20-12-2012 | Martín Lecea, Roberto Vélez y Oscar Guidone tenían militancias en común, pasaron por los mismos tormentos, las mismas cárceles. Guidone, Vélez, Gaitán -otro compañero perseguido- reconocieron a una decena de agentes de la represión, entre policías y militares. La causa Bustelo en relación. Un médico, testigo ejemplar del miedo.
Desaparecidos del lugar
Martín Ignacio Lecea es hijo de Martín Lecea -fallecido en 2003-, militante del Partido Comunista de Mendoza -PC- detenido el 8 de agosto de 1976. Lo llevaron a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz y luego lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada. Formó parte de los detenidos que fueron llevados a la Unidad 9 de La Plata, donde estuvo preso hasta el año siguiente. Fue liberado “entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 1977”, recordó.
En aquel momento tenía 14 años. “Mi papá fue un hombre común, un hombre trabajador, que toda la vida vivió de su trabajo, y que siempre tuvo una militancia política y sindical comprometida a favor de los intereses de los trabajadores, en defensa de los intereses de su clase”, recordó. Martín Lecea fue uno de los fundadores del Sindicato de Empleados y Obreros Provinciales -SEOP- y colaboró en el gremio de Artes Gráficas. En aquel momento, Lecea trabajaba en la imprenta oficial del gobierno de Mendoza.
“Por el año 1976 él realizaba actividades políticas, fue detenido junto a Roberto Vélez en la vía pública”. Fue trasladado a la Comisaría Séptima. En la madrugada de ese día, personal policial -uniformado de azul y armados- hizo que Martín los acompañara al allanamiento que realizaron en su casa y allí la familia tomó conocimiento de que estaba detenido. En la vivienda estaban la hermana menor de Martín Ignacio, de cuatro años, y la mayor, de 16, junto a la segunda esposa de Lecea, que estaba embarazada y dio a luz pocos días después.
Se llevaron pertenencias del departamento en el monoblock Laprida en Villa Hipódromo. También se llevaron un Jeep de Lecea que fue usado unos días por la Comisaría 7ma, hasta que se lo reintegraron a la familia.
Lecea fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones VIII y allí recibió una visita de la familia, al mismo tiempo que otros detenidos. Martín Ignacio comentó que su padre le enseñó el pulgar derecho, muerto por la picana. También le mostró severas lesiones en el abdomen y le comentó que la alimentación era “deficiente” y que las condiciones sanitarias y de ellos mismos eran “deplorables”. Lecea le pidió a su hijo que informara de esa situación al Dr. Benito Marianetti, dirigente del PC de Mendoza.
Luego los detenidos “desaparecieron del lugar”, relató el testigo. En ese momento, recordó, la defensa de los compañeros detenidos la ejercían el abogado Jacinto De la Vega, también Marta Agüero -de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre-, entre otros, y “gracias a ellos” pudimos saber que los trasladaron a La Plata.
Una vez que lo contactaron a Lecea, él les contó que en el vuelo los llevaron amarrados y les propinaron golpizas. También que uno de los detenidos que iba en el mismo Hércules hacia La Plata se desvaneció y pareció caer muerto.
Martín Ignacio recordó que, además de Vélez, su padre estuvo detenido junto a Ángel Bustelo y Luis Toledo. También vio como parte de quienes fueron de “visita” a los hijos del ex gobernador Alberto Martínez Baca.
La parte médica
Dino Pradella es médico, como tal ejerció entre 1959 y 2001 en el Hospital Militar, cuyos “directorios siempre fueron militares”. A mediados de 1976 extrajo quirúrgicamente el bazo a Oscar Guidone, internado de urgencia en el Hospital Militar tras una sesión de torturas en el VIII Comando de Comunicaciones de montaña donde estaba detenido bajo control del Ejército, así como centenares de presos políticos de la Provincia. Pradella conocía a Oscar a través de su padre, delegado del sindicato de la OSEP en Luján de Cuyo.
“Yo estaba de guardia pasiva, me llamaron, el paciente llegó en estado de shock, se le efectuó una peritonía y se le extrajo el bazo. Fui su cirujano. Evolucionó favorablemente, estuvo una semana en tratamiento post-operatorio, en una sala solo, de aislamiento por la gravedad del caso, con acceso únicamente médico. Sin historia clínica mucho no puedo hacer”, adujo Pradella para reducir su conocimiento de los hechos a eventualidades del oficio. Ni siquiera recordó si fue él quien le dio el alta. Tampoco si había personal de custodia, a pesar de reconocer que en esos años “eran muchos los militares detenidos internados”.
“Me dijo que se había caído de un techo”, es todo lo que dijo Pradella al Tribunal acerca del contacto que tuvo con Guidone durante su internación. Fue el médico quien confirmó al padre y a la hermana que Oscar era paciente suyo en el Hospital Militar. Y quien dice desconocer que Oscar estaba detenido: “No nos metíamos en esas cosas, simplemente actuábamos la parte médica. Asistíamos al paciente y nada más”. A continuación deslizó, “la familia desconocía dónde estaba, aparentemente el chico no estaba en contacto con los padres”.
“En medicina investigamos las causas fehacientes del hecho, no vamos más allá” explicó doctoral Pradella. Recalcó: “esto es el acto médico”. Oportunamente Viviana Beigel, abogada representante por la querella del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos -MEDH-, le había preguntado en relación a causas conexas si había existido en el nosocomio atención de partos, algún tipo de maternidad. “No había maternidad” respondió reflejo Pradella. Recordó “una emergencia, una empleada del hospital, embarazada, autorizada a dar a luz en el Hospital”. Militar, sin maternidad.
