15-06-17 / Una impecable apertura de la etapa testimonial se vivió este jueves en el marco del sexto juicio por delitos de lesa humanidad. Seis testigos dieron cuenta de los hechos relativos a los secuestros y asesinatos, en 1975 y 1976, de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar, hechos en los que está seriamente comprometido el accionar de la Policía Federal local. Dos hermanos de las víctimas y la hija del militante peruano brindaron vivos semblantes de sus seres queridos y aspectos claves de los operativos en su contra y del hallazgo posterior de sus cuerpos. Además, el periodista Rodrigo Sepúlveda ofreció un testimonio sin fisuras acerca de la veracidad de las confesiones e involucramientos señalados por el represor Cirella Paredes, entrevistado en su documental “7746 Legajo Conadep”.
“Conocí íntimamente a mi hermano, su formación, su integridad humana, y estoy seguro de que ése no era el final para él”, dijo emocionado Juan Régulo Sánchez Andía en relación al secuestro y la ejecución sumaria, a mediados de 1975, de Amadeo Sánchez Andía, hechos por los cuales están imputados los ex policías federales Marcelo León y Luis Mirotta.
Juan es el mayor de cinco hermanos de una familia de origen peruano. Llegó desde Ica a la Argentina a principios de los años ‘70 para estudiar medicina, mientras trabajaba en diversos proyectos hidroeléctricos y empresas en la Patagonia. Tras él llegó Amadeo, el menor de todos, que se volcó a la actividad gremial y la militancia política en el PRT-ERP. Amadeo se radicó en Mendoza para estudiar periodismo en la Escuela de Comunicación Colectiva, de la que llegó a ser secretario del Centro de Estudiantes.
El 29 de mayo de 1975 Amadeo, de 25 años, sufrió graves lesiones al accidentarse a la altura de La Paz el colectivo de la empresa Colta donde viajaba con rumbo a Córdoba por una actividad militante. Derivado al entonces Hospital Regional de San Martín, fue secuestrado por un grupo comando la noche del 5 de junio, en presencia de Juan, por “cuatro o más personas encapuchadas y con armas largas”. Juan fue trasladado bajo maltratos a una comisaría, según supuso por el número de policías y, tras ser fichado, fue liberado en la madrugada. Desde allí volvió al Hospital, donde encontró, en la habitación antes ocupada por Amadeo, un llavero de la Policía Federal con la inscripción “Juan Ramón Falcón”. Juan inició gestiones con el abogado Carlos Bula y viajó a San Juan a reunirse con su familia. Después, Mirtha Haydée Ramírez -“Monona”-, la esposa de Amadeo, le comunicó que el cuerpo sin vida había sido hallado en Canota, brutalmente torturado y con inscripciones. Juan hizo el reconocimiento en el Hospital Emilio Civit.
Asalto y secuestro en el Hospital de San Martín
Otros dos testigos presenciales de lo sucedido durante el secuestro de Amadeo hicieron sus aportes y reafirmaron lo declarado en otras ocasiones, inclusive pocas horas después del hecho. Por entonces, Gilberto Domínguez Pérez y Hugo Simón Muñoz trabajaban en el Hospital Regional de San Martín y compartían sala en la guardia nocturna, como enfermero y telefonista respectivamente. De sus dichos puede comprobarse que, en la noche del 5 al 6 de junio de 1975, un grupo de alrededor de seis personas con los rostros cubiertos y armas largas ingresó violentamente al nosocomio, secuestró “a un herido Sánchez que no era de acá”, y salió en una de las ambulancias, que abandonaron a los cien metros para huir en otro vehículo que los esperaba. No había guardia policial aquella noche. Dos de los captores habían entrado en la sala donde estaban Domínguez y Muñoz, a quienes redujeron en el suelo y pidieron indicaciones acerca de dónde estaba la farmacia. También cortaron la línea telefónica incomunicando la guardia con las salas.
