09-11-2012 | Dio su versión sobre los hechos que se le imputan en torno a los secuestros y desapariciones de Ramos e Iturgay, el ex agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza, Fernando Morellato. En su declaración mostró fisuras, contradicciones y revelaciones incriminatorias respecto al aparato represivo del Estado en Mendoza. Testimonios cercanos y militantes en relación a Blanca Santamaría y a Rodolfo Vera.
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María Rosario Carrera -Mariú- testimonió en el anterior juicio en relación a las desapariciones de su compañero y de su hermano, ahora lo hizo en el marco de la investigación por el secuestro de Blanca Graciela Santamaría. De reconocida militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT-, Mariú explico que éste “estaba conformado por células. La célula que yo integraba estaba nucleada a través del grupo de teatro La Pulga, que realizaba actividades artístico-culturales, por lo tanto políticas”. La Pulga estaba integrada por Rubén Bravo -primer esposo de Carrera, desaparecido-, Osvaldo Zuin -desaparecido- y Raquel Herrera -“asesinada junto a Juan Bernal en La Puntilla, Luján”. “Blanca Graciela era nuestra responsable política al momento de su secuestro. Es una compañera muy querida, comprometida, rigurosa para cumplimentar con el estudio, la proyección y la reflexión. La recordamos con calma y respeto”, dijo Mariú -única sobreviviente del grupo- al explicar también sus funciones: “nos veíamos con frecuencia, siempre con trabajos a determinar alrededor de la Asociación de Actores de Mendoza”.
“Osvaldo Zuin y yo empezamos a militar desde el teatro en Villa Itatí, Buenos Aires. Con mi hermano Marcelo volvimos a Mendoza para continuar en el Partido acá, a través del contacto con Fátima Llorens. Fue Graciela quien reemplazó como responsable a Fátima cuando ésta fue detenida”. Los vínculos personales más estrechos que Graciela -estudiante de medicina- tenía en el PRT ya habían sido cortados: “su hermana Florencia -predecesora de Fátima como responsable-, detenida desde 1975; Víctor Hugo Vera -compañero de Florencia-, caído en Córdoba; su novio Claudio Sarrode, cayó antes que ella”, detalló Mariú.
Tras días sin noticias, en el grupo se enteraron del secuestro de Graciela por Zuin -entonces único contacto con el resto del Partido- que había logrado escapar del allanamiento a la casa de la familia Santamaría: “se escondió en un ropero y alguien lo ayudó a cruzar la medianera del vecino. El operativo fue de noche, entraron numerosos agentes de las fuerzas conjuntas, todos dormían, Graciela estaba convaleciente de bronquitis, se la llevaron enferma. Osvaldo se citó con la mamá de ella días después y oyó la versión de que la habrían visto en el Comando, con otras personas, descalza y con camisón como se la habían llevado. Para Osvaldo se profundizó una persecución ya muy dura, andaba sin lugar fijo. Hacia fines de 1976 fue detenido y trasladado a Córdoba, de donde se cree fue enviado de nuevo a Mendoza al Centro clandestino Las Lajas”.
“El ERP -Ejército Revolucionario del Pueblo- era el frente militar del PRT”, explicó la testigo ante la consulta del fiscal Dante Vega. Añadió: “había varias etapas hasta ser miembros del Partido, había tareas eminentemente sociales y otras de discusión, de propaganda, de difusión a través de criterios artísticos y políticos”. Dado el cerco represivo para mayo de 1976 -el día 15 fue el del secuestro de Graciela-, “tomábamos todas las precauciones, conocer sólo lo que había que conocer era parte de la seguridad de todos”.
“Nuestra militancia era quedarnos, trabajábamos desde el arte con gente muy humilde que jamás podría haber salido del país. Irnos hubiese sido un despropósito, un descompromiso con ellos y con nuestras ideas”, explicó Mariú. También consideró que no había hechos aislados, “hay todo un operativo dirigido, después me enteré de las caídas de los hermanos Talquenca, Granic, Beliveau, Virginia Suárez. Eran todos del PRT y no los conocía. El resto seguimos moviéndonos, trabajando y militando, participando en la Asociación, en obras, en el barrio”.
