18-05-18 / Después de abordar la última causa que involucra al D2, la Fiscalía inició un sólido alegato para demostrar el compromiso de la Fuerza Aérea en la represión ilegal. También fundamentó la responsabilidad del imputado Juan Carlos Santa María en relación a la desaparición forzada del profesor Mauricio Amílcar López e hizo un repaso de lo acaecido en el campo Las Lajas.
Causa Straniero
El fiscal Daniel Rodríguez Infante concluyó su alegato sobre la responsabilidad del D2 con el análisis de la responsabilidad de Roberto Usinger por lo acontecido con los hermanos Pedro y Marcelo Straniero.
Pedro Straniero era estudiante de Filosofía y Letras y bibliotecario. Se trasladó a Panamá con una beca de estudios, oportunidad que aprovechó para reunir libros de su interés.
Los hechos comienzan con una requisa de la Policía Aeronáutica por el hallazgo de “material de corte marxista” perteneciente a Pedro Straniero, quien había ido a retirar un envío de 500 libros despachados desde Panamá. En ese momento lo acompañaba su hermano Marcelo. La novedad fue reportada al D2 y los hombres resultaron aprehendidos en el aeropuerto el 13 de abril de 1981.
Ambos fueron transportados al D2. Allí fueron vendados e interrogados con violencia. Tres días después, Marcelo fue liberado.
Pedro Straniero pasó a la penitenciaría el 22 de abril. Fue acusado por infracción a la ley 20.840 y un mes después intervino la justicia federal, que lo sobreseyó otorgándole la libertad en julio del mismo año.
Tiempo después, Pedro Straniero reconoció a uno de sus carceleros, Roberto Usinger, quien tenía un puesto en la plazoleta Alem.
En este juicio, el policía está imputado por 15 víctimas detenidas en el D2, a partir del ‘79 y en los ‘80. Se trata de Oscar Pérez, los apresados/as por su vínculo con el Partido Comunista y los hermanos Straniero.
Según el legajo de Roberto Usinger, fue agente del D2 entre octubre de 1978 y 1983. Se desempeñó, alternativamente, en Reunión de Información y como escribiente en esa sección.
En su declaración, el agente reconoció haber atendido a los detenidos en los calabozos cumpliendo a órdenes de sus superiores. Mencionó a su jefe López así como a Oyarzabal y Gómez, ambos fallecidos. Aseguró no haber realizado traslados aunque quedó demostrado que fue el encargado de llevar al detenido Aliste a la penitenciaría.
Trató de minimizar su rol aunque por el solo hecho de ser custodio le cabe la coautoría funcional por división de roles, resaltó el fiscal.
Por ello, Roberto Usinger está acusado de
- Privación abusiva de la libertad agravada en 14 casos
- Privación abusiva de la libertad (en el caso de Marcelo Straniero)
- Tormentos agravados en 15 casos
- Abuso deshonesto por 3 hechos
El rol de la Fuerza Aérea
El fiscal general, Dante Marcelo Vega, hizo una ilustrativa introducción para contextualizar el lugar que ocupó la Fuerza Aérea en el esquema represivo del terrorismo de Estado.
“La Fuerza Aérea fue tan eficaz que nos enteramos tarde” dijo Vega, en referencia al sigilo con que actuó, casi sin dejar rastros. La primera denuncia recabada por la Fiscalía fue en 2004, por el testimonio del sobreviviente Horacio Ferraris.
Con anterioridad el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) venía sosteniendo la existencia de un campo de exterminio en los dominios de la Fuerza Aérea (FA) que localizaba en el campo Las Lajas.
Efectivamente, la puesta en marcha de los decretos de octubre de 1975 otorgó a las Fuerzas Armadas la potestad para ejecutar las medidas que fueran necesarias para la eliminación de la “subversión”. Como es sabido, los militares adoptaron el esquema represivo de la Escuela Francesa para cumplir su cometido.
Estos decretos fueron el preludio del Golpe Militar del 24 de marzo. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del país gobernando mediante una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres armas. De tal manera que cada una contaba con el 33% en el reparto del poder. La estrategia era involucrar al conjunto y la Fuerza Aérea, sin lugar a duda, cumplió su papel en la distribución de tareas.
A la vez, en la planificación de la represión, el Consejo de Defensa le confirió a cada fuerza, la responsabilidad de emitir las directivas pertinentes. Así como el Ejército diseñó la 404/75 denominada la Peugeot, la Aviación emitió la propia, llamada “Orientación”.