El lugar de la hija, voz de la historia
Gladys Beatriz Sánchez Andía nació seis meses después de que su padre fuera asesinado.
Su testimonio fue una demostración más de la relevancia del testimonio de las hijas y los hijos, no sólo para la reconstrucción histórica e identitaria, sino también para esclarecer el desarrollo de los hechos. Explicó que, en relación al secuestro de Amadeo, su principal fuente de información provino de las conversaciones familiares, de su tío Juan y su mamá.
Amadeo y Mirtha estaban recientemente casados. Ella estaba embarazada de Gladys, por lo cual optó por no viajar a Córdoba al encuentro en la Escuela de Guerrilla.
“Sabían que estaban marcados”, explicó Gladys sobre la derivación de su padre al Hospital de San Martín tras el accidente, y sobre el hecho de que los primeros días estuvo bajo custodia policial, y el allanamiento de la vivienda de calle Alem, donde vivía la pareja.
El secuestro se explica porque “habían descubierto los motivos del viaje a Córdoba”, hacia donde Amadeo viajaba con otros dos militantes del PRT, Aníbal Testa y Gladys Beatriz Sabatino, “que estaba en quinto año de Medicina, la trajeron al Hospital Central porque sus heridas no eran graves y muere cuando estaban a punto de darle el alta”. Sabatino estaba al cuidado de una prima que salió por unos minutos a la farmacia, y al regresar la encontró muerta.
En relación al secuestro de su padre, Gladys corroboró el incidente del llavero de la Policía Federal hallado por su tío y que Amadeo pasó por la delegación antes de su fusilamiento. Luego sobrevino la consternación ante el hallazgo de sus restos en Canota.
Otra fuente de reconstrucción a la que Gladys consideró “justa en todo”, fueron los aportes de la investigación del periodista Rodrigo Sepúlveda en el documental “7746 Legajo CONADEP”, que da cuenta de delitos cometidos por la Policía Federal, entre ellos, la ejecución de su padre.
En calma y con mucho amor, Gladys reivindicó el compromiso de Amadeo y sus “circunstancias políticas”, porque “quería un lugar y un momento más justo”. De su mamá ponderó la lucha y lamentó que haya fallecido “esperando el juicio”, y de sus propios hijos celebró que sean “la prolongación de todo eso”.
La Federal en torno al secuestro y la ejecución de Romano Rivamar
Arnaldo Aníbal Romano es hermano de Víctor Romano Rivamar, detenido ilegalmente a los 29 años en abril de 1976, y encontrado muerto tres meses después. Víctor vivía con su madre viuda en calle Ramírez de Ciudad y Arnaldo a dos cuadras del domicilio familiar. Ambos eran empleados del Poder Judicial -Víctor en la Quinta Fiscalía del Crimen-, se llevaban 14 meses de diferencia y eran “muy unidos”. No tenían actividad política y el único contacto que tenían con la policía era a través del ámbito laboral, lo cual hizo que el allanamiento y secuestro fuera aún más desconcertante para la familia. Aquel 22 de abril a las tres de la mañana el mozo de un local próximo a los domicilios golpeó la puerta de la casa de Arnaldo y le dijo que “unos encapuchados” se habían llevado a Víctor, en calzoncillo y camiseta arrancándolo de la cama al lado de su madre. Los captores llevaban borceguíes, ropa azul y bombachas de Infantería. Arnaldo se dirigió inmediatamente a la comisaría Cuarta, donde le dio la impresión de que lo estaban esperando. Tres horas después le dijeron: “ya sabemos dónde es” cuando le daba las señales de la casa. Según aportes de vecinos, ya fallecidos, hubo tres vehículos operativos aquella noche: un Falcon azul, otro blanco y un Fiat 125, que el testigo asegura haber visto en sus averiguaciones tanto en Investigaciones de la Policía Provincial como frente a la sede de la Policía Federal.