Mariú también recordó a Oscar Julio Ramos, como un “profesor de teatro, militaba en el peronismo junto a Ana Bakovic, su esposa”. De Graciela Santamaría y Osvaldo Zuin afirmó: “Dos recuerdos entrañables, de una dignidad humana muy grande, compañeros para aportar siempre a sus memorias vivas”. Y ofreció su lúcida interpretación: “Para esa época tener ideología de izquierda era delito, como aún lo es hoy para algunos tener ideología por la justicia. Nosotros hemos venido como familiares, como víctimas a este edificio; uno a uno hemos subido los escalones para llegar hasta acá, frente a este Tribunal. Aplicaron un plan de exterminio pero no pudieron con todo, no contra algo tan simple y extraordinario como es el amor tan profundo por los compañeros y la vida. No contaron con eso, no saben que existe el amor”.
Sin novedad: victimización y actos fallidos
En el marco de las investigaciones por las desapariciones de Oscar Ramos y Daniel Iturgay, el imputado Fernando Morellato Donna accedió a declarar. El ex-agente del cuerpo de Motorizada de la Policía de Mendoza intentó deslindarse él mismo y a su división de las responsabilidades en el accionar represivo de las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura cívico-militar.
Todas las menciones y relaciones que aparecen en el material probatorio de la causa fueron explicadas por Morellato como un involucramiento de su persona por parte de jefes policiales y de inteligencia con quienes tenía mala relación y hasta lo hostigaban. Juzgó que las investigaciones periodísticas sobre su actuación en el esquema de la desaparición sistemática de personas son falacias sustentadas en “dos papelitos”.
La estrategia: mostrar a superiores de otras divisiones como “demonios” y a él mismo como un eficiente y humano subalterno. “¿Saben quién era Sánchez Camargo?”, preguntó al Tribunal, “pareciera que ha sido una gran figura este hombre y no, ha sido un demonio” agregó. Acto seguido se resguardó diciendo que él se alejó de su entorno y del de Julio César Santuccione -jefe de la Policía de Mendoza-, por no compartir “la metodología de trabajo que tenían”. “Me quisieron llevar muchas veces” pero “no pisé nunca el D2 ni sé cómo estaba distribuido”. Sin embargo, en su declaración comentó que el Jefe de ese órgano lo citó y relató que mientras subía a su despacho pensó “es el fin de mi camino” y que creyó que “subía como subieron tantos y no bajaban nunca más”, dando a entender que sabía de qué se trataba y cómo actuaba ese centro de detenciones, torturas y desapariciones.
Morellato comentó su itinerario entre el 4 y el 5 de noviembre de 1976. La madrugada del 5, “a las 4.45 de la mañana fueron aprehendidos los hombres estos” -por Ramos e Iturgay- cuando intentaban “robarse un auto”; y a las 5.15 ingresaron a la Comisaría 25. Como no dieron sus nombres reales, cuando comunicaron al Comando la detención no surgieron rápido los datos de ellos y por eso quedaron demorados en la Comisaría, alegó Morellato. Sobre la presencia de los jefes del D2 en la 25 dijo que se enteraron de las detenciones porque la comunicación por radio tenía un canal abierto que escuchaban todas las divisiones. A diferencia de lo que le expresó al periodista Rodrigo Sepúlveda en el año 2004, Morellato sostuvo que no detuvo, ni vio, ni habló, ni supo los nombres de las “dos personas aprehendidas” en la Comisaría 25 -sede del cuerpo de Motorizada- el 5 de noviembre de 1976 cuando, pasadas las siete de la mañana, llegó a su turno laboral.
El imputado relató que el jefe del D2 -Pedro Dante Sánchez Camargo- llegó esa mañana temprano a la Comisaría junto al jefe de la Unidad Regional 1ra., Comisario General Suárez. Después de ‘no ver’ a los detenidos -que según Morellato estaban en “donde se cambia la gente, donde están los cofres” porque no había celdas-, dijo que salió a un procedimiento y que cuando volvió, pasadas las once de la mañana, se enteró de que se habían retirado Suárez primero y luego Sánchez Camargo con personal a sus órdenes. “Yo nunca le dije (a Sepúlveda) si fueron zutano o mengano”, se retractó de haber mencionado a Osvaldo Fernández Miranda y Eduardo Smaha Borzuk como quienes se llevaron a los detenidos. “¿Usted cree que me los iba a recibir -el jefe del D2- si estaban machucados o algo?”, dijo y se involucró en la entrega al D2 de los detenidos.