Está sobradamente demostrado que la modalidad adoptada consistió en un esquema público de represión y, en paralelo, otro clandestino e ilegal. En ambas modalidades las fuerzas armadas emplearon a sus propios hombres, locaciones y logística. También, utilizaron sus instalaciones como Centro Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio.
La relativa relevancia de la Fuerza Aérea en la faena se debió a que es el arma con menor número de efectivos. Sin embargo, un informe del Ministerio de Defensa, desclasificado en 2014, develó que a la FA se le asignó la Subzona 16° en el Oeste de la provincia de Buenos Aires, (que contó con el conocido CCD “Mansión Seré”) en las localidades aledañas al aeropuerto de Morón.
La fuerza contaba con un Comando de Operaciones Aéreas (COA) que, a su vez, estaba a cargo del Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI) ocupado, específicamente, de la lucha contra la subversión. Asimismo, el mencionado informe indica que la IV Brigada Aérea estaba a cargo de una subárea para idéntica tarea.
Así lo confirmó el Gral. Jorge Maradona en su declaración ante la Cámara Federal, en 1986. Entonces, señaló que la Aviación debió tener un Lugar de Reunión de Detenidos (LRD) en la zona circundante a la base aérea. La misma versión proporcionó el jefe del G2 del Ejército, Orlando Dopazo, en su declaración.
Por ende, es coherente inferir que la Fuerza Aérea contó con centros clandestinos. De hecho, se pudo constatar que en un cine, que estaba en un hangar, hubo personas detenidas en fecha próxima al Golpe del 24 de marzo. Sin embargo, el campo Las Lajas fue el escenario de mayores crímenes.
Los juicios debatidos en Mendoza demostraron que la comisaría 16° y 17° de Las Heras se reportaban a la Fuerza Aérea y sus efectivos participaron en varios operativos de secuestro y desaparición de personas. También es sabido que tenían representantes en la Comunidad Informativa donde convergían todas las fuerzas para la toma de decisiones en el “aniquilamiento de la subversión”.
Las víctimas de Las Lajas
Fue el fiscal Daniel Rodríguez Infante quien se encargó de detallar las causas de las víctimas de este juicio. Aclaró en la introducción que por apartamiento o fallecimiento de los imputados no se puede continuar la acusación por los hechos cometidos contra Emilio Luque Bracchi. Sin embargo, en compromiso con la reconstrucción histórica y como soporte de las demás investigaciones, se explayó.
Luque tenía 20 años, estudió Ciencias Agrarias y después Geología en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Allí compartía la pensión con el militante peronista Sandro Santana Alcaraz, con quien él liga su secuestro. Luego de ser expulsados de la universidad, Emilio vuelve a Mendoza el 28 de octubre de 1976. Horas después se lo llevan detenido y, aunque se encontraba imposibilitado de ver, pudo identificar con precisión el camino de tierra y el arribo a Las Lajas. En 1995 remitió una carta al presidente de la Nación anoticiando este secuestro y reclamando la indemnización por su detención.
Horacio Oscar Ferraris tenía 24 años y militaba en la Juventud Peronista. Vivía en San Luis, lugar desde donde fue secuestrado el 24 de junio de 1977. Por declaraciones judiciales y extrajudiciales suyas se puede acreditar la fecha y su destino. Inmediatamente fue trasladado al campo Las Lajas en Mendoza. Estuvo allí hasta agosto de ese año.
Es un sobreviviente cuyo testimonio resulta fundamental para el reconocimiento del lugar, tanto para su descripción física como para su reconstrucción como centro clandestino de detención. Para llegar había que transitar un camino de tierra y atravesar una tranquera. En un primer momento fue introducido en una carpa donde lo torturaron salvajemente un día entero. Luego estuvo una semana en un lugar similar pero más grande que también tenía piso de tierra. Finalmente, lo llevaron a una construcción de chapa donde compartió cautiverio con tres hombres más: uno que no recuerda, otro con la pierna enyesada a causa de una herida de bala y uno mayor que le dijo ser rector de la UNSL. Si bien no pudo identificar al primero, fueron tan elocuentes las descripciones de Ferraris que, aún en ausencia de prueba documental, se pudo afirmar que los otros dos eran Osvaldo Zuin y Mauricio Amílcar López, respectivamente.
