30-11-17 / En la audiencia de hoy declararon Carlos Roca, exmilitante de la Juventud Guevarista, indagado por la desaparición de Daniel Moyano, y Jorge Aliste, miembro del Partido Comunista. Este último testimonio fue extenso y muy valioso en detalles. Fue la primera vez que declaró en un debate oral y público.
Aunque se esperaba una audiencia larga, solamente declararon dos personas. El abogado defensor de excomodoro Santa María no pudo asistir por problemas de salud y, por esta razón, no se avanzó con las causas de Las Lajas.
Carlos Alberto Roca fue secuestrado el 14 de mayo de 1976 en el marco del operativo de persecución a la Juventud Guevarista. Fue llevado directamente al D2, centro clandestino de detención que describió como “brutal”.
Destacó la extrema violencia física y psíquica que sufrió con sus compañeras y compañeros. Recordó, particularmente, un episodio en el que el oficial que se hacía llamar “caballo loco” golpeó bestialmente a Graciela Leda. Como Roca lo miraba mal, la sesión de golpes continuó hacia él.
Como los y las demás testigos de la Juventud Guevarista, mencionó una lista de personas con las que compartía militancia y estaban detenidas con él allí. Formaron parte de la misma causa juzgada por un tribunal militar.
Al preguntar el fiscal Daniel Rodríguez Infante por Daniel Moyano, Carlos Roca lo recordó con admiración y respeto. “Tuve la gran suerte de haberlo conocido y gracias a él haber comenzado a tener una militancia”. Ya se conocían cuando fueron secuestrados. Al ingresar al D2, el testigo aclaró que Moyano no estaba en ese lugar, pero que se hablaba de que había sido asesinado ahí mismo. Entre las personas detenidas charlaban de un calabozo a otro y comentaron que Daniel había sido secuestrado con anterioridad al resto del grupo pero ya no estaba allí.
Con convicción
Por primera vez en juicio oral y público declaró Jorge Aliste, víctima del gran operativo contra el Partido Comunista desplegado en 1980.
El día del secuestro, 28 de agosto de ese año, Aliste se dirigió en taxi al centro donde debía hacer trámites como tesorero de la fábrica en la que trabajaba. El auto que, evidentemente, era seguido, fue interceptado a la altura de la Terminal por personal uniformado de gris. Tanto él como el taxista fueron obligados a subir al otro vehículo y trasladados al edificio de Infantería, entre las calles Rodríguez y Sargento Cabral. Allí permaneció unas horas antes de ser llevado al D2, mientras que el taxista fue liberado.
Luego supo que habían allanado su domicilio del barrio Decavial de Godoy Cruz. Su esposa, también militante del Partido Comunista (PC) y embarazada, no estaba en la residencia en ese momento y tras ser avisada por los vecinos, decidió no volver. Posteriormente saldría de la Provincia. A su vez, durante el operativo detuvieron a José Báez cuando pasaba por la puerta y lo trasladaron al D2.
El testigo explicó que “vaciaron la casa”, llevándose desde zapatillas usadas hasta ollas. De hecho, llegó a ver a personal policial del D2 vistiendo prendas suyas. Por otro lado, también secuestraron documentación del PC que guardaba en su domicilio, dentro de la cual se encontraban las fichas de afiliación recabadas con fines electorales. Nunca recuperó nada de lo incautado.
En el D2 vivió cuarenta y cuatro días de interrogatorios constantes, golpizas y amenazas. Reconoció que pudo soportar los golpes “por convicción”, mientras que lo más terrible fue la tortura psicológica. Temió por la integridad de sus padres, que lo estaban buscando. Durante los interrogatorios le referían los periplos de su familia para dar con su paradero, lo cual evidenciaba que estaba siendo seguida. También explicó que sufrió úlceras en los ojos por usar lentes de contacto que no quiso ni pudo quitarse durante todo el cautiverio.
Sin embargo, aseguró que su detención y la de otras personas que “cayeron” producto de esa “gran redada” –Carmen Rey, Báez- se produjeron cuando el gobierno militar “estaba más blando” en relación a otros testimonios que escuchó luego en la penitenciaría. Citó el ejemplo de una familia entera de apellido Coria que recorrió todos los penales del país, incluso con un menor discapacitado.
A los treinta días de su desaparición, la fábrica en la que trabajaba presentó un habeas corpus ante el D2 que, sorpresivamente, fue contestado, e incluso les devolvieron a sus dueños el dinero de la empresa que Aliste llevaba consigo el día de la detención.
Días más tarde fue conducido por la noche junto con José Báez hacia la penitenciaría en el vehículo particular de un policía de investigación apodado “el ruso”. Lo describió como un hombre “macizo” y de tez colorada y mencionó que detuvo el auto frente a una casa de la calle Agustín Álvarez para avisar a una mujer que volvería en breve.
En el pabellón seis del penal se reencontró con otros militantes del PC que también habían pasado por el D2 además de Báez, entre ellos Berlanga, Castillo y Solá. La cárcel fue “como llegar a un hotel” después de las condiciones del Palacio Policial. Allí pudo ver, finalmente, a su familia y conocer a su hijo de seis meses. Sin embargo, el estado de alerta permanente en el cual vivían le impedía conciliar el sueño y aseguró que le “costó muchísimo” superar ese trauma.
También relató haber declarado en Tribunales Federales ante el exjuez Guzzo y lamentó su fallecimiento “porque tendría que haber estado en el banquillo”. Supo que fue acusado por desarrollar actividad política bajo la ley 20840. Recuperó la libertad en julio de 1981 pero él y su vivienda siguieron bajo vigilancia.
Finalmente, explicó que la empresa lo reincorporó por su buen desempeño y pudo jubilarse, cosa no menor entre quienes quedaban “marcados” y generalmente perdían sus trabajos. En relación a esto, expresó su rechazo ante un eventual intento de “ajuste” de las pensiones que reciben las víctimas del terrorismo de Estado.
La próxima audiencia será el jueves 7, a las 9.30 hs.