“El único que puede entregar detenidos a otra unidad” -se excusó- es el jefe de la dependencia. Y en la 25 no sabíamos si militaban en algún lado, ¡no!”. Pese a que recurre a las jerarquías para autoexculparse, relató que en la Comisaría decían que él “trabajaba bien” por lo cual el jefe le delegaba responsabilidades y decisiones. Agregó que allí funcionaba un Registro Civil y que eso echa por tierra las presunciones de que allí funcionaba un centro clandestino de detención, “son todas cosas infundadas, allí nunca se torturó a nadie, se lo digo por la memoria de mi madre”. “Santuccione había firmado una disposición interna” -explicó convenientemente-, a partir de la cual las “actuaciones” tras una detención no se realizarían más en la 25. Si habían “sospechas” de que quien era detenido “podía tener alguna militancia” se trasladaban “de forma inmediata al D2”.
Morellato dio a entender que Sánchez Camargo lo tenía perseguido, vigilado y hasta “sentenciado a muerte”. También dijo que “a los pocos días yo estaba de jefe en el D5” -Archivo Policial, en funciones en el mismo edificio que el D2. “Fui a reemplazar al comisario Carloni y me quedé 8 años”. Tanto la sanción como el “desprestigio” que dice haber sufrido, el imputado los explicó que obedecieron a su “brindarse tanto”. “Yo soy un tipo violento”, dijo en un acto fallido y corrigió: “¡no, no violento, sino rebelde!”. Pretendió echar por tierra, incluso, los fundamentos de Sánchez Camargo para aplicarle una sanción a mediados de noviembre de 1976 entre los cuales figura que pidió -en el marco de las detenciones de Ramos e Iturgay- una picana eléctrica a la Policía Federal para interrogarlos. También negó haberse quedado con un arma calibre 22 que tenían los detenidos y con 40 mil pesos.
Denuncias cruzadas y pruebas
La declaración de Morellato fue interrumpida por el Tribunal para dar paso al testimonio de Raúl Vera, hermano del desaparecido Rodolfo Vera. El imputado se refería a los episodios que protagonizó con el agente de la Policía Federal, Carmelo Cirella Paredes -fallecido-, quien “perteneció y comandaba” según Morellato, “una bandita de asaltantes conformada por cinco Federales y un civil”. Cirella declaró ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas -CONADEP- en las causas de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Rivamar. Esa declaración llevó a la investigación del Legajo 7746 de la CONADEP por parte de Rodrigo Sepúlveda, donde se documenta la participación de la Policía Federal en el plan sistemático de exterminio. La exposición del imputado continuará en la próxima audiencia, el 22 de noviembre, a las 9:30 horas.
Dada la importancia de las referencias que en distintas oportunidades Cirella Paredes hizo respecto a la responsabilidad del imputado, el fiscal Vega -con aval del doctor Fernando Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos-, ofreció como prueba el testimonio de Paredes en relación a la Causa 073-Y “contra Tamer Yapur y otros”, así como la validación de veracidad de los pronunciamientos del mismo en las investigaciones citadas. Además de los antecedentes en este tipo de incorporación probatoria amplia -como los casos de la declaración de Sánchez Camargo y de la convalidación de que la prueba es de carácter oficial público, como en la Causa Fonseca- las partes acusatorias se remitieron a la reciente sentencia definitiva de Casación en relación al segundo Juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Finalmente, el Tribunal se expidió en oposición al rechazo de la prueba expresado por Ariel Civit, abogado de Morellato y dio lugar a las incorporaciones probatorias.
Algo digitado, bien armado
Raúl Oscar Vera viajó desde La Pampa para prestar testimonio en el marco de la Causa 085M que trata las desapariciones de Rodolfo Vera -su hermano- y de otros militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Estos secuestros y desapariciones se dieron a partir del denominado “Operativo Escoba” de orden nacional. De su testimonio se desprende la interacción permanente y organizada de las fuerzas militares y policiales para perpetrar el plan sistemático de exterminio: “esto era todo un sistema lo que estaba funcionando, daba igual cualquier fuerza” que interviniera en los operativos de detención y secuestro.