Sobre el lugar, relató además que “salían y entraban vehículos” que “llevaban y traían gente”. En “bajar al pueblo”, como decían los guardias, se demoraban aproximadamente media hora. La descripción de Vivian Acquaviva, también sobreviviente de este CCD, coincide plenamente. Un rancho, sin luz y con piso de tierra. Por fotos, luego, reconoció la entrada al sitio.
Horacio Ferraris presentó una denuncia en 2004 y, en instrucción, elaboró un croquis de Las Lajas. Nadie había concurrido al lugar hasta ese momento. El juez dispuso la inspección y el dibujo elaborado en esa ocasión coincidió sustancialmente con el del testigo. El relato del soldado Ruggeri, quien guió en ese momento, ratificaba las menciones del denunciante.
No se sabe con exactitud qué día ingresó Mauricio Amílcar López al campo Las Lajas. Tenía 58 años de edad cuando fue secuestrado el 1 de enero de 1977. Su sobrino vio, desde el techo, cómo se lo llevaban, en un Ford Falcon, guardias y personas con traje militar. López era un hombre reconocido, había integrado el Consejo Mundial de Iglesias y fue el primer rector de la UNSL.
Una carta, manuscrita por la víctima según reconocieron sus familiares, despachada desde Chile el 4 de enero de 1977, menciona que está ausente pero bien tratado y alimentado. Como remitente figuraba la sigla AADAL (Asociación Anticomunista de América Latina), en un intento más de las FFAA de atribuir los hechos ilegales a organizaciones paramilitares.
La inexistencia de certezas sobre el paradero de López después de su secuestro implica un “déficit en términos de reconstrucción histórica pero no afecta a la atribución de la responsabilidad penal a los culpables”, precisó Rodríguez Infante. El testimonio de Horacio Ferraris evidencia que Mauricio López y Osvaldo Zuin estaban en la casa de chapa cuando él arribó. Ellos no tenían vendas en los ojos, circulaban por el lugar y lo conocían bastante bien. Además, cuidaban de él y preparaban la comida y el café de quienes los custodiaban.
Son múltiples los testimonios que pueden acreditar el secuestro e itinerario de detención de Héctor Osvaldo Zuin. Meschiatti, Denaro Hernández, Sallei Mellado, Carreras, Ferraris. La víctima se fue de Mendoza a fines del ‘76 o principios del ‘77 y se vio con una amiga en enero de ese año en Córdoba.
Teresa Meschiatti declaró haber visto a “Horacio”, como le decían, en el centro de detención La Perla. Contó que era un exseminarista y estaba herido de bala en una pierna. Sin embargo estaba contento porque sabía que lo trasladarían a su provincia. Por las características físicas y las circunstancias que contó Ferraris, Osvaldo Zuin fue parte del grupo de cuatro hombres que estuvieron alojados en esa construcción de chapa en Las Lajas aunque no se sabe cuándo ingresó.
María del Carmen Marín vivía en Buenos Aires y estudiaba Bellas Artes. Militaba en la Juventud Peronista y, preocupada por su destino, vino a Mendoza en las vacaciones de invierno. Fue secuestrada diez días después de llegar a la Provincia, con 23 años. Durante el tiempo que estuvo acá le fueron enviadas cartas escritas en código, advirtiéndole que corría peligro. El 27 de julio llegó un compañero de Buenos Aires apodado “tucumano” que le dijo a la madre de María del Carmen que tenía una pastilla de cianuro para su hija por si eran capturados. El chico era Juan Ramón Fernández.
Esa noche tuvieron una reunión familiar con este hombre y discutieron largas horas cuál sería la mejor decisión para proteger a María del Carmen. Ella y Fernández salieron a tomar un café y no volvieron más. Fue el Equipo Argentino de Antropología Forense quien le informó a la familia Marín que Ricardo Cabello, un sobreviviente de El Vesubio, declaró haber visto a Fernández en ese centro clandestino. El Tucumano le relató su detención en la estación de Mendoza, con una compañera “rubiecita”.
Horas más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, fueron a buscar a Carlos Marín, su padre, quien vivía con su hermana. Le preguntaron por las cartas de su hija y lo secuestraron.
