AUDIENCIA 11 / Los desmadres, las madres

21-09-2012 | Los testimonios en relación a las desapariciones de seis personas -una embarazada- del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) entre el 6 y 9 de diciembre de 1977, que dan cuenta de las persecuciones inter-provincias, plantean que pueda tratarse de un feroz operativo a nivel nacional contra los militantes. La fuerza de las madres en contrapartida.

El secuestro de Alberto Jamilis

La familia Jamilis provenía de La Plata. A mediados de 1977, Alberto Gustavo Jamilis -sociólogo- dejó su ciudad junto a “Mary” -su compañera, embarazada- a raíz de la alerta que le dio un compañero de trabajo acerca de que “habían tomado su departamento”.

Alberto visitaba semanalmente a su hermana Paulina Delia Jamilis, que aportó su mirada. Ella desconocía su actividad política, aunque “por su manera de interpretar la historia y las cosas” considera que era “de pensamiento socialista”. Alberto sobrevivió como pintor y artesano del mimbre en la canastería de Néstor Carzolio, donde realizó el moisés para su hijo, nacido en septiembre de aquel año. Paulina supo que su hermano tuvo cierto tiempo a “un tal Vera como refugiado”.
A las cinco de la mañana del 6 de diciembre de 1977, Paulina fue sorprendida por Mary que desesperada le narró lo vivido horas antes: un grupo de ocho soldados encapuchados y munidos de linternas ingresó pasada la medianoche al domicilio de la pareja, en calle Bernardo Ortiz de Godoy Cruz. Sacaron a Alberto al patio, entre amenazas y gritos acerca de una llave. Mary quedó en la habitación con un conscripto que a cambio de que le indicara dónde había dinero, la ató sin demasiada fuerza a la cama para que pudiera irse con la criatura. Por los vecinos supo que la patota se movilizó en «un falcon y en un camión”.

Mary partió con su hijo a los pocos días. Paulina se ocupó de embalar y remitirles sus pertenencias a Bragado. María Ester, la otra hermana Jamilis, presentó el habeas corpus. Paulina conoció en 1978 a María Domínguez y otras madres de desaparecidos cercanos a su hermano. En 1978 fue citada por la Policía federal tras presentar un escrito al ministro del Interior, Albano Harguindeguy. La respuesta había sido: (Jamilis) “no tiene problemas, cumplió con el Servicio militar obligatorio”. “Antes les tenía terror, ahora los desprecio profundamente”, remarcó Paulina sobre los militares.

Viejo vecino de la calle Bernardo Ortiz, Hugo Dionisio Scaramella relató el episodio que presenció en su barrio en diciembre de 1977, presumiblemente relacionado con la desaparición de Alberto Jamilis. Una noche, cerca de la una, Scaramella oyó gritos de un hombre -“por qué me llevan, no he hecho nada”- y de una mujer. Se asomó y vio que a tres casas de la suya, dos personas arrastraban a un tercero. Los agresores vestían de civil, a cara descubierta y armados, metieron a la persona secuestrada en un vehículo color claro parado en medio de la calle. El testigo notó que había una voz de mando y que se manejaron con proceder castrense. En las esquinas permanecieron otros dos hombres apostados.

 

Retrato de grupo con señora

Rodolfo Osvaldo Vera, uno de los hijos de Agustina Elcira Corvalán de Vera, fue secuestrado a la una de la mañana del 6 de diciembre de 1977 en la mimbrería de calle Dorrego donde trabajaba y compartía con otros compañeros. La madre contextualizó cómo eran los días de Rodolfo: “El militaba, iba a los barrios, ayudaba a la gente, un tiempo cuidé al hijo de un compañero suyo”, hizo la facultad de arquitectura, trabajó en un estudio, pertenecía al Partido Comunista Marxista Leninista. “Sus hermanos no militaban pero eran todos muy compañeros”, dijo Agustina en relación a sus hijos.