Raúl era allegado y colaborador del PCML, sin el nivel de participación de su hermano en la orgánica. Comentó que Rodolfo, antes de ser secuestrado de su casa el 6 de diciembre de 1977, sabía que estaba siendo buscado. La casa materna en la que vivía junto a sus padres, su hermano Carlos y su hermana fue allanada antes del secuestro. En esa ocasión un grupo de agentes -con uniformes y vestimenta evidentemente militar- entraron a la casa, revisaron todo, excavaron en el patio buscando algo particular. Se trató de un gran dispositivo, rodearon la manzana y hasta entraron por los techos y casas de los vecinos.
Sobre el secuestro de Rodolfo dio cuenta de que “se lo llevaron” de la mimbrería en la que trabajaba y estaba pasando la noche, propiedad de Néstor Carzolio. Supo de lo sucedido al día siguiente por comentarios que los vecinos hicieron a su hermano Carlos. Luego de eso, Raúl pasó varios días sin ir a su casa ni frecuentó los lugares de siempre porque estaban “esperando que vinieran a buscarnos también a nosotros”.
También contó que uno o dos días antes de que secuestraran a Walter Domínguez y a Gladys Castro, se juntó con él en un café para contarle lo sucedido con Rodolfo y advertirle que no debería volver a su casa, cuestión que Walter desestimó porque tenía que buscar a su esposa embarazada de 6 meses. Sobre lo sucedido con Alberto Jamilis comentó que en el marco de su detención violenta debió entregar la llave de la mimbrería, lo cual permitió que los efectivos entraran al local para detener a Rodolfo sin romper la puerta.
Siendo un “allegado”, Raúl asumió la responsabilidad de transformarse en contacto esencial para la supervivencia de militantes del PCML. Por ese motivo viajó a Buenos Aires y volvió para coordinar las salidas de Julio del Monte, Osiris Domínguez, Cristina D’Amico, Elena Farrando, Fredy Irusta, su hermano Carlos y Mirta Hernández, ex-esposa de Rodolfo Vera. Se trasladaron a Capital Federal y días después partieron a la Costa. En Mar del Plata, junto a militantes de otras provincias, se dividieron en dos casas. Una de ellas fue atacada por un operativo de las fuerzas represivas y “cayeron” cuatro de las cinco mujeres: D’Amico, Farrando y dos chicas de Buenos Aires. Mirta Hernández se salvó.
Raúl y su esposa se fueron a Córdoba y hacia octubre de 1979 estaban instalados en Bariloche. Allí fueron detenidos, ambos en sus respectivos trabajos. Raúl fue interceptado en el camión con el que hacía repartos, por un grupo de cuatro personas de civil y en autos sin patentes -Falcon viejos y verdes-, en apariencia y por su actitud serían agentes policiales. A su esposa la fue a buscar un operativo militar a la Coca Cola. Los llevaron a un cuartel próximo y quince días después los trasladaron en avión a Mendoza y los dejaron en el D2. Allí volvieron los interrogatorios, violentos y con torturas en el caso de Raúl. A ambos les decían que sabían quién era Rodolfo Vera -detenido casi dos años antes- y qué hacía, como si no lo tuvieran ni lo hubiesen tenido en su poder.
En el D2, recordó Raúl, se le acercó un “muchacho” que lo reconoció “de toda la vida”, del barrio. El agente le dijo “te vine a ver, qué hacés acá” y se mostró amigable. Por la voz, lo reconoció como uno de los agentes presentes mientras le aplicaban torturas. Se trata de una persona al que decían “Chiva”, de apellido Gómez. Raúl recuerda y reconoce como figuras distintivas a cuatro agentes que frecuentaban a los detenidos, jugando los roles característicos como “el bueno” -que luego resultaba ser un salvaje en la tortura- y “el malo”; y otro que distinguían por un fuerte perfume.
Tras casi un mes fueron trasladados a la Penitenciaría. Seis meses después intentaron hacerles un juicio sumario militar en el Comando. Luego de tenerlos parados y contra la pared durante una hora y media, los militares decidieron declararse incompetentes y los remitieron a la Justicia Federal, donde se dictaminó su libertad.
Finalmente, Raúl Vera comentó que para la época del Operativo Escoba, se comentaba entre la militancia que un dirigente nacional del PCML, “El Tano” González, había caído herido por las fuerzas represivas, que lo detuvieron y que probablemente fuese él quien dio datos sobre compañeros que permitió llevar a cabo ese Operativo nacional.