El testimonio de Horacio Ferraris esclarece el operativo. Una noche a fines de julio trajeron a Las Lajas a una pareja. El joven fue atado a un mástil y salvajemente torturado. La mujer, para evitar esa suerte, tomó una pastilla de cianuro y se suicidó. Los perpetradores la patearon después de muerta con bronca por no haber podido torturarla. Los efectivos salieron y volvieron horas más tarde con el padre de la chica. Desde ese momento no se tuvo más noticias sobre Carlos y María del Carmen Marín. Juan Ramón Fernández, en cambio, fue trasladado con Ferraris en un avión. Este último fue dejado en Córdoba y el primero siguió viaje. Fue visto por última vez en El Vesubio y el hecho está confirmado por la sentencia de la causa de ese centro clandestino, de marzo de 2015.
testimonios
Además de la ya mencionada carta enviada por Luque al presidente en 1995, primera mención sobre Las Lajas, dos años más tarde relató su detención en este CCD ante la Legislatura de Mendoza. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició una investigación en calidad de querella. En Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, representando a la familia de Mauricio López, insistió con su elevación a juicio.
La Fuerza Aérea respondió a la justicia a través de un informe realizado por el comodoro Puig en 2004. Allí se explicaba la compra y donación del predio en la década del ’40. Según el texto, funcionó como campo de tiro y adiestramiento hasta su intervención para las pericias judiciales de 2004, con excepción del intervalo 1976-1982, cuando se suspendió su uso a raíz de un accidente.
Además de los testimonios de los tres sobrevivientes, la extraña muerte del conscripto José Dimódica arrojó información sobre el CCD. La familia del joven soldado que realizaba la guardia en Las Lajas refirió los relatos escuchados del propio Dimódica respecto de camiones con gente y un pozo donde se oían personas. Estos comentarios y la muerte en una situación dudosa cubrieron de sospechas a la Fuerza Aérea.
Calificaciones legales
Por esta causa están imputados Paulino Enrique Furió y Juan Carlos Santa María, este último exclusivamente por el caso de Mauricio López.
En primer lugar, Rodríguez Infante sostuvo que todos los sobrevivientes fueron sometidos a sesiones tradicionales de tortura (desnudez, tortura con picana sobre una mesa, golpes y violación en el caso de Vivian Acquaviva). También hay certezas sobre algunas de las personas desaparecidas por el testimonio de Ferraris (oyó cómo torturaron a Juan Ramón Fernández y Carlos Marín). Más allá de esto, las condiciones de detención, el conocimiento de la tortura ajena y el régimen de reclusión configuran por sí mismos el delito de tormentos.
La muerte de María del Carmen Marín por ingesta de pastilla de cianuro mereció una reflexión sobre la responsabilidad por homicidio. Para la Fiscalía, la víctima no optó libremente por el suicidio sino como alternativa para evitar padecimientos posteriores que se presentaban como certeros (la tortura que ya habían descargado sobre su compañero). Por lo tanto, fue obligada a infringirse una autolesión y los responsables de ponerla en esta encrucijada deben ser considerados autores mediatos de su muerte. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia de una causa de la ESMA.
La prioridad de la inteligencia
Según el Ministerio Público, estos hechos y sus imputados llevaron a investigar por primera vez en profundidad la tarea de inteligencia de las Fuerzas Armadas, como se hizo con la policía y el D2 en juicios anteriores. El interés es determinar qué rol jugó la Fuerza Aérea en particular, dado que Santa María era el máximo jefe de inteligencia de la IV Brigada.
Este tramo del alegato comenzó analizando la normativa general que trazó las directrices de las actividades de inteligencia para las tres fuerzas, antes y después del Golpe Militar. Entre ellos, la “Directiva del Consejo de Defensa” (1975), los reglamentos sobre “Organización y funciones de los Estados Mayores”, “Instrucción de lucha contra guerrillas” (1969), “prisioneros de guerra” (1969) y “operativos contra fuerzas irregulares” (1970). Además de documentos reservados y secretos como “Unidad de inteligencia” (1973).
De su lectura se desprenden los objetivos de la inteligencia y su instrumentalización: obtener información sobre el aparato político administrativo del enemigo, crear inestabilidad constante para las organizaciones, eliminar o desalentar el apoyo hacia las mismas, identificar integrantes, entre otros. El jefe de inteligencia es el primer miembro del Estado Mayor y las máximas autoridades de las unidades abocadas a esta tarea son responsables de conducir los interrogatorios. Además, explican la existencia de órdenes personales y verbales y la destrucción de documentación relacionada con esta función.
Esto demuestra que la inteligencia fue una tarea prioritaria, cuyos jefes recibieron formación especializada y cuyos procedimientos estaban preestablecidos por las máximas autoridades militares.
La audiencia con el cierre de las acusaciones y el comienzo de los alegatos de la querella será el viernes 1 de junio a las 9.30.
