Audiencia 3 / Tiempo de descuento para Carlos Rico por su participación en crímenes de lesa humanidad

17-11-16 / Se dio lectura al requerimiento que contiene los hechos del Megaoperativo Rabanal, incluido el desempeño del Cuerpo de Infantería en la inteligencia, secuestros y traslados. El TOF 1 aplazó la próxima audiencia para el 1º de diciembre.

Comenzó este jueves en el sexto juicio la lectura de los requerimientos con la descripción de los hechos relativos al Megaoperativo “Rabanal”, desplegado en febrero de 1976, contra un grupo de jóvenes militantes y gremialistas. La causa -que contempla a catorce víctimas de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, ataques sexuales, robos y el homicidio y desaparición de Miguel Ángel Gil- ya ha sido analizada en otros procesos en los que se ha comprobado la responsabilidad de agentes del Ejército, del D2 y de la Justicia Federal, pero es la primera vez que dá cuenta del rol que tuvo en la inteligencia previa, en los secuestros y en los traslados el Cuerpo de Infantería, donde se desempeñaba Carlos Rico Teijeiro, quien décadas después fue funcionario del gobierno de Celso Jaque y estuvo prófugo de la justicia.

La participación de algunas de las personas que fueron secuestradas en el gremio de los empleados estatales (ATE) y su pertenencia a la Juventud Trabajadora Peronista y Montoneros, es el “elemento aglutinante”. Intervinieron conjuntamente distintas dependencias de la Policía de Mendoza, además del D2, el Cuerpo Motorizado, el Cuerpo de Infantería y la Dirección de Investigaciones. El operativo se desató tras la captura en la vía pública de Daniel Hugo Rabanal, ocurrida el 6 de febrero de 1976. Luego sobrevinieron los secuestros de Marcos Augusto Ibáñez y Rodolfo Enrique Molina; de Silvia Ontivero, su hijo pequeño Alejo Hunau y Fernando Rule, el 9 de febrero; de Stella Maris Ferrón y su hija Yannina Rossi, Alberto Mario Muñoz, Ivonne Eugenia Larrieu y la hija de ambos, María Antonia, de apenas quince días, y de Miguel Ángel Gil Carrión, todos el 10 de febrero; de Olga Vicenta Zárate, el 12 de febrero y de Guido Esteban Actis, el 20 de febrero.

Se trata de “uno de los expedientes originados a partir de las actuaciones sumariales que labraba el Departamento de Informaciones, que luego de contar con la supuesta confesión de los presos brutalmente torturados, remitía las actuaciones a la Justicia Federal de Mendoza, en el marco de la ley 20.840”. La persecución abarcó a otras víctimas que fueron consignadas como “prófugas” y que con posterioridad al Golpe de Estado fueron desaparecidas, como Jorge Vargas Álvarez, Raquel Moretti, José Rossi, Francisco Escámez, Marie Anne Erice, Miguel Membrive y Manuela Rosa Zárate, o detenidas, como María Luisa Sánchez Sarmiento y Nélida Correa de Peña. En tanto que de Joaquín Quiles, Elena Zunino de Quiles y María Cecilia Pisarello, “no se tienen datos ni información alguna”.

Las víctimas fueron sometidas al imperio de la picana eléctrica, la violencia sexual y otras torturas en el D2 y luego conducidas a la Penitenciaría Provincial, salvo Miguel Ángel Gil, quien murió a raíz de las torturas padecidas en el centro clandestino. La mayor parte de ellas fueron previamente interrogadas por el juez Carrizo en la Jefatura de Policía de calle Mitre y, más tarde, trasladadas a distintos centros de detención del país, donde sus cautiverios se extendieron por años.

Por numerosas constancias en actas policiales y judiciales de la época, aportes de jerarcas de las fuerzas de seguridad que tuvieron su grado de responsabilidad y testimonios de sobrevivientes, está acreditada la intervención directa del Cuerpo de Infantería y de Rico en, por lo menos, los violentos secuestros de Ferrón y su hija, de Larrieu y Muñóz, y de Zárate; así como en los traslados bajo golpizas y amenazas de Rabanal, Ontivero y Rule.

