería “crucificado por mentiroso”. El 29 de octubre fue trasladado en la baulera de un Fiat 125 a la granja “La Amelia”, centro de torturas puntano donde pasó 50 días por las mismas condiciones que en Las Lajas. El 18 de diciembre fue liberado en una localidad de Córdoba.
Horacio Oscar Ferraris tenía 24 años, militaba en la Juventud Peronista y fue secuestrado en el centro de San Luis la madrugada del 24 de junio de 1977. Maniatado, encapuchado y golpeado lo trasladaron a Las Lajas, donde fue torturado con picana. Ese tratamiento se repitió varias veces. Según su relato, a finales de julio o principios de agosto, “me sacan de la carpa y me trasladan a la construcción de chapa, cierran todo y quedamos adentro con una custodia y se escucha entrar y salir autos, gritos de torturas, y a las 4 o 5 horas se van todos y no dejan a nadie”. Allí había otros tres detenidos, entre ellos Mauricio López y Osvaldo Zuin. También ha referido que “la guardia cambiaba cada 48 horas, estaban siempre vestidos de civil y se llamaban por sus nombres”. Ferraris fue derivado a La Perla, a un destacamento de Gendarmería en San Vicente y a la Penitenciaria de San Martín de Buenos Aires, desde donde recuperó la libertad.
El profesor Mauricio Amílcar López fue un reconocido intelectual de amplia trayectoria en el ámbito académico y eclesiástico, integrante del Consejo Mundial de Iglesias, cofundador de la Fundación Ecuménica de Cuyo y, en el momento del golpe de Estado, rector de la Universidad Nacional de San Luis. Secuestrado el 1 de enero de 1977, su desaparición forzada está siendo juzgada en la Megacausa. En este proceso se indagan las responsabilidades por su cautiverio en Las Lajas. La persecución y presiones que sufrió durante todo 1976 se materializaron en toda su dimensión con su secuestro en su propia casa de la capital mendocina en presencia de sus familiares luego de una cena de fin de año entre amigos.
Consta en expedientes que el 7 de enero del ‘77 el general Maradona citó a la familia López y les exhibió un radiograma del general Videla “en que requería se localizara al Profesor López a raíz de la presión internacional de las Iglesias Protestantes y los gobiernos de diversos países que reclamaban ante las autoridades militares por su paradero”. Jamás hubo una respuesta satisfactoria acerca de su destino. Únicamente los testimonios de los sobrevivientes de Las Lajas, que lo ubican allí a mediados de 1977, permiten inferir cuál fue su final.
A Héctor Osvaldo Zuin -“Horacio”-, seminarista, actor de teatro y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores fue secuestrado y herido tras una volanteada en Córdoba en mayo de 1977, luego de eludir el cerco represivo en Mendoza desde mediados del año anterior cuando, entre otros allanamientos y persecuciones, logró escapar del operativo en el cual fue desaparecida su compañera de militancia Blanca Graciela Santamaría. De La Perla lo trajeron a Las Lajas presumiblemente en vuelo aéreo, según la declaración de un ex soldado conscripto que prestó servicios en la IV Brigada Aérea, “que en una oportunidad en que se encontraba realizando una guardia móvil fue llamado con urgencia al aeropuerto porque estaba llegando un avión Douglas o Fokker y pudo observar que del avión descendieron entre diez y doce personas vendadas, custodiadas por personal civil armado con metralletas. De los que descendieron uno venía en camilla tapado con una sabana y vendado y a esa persona se la llevaron en ambulancia de la IV Brigada. Del avión descendieron el suboficial de Inteligencia Armando Olimpo Carelli y el Capitán Santa María”. Zuin permanece desaparecido.
María del Carmen Marín Almazán tenía 23 años y militaba en Montoneros. La madrugada del 28 de julio de 1977 fue secuestrada en la calle junto a Juan Ramón Fernández, militante proveniente de Tucumán. Horas después secuestraron a su padre, Carlos Armando Marín -comerciante de 51 años-, en su vivienda de San José en Guaymallén, que fue completamente saqueada. Los testimonios de los sobrevivientes son explícitos del horror pasado por la joven, su padre y su compañero. Horacio Ferraris refirió que “los llevan a la sala de torturas y en un momento dado la chica se suicida tomando la pastilla, no alcanzaron ni a torturarla porque estaban torturando al chico, nosotros escuchábamos lo que decían los torturadores. Siguen torturando al chico, y en ese lapso sale uno de los coches y vuelven con el padre de la chica y luego se lo llevan. A ella la insultaban y pateaban estando ya muerta”.
Luego de su muerte, a Fernández lo torturaron toda la noche y lo colgaron de un mástil. El procedimiento fue similar los días siguientes hasta que fue trasladado con Ferraris y visto por última vez en el centro clandestino de detención conocido como “El Vesubio” en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Allí “le relató a Ricardo Cabello, sobreviviente de ese campo, que había caído en la estación de Mendoza junto a una compañera mendocina que se había muerto tras tomar la pastilla de cianuro”.
RESPONSABLES E IMPUTACIONES ESPECÍFICAS
Por los crímenes de Las Lajas están imputados Menéndez; el exjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Enrique Furió; y el ex oficial de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Santa María.
Luciano Benjamín Menéndez, como autor mediato de:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por siete hechos.
- Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por cinco hechos.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por cinco casos.
- Robo agravado por el uso de arma de fuego, por los casos de Mauricio López y Carlos Armando Marín.
Paulino Enrique Furió, como autor mediato de los siguientes delitos:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por cuatro hechos.
- Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por tres hechos.
- Robo agravado por el uso de arma de fuego, por el caso de Mauricio López.
Juan Carlos Alberto Santa María Blasón, como autor mediato de los siguientes delitos, en perjuicio de Mauricio López:
- Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
- Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por tres hechos.
- Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas.
- Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
