22-03-18 / Desde la sede del TOF N°2 de San Martín, Buenos Aires, Juan Carlos Santa María, José Luis Mirotta y Marcelo León hicieron una ampliación de sus respectivas declaraciones. En todos los casos intentaron desvincularse de los delitos que se les endilgan y afirmaron no haber participado de la represión política. “Soy inocente”, fue la expresión más escuchada en esta jornada.
El presidente del Tribunal, Daniel Cisneros, optó por hacer comparecer en su jurisdicción – Tribunales Federales de San Martín- a los detenidos en Buenos Aires que quisieron declarar. Asistido por la secretaria del Tribunal, Natalia Suarez, y por videoconferencia, se pudo escuchar a los imputados. Mientras, las partes y el público, seguían las alternativas de la audiencia desde la Sala.
Al inicio, el defensor de Santa María, Carlos Benavidez, pidió incorporar nueva prueba. Se trata de un libro de la Fuerza Aérea en el que están registrados los conscriptos que ingresaron en 1977, a fin de interrogar a otros soldados de esa clase.
El peso de las evidencias
Juan Carlos Santa María hizo denodados esfuerzos por mantenerse alejado de los sucesos del año 77 y de la represión clandestina. Describió la dinámica interna de la IV Brigada como si nada pasara en el país ni la unidad estuviese afectada a la “lucha antisubversiva” dispuesta desde sus altos mandos. Se atuvo a lo oficialmente transmitido o dibujado.
Aviador militar de origen entrerriano, habló de sus habilidades para pilotear aviones caza y su exigua experiencia con los viejos Douglas, utilizados para transporte de carga, en los que presuntamente se habrían realizado los traslados de los detenidos ilegales. Durante el periodo en cuestión se desempeñó como copiloto por su impericia, aseguró.
Empezó señalando que nada tuvo que ver con el secuestro y desaparición de Mauricio López porque él no se encontraba en la Provincia los primeros días del 77. Fue trasladado de Comodoro Rivadavia a Mendoza el 15 de diciembre de 1976 y se presentó en su destino el 18 de enero. También indicó que a fines del 75 había hecho un curso de Inteligencia a desgano porque éste le restaba horas de vuelo.
El imputado señaló que revistó en el Escuadrón Tropa, fue jefe de la Policía Militar y de la División Inteligencia de la IV Brigada. Según su versión, esta División se dedicaba a la seguridad interna mediante la asignación de santo y seña, la acreditación de los soldados y otras tareas administrativas. Trató de desmentir cada uno de los cargos que pesan sobre él con argumentos bastante pobres. Con respecto al profesor López, remarcó que “ya tenía antecedentes». La misma expresión utilizó para el testigo Ferraris y agregó que ambos tenían legajo en San Luis.
Asimismo, repasó dichos de los testigos que lo incriminan ofrecidos por la fiscalía. Se dedicó a desacreditar las declaraciones de José Flores por inexactitudes en las fechas o por confundir su apellido, mencionándolo como “Santamarina”. Protestó contra Emilio Luque porque estuvo sólo un día en el campo Las Lajas y testimonió dos veces. Cargó particularmente contra Mario Venditti a través de la lectura de un informe médico que describe trastornos psicológicos.
Su extensa declaración estuvo colmada de inferencias, de cuestiones implícitas no mencionadas, por todos sabidas, pero que el imputado se habría propuesto no mencionar.
Después del cuarto intermedio
Santa María aceptó preguntas de la Fiscalía, oportunidad en que Daniel Rodriguez Infante, con perspicacia, develó algo de lo no dicho y las contradicciones. Así, el imputado señaló que la Policía Militar no participaba de operativos fuera de la unidad; sin embargo, el fiscal leyó las disposiciones de un Reglamento Reservado de la Fuerza Aérea que, entre otras disposiciones, determinaba la participación de esa dependencia en las detenciones.
Al interrogarlo por su condición de jefe de la División Inteligencia, se excusó diciendo que él se dedicaba a la formación de los soldados; las tareas las realizaba el suboficial Silva quien “nunca fue imputado”, destacó. Su presencia en esa División era de carácter burocrático y sólo pasaba para firmar. Presionado por las preguntas indicó que la Regional de Inteligencia de la Fuerza Aérea era la que se ocupaba de la “seguridad externa” y participaba de la Comunidad Informativa pero se inhibió de mencionar la lucha contra la subversión.
Santa María admitió que el oficial Padorno y su subordinado, Armando Carelli, estaban en comisión en esa dependencia. Para atenuar la responsabilidad de sus camaradas de arma señaló que el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército era la columna vertebral de la represión en Mendoza y, sin embargo, sus integrantes no llegaron a juicio porque se profugaron.
