29-06-17 / Con algunos aportes clave, continuó este jueves la ronda testimonial en torno a asesinatos cometidos en 1975 y 1976 por personal de la delegación local de la Policía Federal. Un exdiputado provincial brindó información relativa a las investigaciones impulsadas en 1984 por parte del cuerpo legislativo a partir de las confesiones realizadas por Carmelo Cirella Paredes, represor por entonces detenido que, entre otros hechos, refirió el lugar donde fue ejecutado Víctor Romano Rivamar. A su vez, el grupo médico que en 2007 peritó al expolicía, corroboró que por “fines gananciales”, entre el temor y las amenazas, Paredes podía “ocultar información relevante”, lo cual explicaría por qué modificó antes de morir versiones incriminatorias que sostuvo durante más de dos décadas. En el último tramo de la jornada el abogado Carlos Bula describió la entrevista que tuvieron junto a Ángel Bustelo con Amadeo Sánchez Andía, detenido e internado en el Hospital de San Martín, horas antes de ser secuestrado y asesinado por un comando; y la sobreviviente Alicia Peña relató las sospechas y extrañas circunstancias en que se produjo la muerte de Gladys Sabatino, compañera de Amadeo, cuando estaba a punto de ser dada de alta en el Hospital Central.
Reconstrucción del asesinato de Romano Rivamar a 8 años de los hechos
Clemente Montaña fue diputado provincial en la década del ‘80. En 1984 era presidente de la Comisión de Derechos y Garantías. Allí conocieron el caso de Carmelo Cirella Paredes, miembro de la Policía Federal que manifestó que tenía para declarar hechos acontecidos durante la dictadura. Estaba en prisión, así que fue acompañado por agentes penitenciarios. Ante la Comisión, Cirella contó el caso de “un ciudadano de apellido Romano” y se ofreció para hacer una reconstrucción. Este hombre, contó el policía según dice Montaña, fue sacado de su domicilio a la madrugada -“algo así como a las tres de la mañana”-, los captores entraron por distintos frentes a su casa y se lo llevaron en ropa interior.
Para la investigación llevaron a Cirella a hacer el recorrido de aquel operativo. Desde la sede de la Policía Federal partieron hacia el domicilio de Víctor Romano Rivamar en Guaymallén. El agente reconstruyó el hecho: contó por dónde habían entrado -él solamente conducía un vehículo- y se fueron hacia la zona de Papagayos, punto en el que ejecutaron a la víctima. Cirella marcó un determinado lugar y dijo “hasta acá llegamos con los coches”. Luego, en calzoncillos, Romano caminó un trecho y lo fusilaron por la espalda. Hubo varios disparos.
Cuando volvieron a la dependencia de la Federal, los hicieron volver al lugar del asesinato para llevar el cuerpo a un lugar seguro. Los policías fueron a Maipú -donde antiguamente estaba el Parque Ortega- y en un pozo para cal dejaron el cuerpo, lo taparon y se fueron. El perro de un hombre que pasaba por la zona se detuvo a ladrar por una mano que estaba al descubierto. Lo sacaron y la Comisaría Décima de Maipú se encargó del hecho. Entregaron el cuerpo a la familia y, a pesar de que la madre no lo reconoció, supieron que era Víctor por el calzoncillo que tenía puesto, traído de un viaje que hizo a Estados Unidos y cuya marca no se conseguía en el país.
A raíz de una pregunta del fiscal Dante Vega, el testigo recordó que cuando fueron con la Comisión de Derechos y Garantías hasta Papagayos con Cirella, encontraron cápsulas de armas de fuego. Con la Ley de Obediencia Debida avecinándose, desde la Comisión decidieron llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para darle curso a la investigación. Entregaron toda la información y también las cápsulas halladas. Clemente Montaña no supo cómo continuó la situación. El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, preguntó si algún otro testimonio avalaba lo dicho por Carmelo Cirella Paredes. El testigo respondió negativamente, aunque previamente afirmó que siempre creyó el relato del policía que, además, coincidía con el de la madre de la víctima.
INSUSTANCIAL TESTIMONIO
Poco y nada aportó a la justicia el abogado y político Sergio Hugo Bruni, quien hacia 1984 era subdirector de la Penitenciaría Provincial y autorizó la salida del entonces detenido Cirella Paredes para que sea indagado por la Comisión de Derechos y Garantías y recorriera los lugares donde se perpetraron los hechos por él denunciados. Pese a que veinte años después el propio Bruni señaló al periodista Rodrigo Sepúlveda en el documental “7746 Legajo CONADEP” algunos de los hechos relatados por el represor, frente al Tribunal se mostró reticente y desmemoriado y el fiscal Vega no pudo confrontar sus afirmaciones previas.