Ha sido fundamental para el desarrollo del juicio, en las reconstrucciones testimoniales, la atención con la que sobrevivientes de los centros clandestinos de detención de Mendoza consiguen dar con los rostros y las acciones de quienes violentaron sus vidas. Fueron tres ex detenidos los que en la jornada hicieron un nuevo, valioso y masivo reconocimiento fotográfico:
Mario Gaitán identificó a cuatro represores del D2: Timoteo Rosales, «El Puntano»; Mario Esteban Torres Pérez, «El Porteño’; Antonio Marcos Ochoa Albornoz, prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social; y Julio Héctor Lapaz Calderón, «activo» torturador, le decían «El Padrino» porque ingresaba a menudo en las celdas de «las compañeras detenidas» con el objetivo de abusar de ellas. También prestaba servicios extraordinarios de seguridad en el Banco de Previsión Social.
Roberto Vélez identificó a Dardo Migno, Jefe de Lugar de Reunión de Detenidos -LRD- el centro clandestino dentro de Comunicaciones, “el campo de concentración donde estuvimos en el 76”; a Oscar Alberto Bianchi, integrante de “las tres B”, denominación de “la cúpula de la Penitenciaría Provincial en 1976”; a Eduardo Smaha, “uno de mis torturadores”; y a Rodolfo Cardello, integrante de la denominada “patota federal” sobre quien la víctima hizo nuevas denuncias.
Oscar Guidone identificó a dos personas: Pedro Dante Sánchez Camargo, vivía en Luján, cerca de la casa y del bar de su padre. Los hijos iban a menudo al bar y los hostigaban. Dardo Migno, que lo casó en la Compañía de Comunicaciones de la 8va. Brigada. A su vez Guidone desmintió algunas de las versiones que Dino Pradella había manifestado con anterioridad, aclaró cuánto el médico omitía sobre su conocimiento de los hechos y finalmente deslizó una denuncia grave: relaciona la voz de Pradella con la de quien en los interrogatorios le preguntaba por su ideología. Según Guidone, Pradella miente respecto a que él le hubiera dicho que se cayó de un techo y a que su familia no lo visitó en el hospital. Imposible además que haya inadvertido que se trataba de presos políticos internados víctimas de la tortura: en la sala aledaña adonde estaba Guidone se encontraba el ex gobernador Martínez Baca, con gran custodia de efectivos.
El Doctor Bustelo
Se dio lectura a la causa O55-M que comenzó con una denuncia del Dr. Ángel Bartolo Bustelo Graffigna (fallecido en 1998) quien en el expediente testimonió que entre el 12 y el 14 de agosto de 1976 allanaron su estudio y su casa, revisaron libros y papeles y no dejaron constancia de las cosas que se llevaron ni labraron actas. Le clausuraron el estudio jurídico.
El 3 de setiembre de 1976 personal del Ejército entró en su casa, secuestraron centenares de libros, maniataron a sus hijos y esposa y se lo llevaron al Comando de la VIII Brigada de Montaña. Lo interrogaron acerca de compañeros de militancia del Partido Comunista -PC- del cual era dirigente. Luego lo trasladaron a otro lugar y temió ser fusilado. Era el Cuartel de la Compañía de Comunicaciones de Montaña N° 8. Dardo Migno fue uno de sus interrogadores, condenado en esta causa por el juicio anterior. También está involucrado en esta causa Ramón Ángel Puebla, quien se abstuvo de declarar.
Luego fue trasladado a la Penitenciaría Provincial, le dijeron que quedaba en libertad pero a último momento le comunicaron que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y no lo liberaron. Ese decreto aún no existía.
El 27 de setiembre de 1976 fue subido violentamente por efectivos policiales y del Ejército, junto a otros detenidos, a un avión Hércules que los trasladó a la Unidad 9 de La Plata. En todo el trayecto sufrió numerosas torturas y maltratos físicos. En octubre de ese año, se interpuso un Habeas Corpus por Bustelo. La respuesta al mismo la hizo el Ministerio del Interior y aclaró que no caía sobre el abogado ninguna medida restrictiva por lo cual debía ser liberado. Esa orden la dio dos veces el juez federal de La Plata, pero las dos veces fue desoída por la autoridad militar de esa jurisdicción. Recién en ese momento se dictó el decreto mediante el cual se ponía a Bustelo a disposición del PEN.
En julio de 1977 Ángel Bustelo padecía un mal estado de salud y se lo trajo nuevamente a la Penitenciaría de Mendoza, aún incomunicado. Días después se decidió liberarlo, lo cual se hizo efectivo desde el Comando de Brigada. Antes de liberarlo, Mario Lépori y Furió lo intimaron a firmar una declaración en la cual se afirmaba que recibió buen trato y que no tenía reclamos al respecto.
Por esta causa se decidió no presentar nuevos testimonios sino basarse en los prestados en el juicio anterior que se refirieron al mismo caso, así como respecto a la incorporación de pruebas.
Por último, se hizo por Secretaría la lectura de la incorporación de pruebas instrumentales, en relación a todas las causas en curso y en vísperas de la reanudación de las audiencias el próximo 7 de febrero, para la etapa de alegatos y sentencia. En pos de la justicia que falta y continúa.