Uno de ellos, Carlos Hugo Vera, y Mirta Irma Hernández -esposa de Rodolfo- también testimoniaron. Plasmaron entre los datos que dibujan al desaparecido y a su historia, vivencias personales ligadas a los hechos. Carlos y Mirta sufrieron la persecución en carne propia, ninguno tenía relación con el PCML. Por intermedio de Rodolfo conocieron a algunos de sus integrantes: Nélida Tissone y Néstor Carzolio, Jorge Becerra y Susana de Miguel, Alberto Jamilis y Elsa Becerra -todos provenientes de La Plata-, y también Gladys Castro, Adriana Campos, Walter y Osiris Domínguez y “Pele” (Jorge Fonseca).

Para ambos el tormento se inició con la detención de Jorge Becerra, el 23 de diciembre de 1976. La fecha marca el “paso a la clandestinidad” del matrimonio, el comienzo de una persecución incesante para la familia que desembocó en el secuestro de Rodolfo y en la huida de Mirta y un grupo de jóvenes a Buenos Aires.

Dos días después de la detención de Becerra, Rodolfo y Mirta se guarecieron en Rivadavia, en casa de una hermana de Agustina, donde permanecieron hasta mediados del 77. Luego, por motivos de seguridad, Rodolfo se ubicó en una mimbrería que el Partido tenía en Dorrego, y Mirta -con un embarazo avanzado- paró en la casa de Walter Domínguez y Gladys Castro.

Fue la madre, Agustina Corvalán, la que precisó ante el tribunal tres episodios represivos sobre su familia, previos a la desaparición de Rodolfo: “Un día mi hijo salió con un amigo, el chico (Jorge Ciro) Becerra, en su camioneta. Rodolfo bajó un rato, al volver notó la camioneta rodeada y se escondió, mientras se llevaban a Jorge y el vehículo”. La Jeep amarilla fue hallada en junio de 1985 en un playón entre el Palacio policial y la antigua Aduana. Según el acta de la escribana actuante, el vehículo estaba deteriorado totalmente y durante cierto lapso estuvo en circulación.

Después fueron a buscar a Rodolfo a la casa familiar -en el Barrio Argumedo, Rodeo de la Cruz-, donde estaban Agustina y su hija de quince años. Más de diez personas en cuatro camiones del Ejército invadieron el vecindario por techos y frentes, “subían por las paredes, cortaron la cuadra. El operativo fue de mañana, revolvieron todo, hasta pocearon el patio, eran militares, de una revista Labores dijeron que era el plano de no se qué”. Después se fueron.

Días más tarde volvieron en dos autos, de noche, agazapados. Esperaron el regreso de Dionisio, esposo de Agustina. Se lo llevaron y maltrataron hasta las cinco de la mañana en el D2. Según Dionisio, el operativo fue efectuado por policías.

El día del secuestro, Rodolfo estaba en la mimbrería. Carlos llegó a las pocas horas, “entraron aparentemente con llave, se habían robado hasta la mercadería”. Semanas más tarde, Mirta, sus cuñados Hugo y Carlos, Osiris Domínguez, María Cristina Damico y otros jóvenes huyeron a Buenos Aires. Deambularon por hoteles alojamiento, lugares que les ofrecían militantes del PCML, hasta que se resguardaron en Bariloche, “la gente con quien nos contactábamos iba desapareciendo” relató Carlos. En el sur el grupo fue interceptado por las fuerzas de seguridad y Carlos trasladado a Mendoza. Pasó por el D2 y luego por la Penitenciaría provincial, corrían los últimos meses de 1979 cuando recuperó la libertad.

“Se llevaban a algunos chicos, por eso teníamos miedo”, dijo Agustina. La madre presentaba los habeas corpus acompañada de sus nietas y nietos, “temblaba por las preguntas que me hacían, a partir de una solicitada por muchos desaparecidos me encontré con toda la gente que buscaba a sus hijos”. Corvalán es integrante de Madres Mendoza casi desde que comenzó la búsqueda por su hijo. Estuvo presente con Madres y otros defensores de los Derechos Humanos en 1978, durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “estábamos en la calle, la cola era inmensa, los hinchas del Mundial nos insultaban”. Tiempo antes, en pos de averiguaciones sobre su hijo, un representante de la Iglesia Católica le dijo: “se debe haber ido con alguna mujer, no gaste pólvora en chimangos”. Agustina sigue su lucha. A los diez minutos de haber brindado su testimonio y su voz alta por la sordera del mundo, se sentó con el público -entre abrazos y alegrías- a presenciar la declaración que sucedió a la suya.