Finalmente, el fiscal puso de relieve la existencia de una planilla de registro de la Fuerza Aérea en la que está indicado que Santa María cumplió 36 horas de vuelo desde febrero a octubre del 77. En ella están consignados los meses que no voló. Quedó flotando la incógnita sobre los períodos en que sí voló, dónde fue y qué aviones piloteó. El dato es altamente significativo ya que el testigo Flores señaló que siendo conscripto, en agosto o septiembre de 1977, presenció el desembarco de personas vendadas y atadas que bajaron de un avión junto a Santa María y Carelli. Para su descargo apenas respondió que él redactó un informe en el que señaló que cubrió sólo 11 horas de vuelo.
Santa María aseguró que no conoció Las Lajas a pesar de que este era el campo de tiro de la IV Brigada Aérea. Concluyó su exposición como la inició, declarando ser inocente.
La federal
Dos miembros de la Policía Federal son acusados por los asesinatos de Amadeo Sánchez Andía, en junio de 1975, y de Víctor Romano Rivamar, en marzo de 1976. El primero era estudiante de la Escuela de Comunicación y fue hallado fusilado en Canota. El segundo era empleado judicial y apareció muerto más de 40 días después en Maipú.
José Luis Mirotta empezó su declaración indagatoria aclarando que él no fue responsable de los hechos por los que se lo acusa. Para la época de los casos juzgados él era “un oficial subalterno” de esta fuerza. Explicó que los jefes eran Fenochio, Barrozo, Zúcaro. Él, junto con otros, no tenían cargos jerárquicos. El imputado, que refirió al golpe de Estado como “derrocamiento de la presidenta”, sostuvo que su procesamiento de 2012 se basó en un error del fiscal.
Aclaró incluso que hace poco se dio cuenta de que en el año 1976 él estuvo en Buenos Aires desde el 1 de febrero hasta julio. Había viajado para hacer un curso que se interrumpió en abril, momento en el que empezó a prestar servicios en la División Delegaciones de la Superintendencia del Interior. Nunca pudo realizar tal capacitación porque en julio le avisaron que no se retomaría sino que se suspendería el curso. Así intentó liberarse de los cargos por el asesinato de Romano Rivamar. Sin embargo, esta coartada no lo libera de cargos respecto de la muerte de Sánchez Andía, a mediados de 1975. Respecto de esto aclaró que “a este subversivo peruano” no lo vio nunca. No fue parte de la patota (sic) que le dio la muerte. No dio más argumentos ni pruebas sobre este punto.
Marcelo León declaró que ingresó a la Policía Federal en 1970. El curso de formación duraba dos años. Sin embargo, se suspendió antes y en 1971 egresó como subayudante, cargo que cumplió durante 1973 y 1974 en distintas reparticiones.
En 1975, a los 24 años, fue trasladado a Mendoza como subinspector oficial de Servicio, cargo que desempeñó hasta julio de 1976: “Yo era el último de los oficiales”. Tenía entre sus tareas el cuidado de la delegación cuando los jefes no estaban, el mantenimiento de la seguridad y el control de los ingresos y egresos del personal. “Yo era un che pibe en la delegación”.
En teoría le tocaba trabajar “24 por 48” horas, pero aseguró que esto nunca se cumplía: pasadas las veinticuatro horas lo mandaban a colaborar en las distintas oficinas de la delegación: Administración, Documentación, Inteligencia. Respecto de esta última, explicó que su trabajo consistió en hacer partes y “explotación de prensa”. Es decir, leer los diarios y seleccionar información para enviar al comisario y/o a Buenos Aires, para que estuvieran enterados de todo lo que pasaba en Mendoza. Sin embargo, resaltó que su rol fue únicamente la transcripción, como un simple escriba. Ante la pregunta de la fiscalía sobre el contenido de los partes, León indicó que se comunicaban problemas del ámbito político, gremial o estudiantil a las “mesas” encargadas –que luego conformarían Divisiones-, pero que de ninguna manera se trató de información antisubversiva. Según el imputado, “hacer inteligencia es explotar la información” que se encuentra en la prensa.
Además, sostuvo que nunca salió a la calle para realizar ningún operativo porque los comparendos y detenciones le correspondían a la Oficina de Inteligencia, cuyas autoridades eran Alex, Boca y Palo. Entre los subalternos mencionó a Duarte y Amaya. Agregó que en la delegación también prestaba funciones personal de Buenos Aires que era destinado a esta repartición como auxiliar de Inteligencia, pero dijo desconocer los nombres.
Explicó que en julio de 1976 viajó a Buenos Aires a realizar el curso de instrucción de la Federal que le permitió ascender a inspector en 1977. En ese momento regresó a Mendoza como responsable de la Brigada.
Sobre Carmelo Cirella y su denuncia, León explicó que durante 1975 trabajaba como radio operador. Lo consideró un “mentiroso” que actuó con resentimiento porque “no lo sacaron de la cárcel”. Supo que la Policía Federal le inició un sumario administrativo, pero no llegó a verlo porque a él le tocó trasladarse a Buenos Aires a mediados de 1976 para el mencionado curso.
La próxima audiencia será el jueves 5 de abril a las 9.30.
