08-03-18 / En la fecha declararon cuatro procesados en este juicio: el oficial del Ejército Carlos Ledesma así como los miembros del D2, Roberto Usinger, Miguel Ángel Salinas y Carlos Álvarez. Bajo la fórmula de declaración “voluntaria y sin obligación de decir la verdad” se permitieron ofrecer una versión inconsistente sobre su presunta inocencia.
DESORDENADO Y CONFUSO
Carlos Ledesma, según sus expresiones, perteneció al Ejército hasta los años ‘90. Dijo ser licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, catedrático y profesor de Derechos Humanos, aunque no precisó qué universidad le otorgó esos títulos.
Está acusado por su rol relevante en el Casino de Suboficiales cuando éste fue transformado en un Centro Clandestino de Detención que alojaba mujeres. Varias detenidas lo sindicaron como militar con mando dentro de ese lugar.
Algo exaltado comenzó jactándose de las importantes funciones que había cumplido como miembro de la Compañía de Comando y Servicios. Bajo su responsabilidad se encontraban 17 dependencias y, hasta un día antes del Golpe, había sido funcionario provincial. Paralelamente, hizo denodados esfuerzos por desvincularse de cualquier responsabilidad sobre lo sucedido con las detenidas en el Casino.
Según sus dichos, él tenía solo competencia sobre la guardia externa y ningún contacto con las mujeres. De las 36 alojadas en ese espacio, contabilizó que solo 5 dijeron reconocerlo, razón por la cual minimizó sus testimonios. Algunas de ellas lo sindicaron como el jefe o la persona que daba las órdenes, fenómeno que intentó explicar por portar el grado de oficial.
Asimismo, negó rotundamente su participación en la salvaje requisa realizada en la penitenciaría en julio del ’76. Aseguró desconocer este hecho porque estuvo a cargo de la cárcel durante 5 días después del Golpe del 24 de marzo.
Finalmente, dijo no compartir “la metodología” que se utilizaba e intentó congraciarse con el Tribunal. “Yo no abrí la boca” porque antes carecía de garantías, señaló, lanzando una señal de confianza hacia el estrado. Cerró invocando a dios para que ilumine a la Justicia y se declaró inocente del cargo de jefe de una asociación ilícita.
Dado que el imputado aceptó responder preguntas, el fiscal Daniel Rodríguez Infante, con agudeza, permitió dejar al desnudo su papel en el Casino. El “Teniente Ledesma” era el encargado de la guardia externa, toda persona que ingresara al predio pasaba por su supervisión. Preguntado por Rodríguez sobre el grupo especial que ingresaba a interrogar bajo tortura a las detenidas, dijo conocer a Pagela, pero de otro ámbito. Se escudó en el cumplimiento de órdenes de arriba para justificar su consentimiento.
Aunque en el inicio negó ser el superior de Walter Eichhorn –encargado del CCD- finalmente admitió que ese suboficial y otros cinco custodios de las presas fueron seleccionados y designados por él y, además, era quien calificaba su desempeño. Evidentemente, era su superior.
Para su descargo aseguró que solo el G2 (grupo de Inteligencia del Ejército) tenía competencia sobre lo que sucedía al interior del Campo.
Molesto por las preguntas, Ledesma contestó con prepotencia, en voz alta, revoleando el dedo índice. Recordando su pasado tuvo expresiones como “no soy un genuflexo (ni) ningún arrepentido”. Se reconoció como sobreviviente de una guerra de carácter ideológico.
Sí, pero no
Roberto Usinger estuvo enrolado en Infantería de la Policía de Mendoza donde se desempeñó como ordenanza y estafeta; entre 1979 y 1983, fue transferido al D2. Allí ofició de escribiente, en la guardia. Era el encargado de registrar la entrada y salida de personas al Departamento de Informaciones.
Reconoció y recordó a los exdetenidos que lo acusaron: Cascarano, Aliste, Straniero, Pérez. Brindó sus nombres de modo amistoso, como sorprendido por su señalamiento. Su mayor empeño fue destacar que no perteneció a “algún grupo dentro del D2”, no hizo cursos (antisubversivos) ni participó de los “traslados”.
Comenzó relatando cómo se manejaba la llave de los calabozos y adjudicó su administración al suboficial Gómez. Además involucró a Oyarzábal como responsable del lugar (ambos fallecidos).
El procesado aceptó responder preguntas de las partes. Así admitió que el D2 estaba aplicado a las detenciones por razones políticas; “era un laberinto” con muchas oficinas y en él trabajaban entre 70 y 80 personas. Recordó que, a sus espaldas, funcionaba la “sala de operaciones” que contaba con un mesón y sillas, la que suponía estaba recubierta de tergopol porque se podía escuchar lo que sucedía adentro, dicho esto en velada alusión a una sala de tortura.