Rabanal, la tortura penal

Tenía 26 años, provenía de Buenos Aires, era dibujante publicista y militaba en Montoneros. Fue secuestrado el 6 de febrero de 1976 a plena luz del día mientras conducía por el centro de la ciudad de Mendoza, por personal del Cuerpo Motorizado, a cuya sede en Guaymallén lo trasladaron. El 9 de febrero fue llevado al D2 donde continuó siendo torturado brutalmente. Respecto a su permanencia en ese Centro hasta el 26 de febrero, señaló que “fue lo peor por ser testigo de las torturas de los compañeros y las violaciones a las compañeras”, y llegó a perder hasta 18 kilos. Luego de declarar ante el juez Carrizo fue trasladado a la Penitenciaría y a la U9 de La Plata. Años después recuperó la libertad. Sus aportes sobre la bestial requisa del 24 de junio de 1976 contra los detenidos en la cárcel local y sobre las torturas en “La Peluquería” han sido claves para determinar las responsabilidades que se le atribuyen al exagente penitenciario acusado en la Megacausa, Oscar Alberto Bianchi.

Ibáñez y Molinas, manos paralizadas y muerte en La Plata

Marcos Ibáñez tenía 26 años, operaba la torre de control de T.A.C., militaba en la JTP y era delegado en el SOEP. Rodolfo Molinas tenía 24 años, provenía de Santa Fe junto a su compañera María Cecilia Pisarello y los dos hijos de ambos, estudiaba Derecho y era empleado en el estudio jurídico de su padre. Ambos fueron secuestrados por policías en la casa de Ibáñez en procedimientos sucesivos. Durante alrededor de dos semanas en el D2 sufrieron torturas y picana eléctrica con graves secuelas físicas: Molinas con parálisis en sus manos e Ibáñez con una intervención quirúrgica que le practicaron al ser trasladado a la Penitenciaría. Como el resto de sus compañeros, fueron llevados a la U9 de La Plata, de donde Ibáñez no saldría con vida, producto de las torturas a las que fue sometido.

Silvia y Alejo, “las heridas incurables”

Silvia Ontivero tenía 29 años, trabajaba en la Dirección de Comercio, de la cual era delegada gremial, militaba en la JTP y vivía en calle Granaderos al 27 de la ciudad de Mendoza junto a su hijo Alejo Hunau, de cuatro años de edad, y su pareja, Fernando Rule, también militante. Fueron secuestrados durante un operativo perpetrado por personal del D2 con estrecha colaboración de agentes de la Dirección de Investigaciones y de Infantería. Los sucesivos aportes de Ontivero han sido sustanciales. Así, por ejemplo, ha relatado que “desde un principio el día de su secuestro comenzó a recibir los primeros golpes e insultos frente a su hijo. “En el camino al D2 le preguntaban dónde estaban las armas y la obligaban a mencionar el nombre de otros militantes mientras la amenazaban con no volver a ver a su hijo, amenaza que finalmente se cumplió: el padre del menor, Jorge Hunau, aprovechando la detención de su mamá y con la segura connivencia del poder judicial provincial de entonces, logró privarla de la patria potestad. Ontivero recuperó a su hijo recién once años después”.

Acerca de los ataques sexuales indicó que “tuve que soportar la violación de cuanto señor estaba de turno, varias veces al día. No solo yo, todas las mujeres”. Las violaban en su celda, salvo una vez en que fueron trasladadas todas las mujeres, las obligaron a desnudarse y allí se les practicó todo tipo de vejámenes. También consignó episodios de abortos: “junto con otra compañera abortamos en el momento de la tortura, yo estaba de aproximadamente dos meses y medio y la otra detenida de cuatro meses. Luego del aborto espontáneo se presentó una persona que dijo ser médico y que realizó en carne viva el raspaje final”. Tras declarar ante Carrizo fue trasladada a la Penitenciaría, donde fue golpeada varias veces y se le impidió la visita de su hijo, y luego a la cárcel de Villa Devoto. Recuperó la libertad en septiembre de 1982.

Rule, el D2, “ahí donde comenzó el infierno”

Fernando Rule Castro militaba en Montoneros y respecto al operativo en el que fue secuestrado junto a Silvia Ontivero y su hijo ha reconocido entre los captores a Héctor Eduardo Bravo, de la División Automotores de la Policía Provincial, y a Fernando Rozas, instructor de la Aeronáutica. Sobre su cautiverio en el D2 ha sostenido en varias oportunidades el grado de violencia extrema de los interrogatorios bajo tortura y la violencia sexual sistemática. Ha afirmado que “la parte más horrible fue la forma en que el personal usaba la violación sexual como un método de tortura porque con las palizas y la picana uno podía quedar muy dolorido pero pasa. El terror es otra cosa, es la impotencia de saber que pueden hacer con uno lo que quieren y lo que es peor, humillarlo; y la violación sexual la usaron para eso, para humillar a las mujeres particularmente y a los hombres”. Luego de veinte días en el centro clandestino siguió el mismo itinerario que los demás: declaración ante el juez federal, traslados a la cárcel local y otras prisiones del país hasta finales de 1982, donde fue puesto bajo “libertad vigilada”.