Además de sus infructuosas gestiones en la búsqueda, la madre acudió en vano a autoridades de la Iglesia, como monseñor Rafael Rey. Entre el momento de la desaparición y el hallazgo del cadáver, meses después, Arnaldo recibió todos los días, a las tres de la mañana, llamados telefónicos que se presentaban como provenientes del exterior, pero que fueron hechas desde el Comando de Comunicaciones del Ejército, interrogándolo acerca de sus actividades y del paradero de Víctor. En julio dieron con el cuerpo, semienterrado, que fue descubierto por un perro en el campo Ortega, en Maipú. El médico forense Bringuer -que además era el doctor de cabecera de la familia- constató que había sido fusilado con las manos atadas.
Quien empezó a echar luz sobre el caso fue el por entonces suboficial de la Federal, Carmelo Cirella Paredes, que fue el primer represor local en quebrar el silencio, según quedó registrado en declaraciones ante la CONADEP y en el documental “7746 Legajo CONADEP”, del periodista Rodrigo Sepúlveda. Además de atribuirse participación en el hecho –trasladando, por orden de Mirotta, el cadáver ejecutado en la zona de Papagayos-, Cirella incriminó a Rodolfo “Willy” Cardello, macabro agente de inteligencia de la Policía Federal. Arnaldo apoya las versiones de Cirella y coincide en que a Víctor “fueron a matarlo directamente”. “¿Qué cree que pasó con su hermano?”, le preguntó por último el fiscal Dante Vega, a lo que el testigo aludió las versiones que indicaban que se trataba de una venganza porque Víctor andaba “con la mujer de algún milico”. Reconstruir los hechos, hacer memoria e iluminar verdades son algunos de los propósitos de este juicio que apenas comienza.
La verdad de los dichos de Cirella Paredes
El testimonio de Rodrigo Fernando Sepúlveda, realizador del documental “7746 Legajo CONADEP”, estuvo orientado a precisar los hechos reconstruidos y a establecer la verdad -o no- de las afirmaciones e incriminaciones de Cirella Paredes, actualmente fallecido. El periodista fue interrogado respecto al testimonio de Cirella, represor que relató a la CONADEP el accionar de la patota de la Federal que actuara en los secuestros y asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Sepúlveda señaló la consistencia entre el relato filmado por él y los integrantes de su equipo en 2005, y la versión brindada por el ex policía a partir de 1984. El documental fue estrenado el 24 de marzo de 2006, a treinta años del golpe cívico militar.
En 2007 el juez Walter Bento citó a Rodolfo Cardello, Marcelo León, José Luis Mirotta y Carmelo Cirella Paredes por los hechos narrados en el documental. Cirella se desdijo de las versiones sostenidas durante más de 20 años y acusó a Sepúlveda de haberle pagado por su testimonio. El periodista, que en su momento se defendió públicamente y en la audiencia aportó documentación que lo respalda, amplió sobre elementos que reafirman la verdad de los dichos de su principal fuente para la investigación.
Para el testigo el relato del ex policía no sólo era consistente con su declaración de 1984 -cuando dio cuenta de la operatividad, disponibilidad y participación de todo el cuerpo de la delegación en diversos hechos del terrorismo de Estado-, sino también con un conjunto de evidencias reunidas para reconstruir los hechos, como periódicos de la época y otros testimonios vinculantes. Si en 2007 Cirella declaró ante la justicia federal que había mentido tanto a la CONADEP como a los documentalistas, lo hizo porque estaban bajo amenaza él – que se hallaba detenido- y su familia. Entre otras aseveraciones contundentes, Sepúlveda explicó que pagar por una entrevista no entra en sus prácticas, que no hubiese buscado a Cirella como testigo de su documental “si no le hubiera creído”, y que el represor, pese a su miedo, “sabía lo que estaba haciendo”.
El tribunal anunció cuarto intermedio hasta el 29 de junio.