Las órdenes las impartían los oficiales superiores y destacó a Fernández, quien hablaba con acento aporteñado; mientras que la atención médica de los detenidos estaba a cargo del doctor Masnú, entre otros.
Finalmente, confirmó que un “grupo especial” llevaba a los trasladados. Sin embargo, por su rol de guardia, a cargo del libro de novedades, Usinger dijo sentirse alejado de las responsabilidades por lo sucedido en el D2.
Engranajes necesarios
Miguel Ángel Salinas era un informante del D2. Había llegado como carpintero para realizar trabajo dentro de la dependencia y quedó enganchado. Desde mayo de 1976 se incorporó a la sección Reunión de Información aunque nunca recibió formación policial. Además, fue custodio del gobernador Sixto Fernández y enviado a casas particulares con igual finalidad.
De aspecto apacible, con voz fina y tono complaciente fue respondiendo las preguntas de la Fiscalía tratando de minimizar la envergadura de su tarea. Comenzó relatando que iba a reuniones o asambleas de clubes, partidos o lugares públicos; luego admitió que recogía el nombre de quiénes participaban y qué se trataba en la reunión. Finalmente, volcaba los datos obtenidos en un informe que elevaba a su autoridad. En base a ellos se confeccionaban o enriquecían los legajos de las personas fichadas en el D2. No recordó quién le indicaba dónde debía asistir, ni quién daba las órdenes.
El fiscal Daniel Rodríguez le pregunto a Salinas si sabía a qué se dedicaba el D2 pero el acusado se hizo el desentendido. En relación a las detenciones dijo que se había enterado por los diarios. En cuanto a su conocimiento sobre las organizaciones subversivas, según su versión, se remitía a levantar los panfletos del ERP o Montoneros que estaban en las calles.
Salinas, un carpintero sin formación policial, devenido en soplón, trató de escurrirse ante cada pregunta de la Fiscalía. Al escuchar “¿torturaban en el D2?”, respondió: “según dicen se torturó. No me consta”.
Carlos Faustino Álvarez declaró al finalizar la jornada. El imputado realizó, en principio, una somera descripción de su paso por la Policía de Mendoza disponiéndose luego para responder preguntas. Relató su ingreso en 1973 como agente cuando revistó en Infantería, siendo transferido en 1974 al Departamento de Informaciones D2 en el que se desempeñó hasta 1988. Realizó en esa fecha un curso de Cabo, retirándose en 1991 / 1992, no estaba seguro.
Su tarea para Informaciones, en el sector Archivo, consistía en proporcionar recortes de diarios de diferentes temas como Política, Gremiales, Sociales, Estudiantiles, que eran entregados a las diferentes “mesas” identificadas por cada tema. Llevaba legajos y un libro de evolución de prontuarios. Nombró a Rondinini como uno de sus jefes, también a Sánchez Camargo y Oyarzábal (todos fallecidos).
Ante las preguntas del fiscal Rodríguez Infante, el acusado respondió que no sabía nada fuera del movimiento del sector de archivos, que no había ninguna diferencia entre la tarea de “Archivo” y de “Análisis de Información”, área a la que se dedicó, según su legajo, a partir de 1978. Se trataba de la agrupación de información en diferentes tipos que se entregaba a los jefes cuando querían saber algo de personas o reuniones políticas, gremiales, sociales.
Cuando el fiscal Vega le recordó que luego del Golpe de Estado de 1976 se prohibieron las actividades políticas y gremiales y aún sociales, y preguntó de dónde recopilaban la información que no salía en diarios, Álvarez no supo qué responder. Afirmó que los jefes le pedían informes de lo que políticos y gremialistas realizaban antes del Golpe.
También respondió que sí sabía que había detenidos en el D2 pero ellos trabajaban de oficinistas, que nunca fue a los calabozos, estaba prohibido, ni hizo tareas fuera del palacio policial, salvo cuando fue chofer muy corto tiempo, después de 1988.
«¿Por qué hay víctimas que lo mencionan?», preguntó el fiscal. Álvarez indicó que eso podía ser solo en caso de que un detenido hubiera pasado por la guardia y lo hubiera visto y repitió la prohibición de acercarse a los calabozos. Agregó que no tenía conocimiento de que se efectuaran interrogatorios, ni de qué se trataba la “comunidad informativa”. Tampoco conocía si había algún vínculo entre el D2 y otras dependencias o conexiones entre la labor del D2 y el fenómeno “subversivo”. “Yo era el último perejil del tacho”, señaló.
La próxima audiencia será el 22 de marzo cuando se transmitan, por videoconferencia, las declaraciones de los acusados que viven en Buenos Aires.