Miguel Ángel Gil, la crueldad sin fin

Tenía 33 años, era delegado gremial, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, fue detenido en su domicilio de Godoy Cruz por tres policías de la Comisaría 34º y trasladado al Departamento de Informaciones, donde permaneció hasta el 21 de febrero. El 11 de febrero figura una “indagatoria” prestada en el D2 sin presencia de abogado defensor y sin mayor formalidad. En el acta consta que “el declarante no puede firmar por tener su mano derecha afectada por intensos dolores”. Estuvo en la celda 3 y sobrevivientes como Rule refieren que “hacía varios días que no tomaba agua por lo que solicité autorización para ayudarlo a tomar agua ni podía caminar por “lastimaduras en los talones, rodillas, codo, cara…” desde el calabozo contiguo oyó que los policías refiriéndose a Gil dijeron “éste se quedó ahí´. A su vez, Muñoz explicó que “todos nos dábamos cuenta de que se estaba muriendo”, y Ontivero afirmó que “en una oportunidad hacen una pirámide, nos ponen como bolsas unos encimas de otros. Gil estaba al fondo y quedó literalmente reventado por el peso de todos nosotros”.

Ha quedado establecido que Gil murió como consecuencia de las torturas sufridas en el D2 y existe un oficio dirigido al director de la Penitenciaría Provincial por el que se “remite” al aprehendido Miguel Ángel Gil en razón de que “el mismo padece de un cuadro de insuficiencia cardíaca, producto de la infección de una vieja várice interna de su pierna”. El servicio médico del Penal, con firma de Fernando Esponda, hizo constar que “a las 0:05 hs. del 22 de febrero de 1976 ingresa en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos el Sr. Miguel Ángel Gil” y que “el paciente se encuentra en gravísimo estado”, para luego detallar que “se comprueba paro respiratorio constatándose el fallecimiento a las 0:10 hs. del día de la fecha”. El sumario, “en un verdadero alarde de cinismo”, agrega que “es necesario intensificar el control médico de los detenidos para evitar situaciones análogas”.

Zárate, un horror indescriptible

Tenía 45 años, trabajaba y era delegada gremial de ENTEL, vivía en San Martín con sus hermanas Manuela y Nilda Rosa Zárate, también como ella militantes de Montoneros y víctimas de la persecución política. El 12 de febrero estaba internada en el Policlínico de Cuyo, tras haber sido operada de su útero el día anterior y allí se asignó una custodia policial hasta el 21 de febrero, cuando una mujer ingresó a la sala, vendó sus ojos, le colocó gafas oscuras y personal de Infantería la trasladó al D2. Esa misma noche, en el interior de una celda minúscula, “un hombre comenzó a manosearla mientras le hacía preguntas, ella le indicó que estaba recién operada y él le dijo ´el que voy a gozar soy yo, no vos´. “Seguidamente la hizo parar y la penetró por el ano. También indicó que fue violada en otra oportunidad por un guardia que ingresó a su celda”. Días después fue también sumada a la pirámide humana y brutalmente picaneada. Una vez en la central policial el secretario del juzgado le comunicó que la habían encapuchado por razones de seguridad. Zárate se abstuvo de declarar.

Actis, itinerario de torturas y presidios

Tenía 25 años y era delegado gremial de la Dirección de Estadísticas y Censo ante ATE. Sufrió un intento de secuestro el 13 de febrero y una semana después dos policías uniformados se presentaron en su domicilio y lo trasladaron al D2. En sus declaraciones ha señalado, además de las recurrentes golpizas que recibió, las condiciones a las que estaban sometidos allí, sin alimentación ni agua: “más de una vez tuvimos que hacer nuestras necesidades en el interior de los calabozos porque cuando llamábamos no nos atendían y cuando venían nos golpeaban, por lo tanto a veces preferíamos no llamar”. En la Penitenciaría estuvo detenido hasta septiembre de 1978, fue objeto de torturas y vejaciones y recuperó la libertad desde la U9 de La Plata el 23 de noviembre de 1982.

Identificaciones

Al inicio de la audiencia se informó que durante los días 8 al 15 de noviembre se realizaron las identificaciones de rigor a los imputados que se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria: