Audiencia 54 / Incorporación de prueba

05-04-18 / Durante la jornada de hoy se discutió la incorporación de prueba como instancia previa al comienzo de los alegatos. La Fiscalía solicitó añadir las declaraciones testimoniales anteriores de aquellas personas que por fallecimiento u otros impedimentos no pudieron comparecer en la instancia oral y pública. El abogado defensor del Comodoro Santa María, Carlos Benavidez, insistió con la ya rechazada propuesta del libro de conscriptos de la Fuerza Aérea.

En primer lugar, respecto de las personas que brindaron testimonio frente al Tribunal a lo largo del juicio, la Fiscalía se comprometió a sistematizar las fojas y audiencias de los casos en que hubiere declaraciones previas para acordar con la Defensa aquellas que serán incorporadas.

Luego, se leyó la lista de testigos que fallecieron con posterioridad al ofrecimiento de prueba del Ministerio Público Fiscal. El juez Daniel Cisneros dispuso la introducción de sus declaraciones anteriores según lo previsto por el artículo 391 inciso tercero del Código Procesal Penal con las correspondientes actas de defunción.

Asimismo, el fiscal Rodríguez Infante solicitó la incorporación de las testimoniales precedentes de personas que no pudieron presentarse a declarar personalmente o por videoconferencia y que fueron abordadas por el Equipo de Acompañamiento. Para estos casos, Cisneros concluyó que bastará el certificado o informe elaborado por dichos profesionales para incluirlas como prueba.

Se trató también el caso del actual cónsul de Chile en Kenia, Hernán Brantes Glavic, citado como testigo fundamental en la causa de la detención de Oscar Miguel Pérez. El tribunal aceptó incorporar las declaraciones anteriores debido a las complicaciones de comunicación.

Sobre los testimonios de Beatriz Eloísa Paris y Jorge Antonio Capella, la Fiscalía explicó que no fueron citados por problemas de salud que ambos testigos ya habían manifestado en juicios realizados en otras provincias y solicitó al Tribunal que reclamara los certificados correspondientes para proceder a considerar sus declaraciones anteriores.

Por último, amparándose en la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio Público evitó citar nuevamente a Susana Porras con la intención de no revictimizar a la testigo, por lo cual solicitó incorporar sus declaraciones previas.

El último pedido de la jornada estuvo a cargo del abogado defensor de Santa María, Carlos Benavídez, quien discutió la negativa de la Fiscalía a considerar como prueba un libro brindado fuera de tiempo por la Fuerza Aérea. El documento contiene el listado de los cien conscriptos que realizaron el Servicio Militar Obligatorio en dicha fuerza durante el año 1977. La propuesta del abogado es citar a cierto número de exconscriptos, elegidos al azar, en un claro intento por desmerecer el contundente testimonio de Flores Tejada que compromete a su defendido. En palabras de Benavídez, “es para corroborar si lo que dice Flores Tejada es verdad o no”.

Rodríguez Infante explicó las razones que tuvo el Ministerio Público Fiscal para rechazarlo: no puede considerarse prueba “novedosa” porque ya estaba contemplada en otra causa contra la Fuerza Aérea que se ofreció en este juicio; el pedido llega fuera de tiempo, la defensa tuvo oportunidad de solicitarlo desde el año 2012 e incluso durante la etapa de Instrucción; no es “útil”, “la valoración de una testimonial no depende de la declaración de otros testigos”, afirmó el fiscal detallando que ni aún declarando 100 personas se llegaría a la supuesta “verdad real” que pretende el defensor; además, los conscriptos pueden no haber presenciado el hecho o directamente haber fallecido; el defensor está valorando un testimonio, lo cual es propio del alegato; y, fundamentalmente, es una clara apuesta dilatoria en la etapa final del proceso.

El tribunal debe tomar una decisión sobre este punto.

La audiencia continúa el 6 de abril a las 9.30 hs.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.