Última entrevista al represor confidente
En 2007 Cirella Paredes fue objeto de un peritaje psicológico cuando estaba en prisión domiciliaria, a cargo del psiquiatra Andrés Quiróz y de dos psicólogos, Silvana Nicosia y Omar Mejía. En general, los tres testigos corroboraron el diagnóstico que en su momento se manifestó en el examen: Cirella Paredes «tenía el juicio crítico conservado». Es decir, estaba lúcido mentalmente. Quiroz expresó que les pareció, en un lenguaje llano y no científico, “un lobo disfrazado de cordero”. Era un individuo antisocial, con poca capacidad para empatizar con el otro, y les habló desde un lugar de victimización y desde una posición “demasiada correcta”. Por otra parte, declaró que no se veía en él ni ansiedad ni angustia.
“Llegamos a la conclusión juntos, no tuvimos diferencias de opiniones”, dijo, y “no habían fallos cognitivos como para decir que había alteraciones en su memoria”, agregó. Además, no conocían la situación procesal de Cirella, y Nicosia señaló expresamente que no pudieron “profundizar en la situación delictual del señor”. La psicóloga especificó que la técnica empleada fue la de una entrevista clínica que duró aproximadamente una hora y media. Lo vio “tranquilo, lúcido”, y destacó que era un sujeto con un modo de actuar centrado en sí mismo. “No recuerdo específicamente la entrevista con el señor Cirella”, respondió a la defensa, cuando quiso indagar qué elementos les habían hecho pensar a los profesionales que Cirella era una persona que podía ocultar o tergiversar información conscientemente según su conveniencia. “A través de las entrevistas se puede hipotetizar si alguien miente, pero eso no se puede saber con certeza”, precisó.
“Tengo miedo de que me boleteen”
Por el caso de Amadeo Sánchez Andía declaró Carlos Bula, abogado que trabajaba en el estudio de Ángel Bustelo en los días del asesinato. Ellos realizaron y presentaron el habeas corpus por Amadeo, a solicitud de su hermano Arnaldo. “Lo que nos importaba era salvaguardar la vida del detenido, no preguntábamos por qué estaban detenidos ni a qué partido político pertenecían”, dijo Bula. Así, los primeros días de junio de 1975, los abogados viajaron hasta San Martín para ver al joven peruano que estaba internado en el Hospital local después de sufrir un grave accidente en un colectivo de larga distancia. “El hermano nos dijo que estaba detenido y que pertenecía a una agrupación guerrillera, le habían encontrado documentación que lo comprometía”, recordó.
Para poder hablar con Amadeo tuvieron que pedir autorización en una comisaría de San Martín. Cuando pudieron ver a Sánchez Andía, comprobaron que estaba consciente, en una habitación junto a dos o tres pacientes más y con un custodio en la puerta. Ahí les expresó su preocupación, porque había escuchado que alguien había dicho sobre él “a este tipo hay que hacerle algo”. “Tengo temor de que me boleteen”, confesó. Luego se enteraron del secuestro y asesinato, tras lo cual “nunca más tuvimos contacto ni con el hermano ni con ninguna persona vinculada a Sánchez Andía”.
Respecto al habeas corpus, recordó que Bustelo lo presentó a la Justicia Federal y que fue rechazado. Bula también sostuvo que tras el crimen se hablaba de un llavero que había aparecido en el hospital, que decía “Escuela de Policía Lemos” -por el Instituto “Ramón Falcón”, como apuntan otros testigos. De este objeto no pudo asegurar si lo dejaron ahí con el propósito de despistar, de dejar un mensaje, o si se le extravió a alguno de los secuestradores.
Llamativa muerte en el Hospital Central
Alicia Graciela Peña es una de las víctimas contempladas en el cuarto juicio y en esta oportunidad volvió a testimoniar pero en relación a la causa de Sánchez Andía -a quien no conoció personalmente-, cuyas derivaciones implican también el probable homicidio de su compañera de militancia, Gladys Beatriz Sabatino -“Kitty”-, hermana menor de una tía política de la testigo, que además estaba en malas condiciones de salud.
Peña explicó que a finales de mayo de 1975 supo del accidente del colectivo en el que viajaban Amadeo y Gladys con destino a Córdoba a un acto en conmemoración del “Cordobazo”. Por su madre, en contacto con “Chichí” -hermana de Kitty- pudo conocer que ella había sido trasladada con heridas leves al Hospital Central y uno o dos días después falleció en el nosocomio pese a estar recuperada y con un alta médica inminente. Alguien pidió a Chichí que a tal fin consiguiera una medicación de forma urgente para su hermana, y al retornar a la sala -“muy contenta porque ya se iban para la casa”- la encontró a puertas cerradas. Allí le dijeron que había muerto producto de una descompensación. El clima de sospechas en el ámbito familiar y universitario -Gladys estaba en quinto año de Medicina- se acentuó con el hallazgo días después del cuerpo fuertemente violentado de Amadeo.
La semana próxima no habrá debate, por lo cual las audiencias retoman el 27 de julio, una vez concluida la feria judicial.