En La Plata y en Mendoza también

Liliana Tissone vivía en Berisso cuando se enteró del secuestro de su hermana Nélida y de su cuñado Néstor Carzolio. El escueto relato de los vecinos del matrimonio, el silencio, aquello de sus sobrinos maniatados y compartimentados, el secuestro de la camioneta, lo supo por su padre que viajó a Mendoza en los últimos días de 1977 para buscar a los chicos. La mujer pudo dar precisiones sobre la vida que el joven matrimonio tuvo en la localidad platense. Dijo que Néstor trabajaba en Swift y que era delegado gremial, que su hermana se había recibido de maestra con excelentes calificaciones y que sabía que ambos estaban involucrados políticamente. También aportó que Néstor tenía vinculación directa con un dirigente gremial llamado Daniel Egea y que se enteró de que Hugo Carzolio, hermano de Néstor, había llegado muy malherido al hospital de La Plata. Todos estos datos salieron a cuentagotas en medio de un relato descarnado del sufrimiento que la familia Tissone vivió en todos estos años, entre la clausura del silencio y el compromiso con la crianza de los hijos de Nélida y Néstor.

Jorge Rodríguez efectuó la denuncia por la desaparición del matrimonio Carzolio-Tissone. Vivía con su esposa Hilda Abraham y Lucía Tomás -abuela de Hilda-, en la casa colindante a la de la pareja secuestrada. Se enteró del hecho por su esposa y fue ese relato el que expuso en la dependencia policial. Sobre el acto puntual aportó de relevante que en aquella casa sólo vivía el matrimonio con sus hijos y que era común ver a un muchacho que se movilizaba en una moto Zanella. Se supone que éste haya sido Jorge Fonseca.

Las querellas investigan, el Tribunal avanza, un imputado desafía

Una vez hecha pública por Secretaría la incorporación de prueba documental referida a la Causa 077-M, la audiencia había iniciado con la lectura de los autos de la Causa 053-M. Dicha causa indaga las privaciones ilegítimas de la libertad y desapariciones forzadas de la pareja integrada por Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaráz; y la sustracción de Martín Antonio, de diez meses de edad, hijo de ambos. Antonia y José fueron secuestrados la madrugada del 6 de diciembre de 1977 de su domicilio de calle Gualberto Godoy, en Godoy Cruz. La vivienda fue saqueada. A las 24 horas de producidos los hechos, el niño fue dejado en la puerta de la casa de sus abuelos maternos. Un año y medio antes, la familia había recibido la primera embestida: María Silvia -estudiante de 23 años, hermana de Antonia- fue desaparecida tras un operativo en el que miembros de seguridad irrumpieron en casa de sus padres.

Esta serie de secuestros se relaciona con la Causa 085-M que investiga las desapariciones en diciembre del 77 de otros partidarios del PCML. Está acreditado que en los casos de Alcaráz y Campos intervinieron miembros del D2 y que estuvieron detenidos en ese centro clandestino. Los imputados son Paulino Furió, Juan Garibotte, Alsides Paris, Ricardo Miranda y Aldo Bruno.

Las conexiones entre Causas y la responsabilidad de los “elencos estables” entre los represores se hace cada vez más evidente. En ese sentido, Viviana Beigel, Pablo Salinas y Diego Lavado, representantes por la querella del MEDH, suponen que la caída de los militantes del PCML está vinculada a un operativo nacional contra esa organización fechado entre el 6 y el 7 de diciembre de 1977 y que tuvo como saldo 70 desaparecidos.

En la misma dirección, la abogada Romina Ronda, representante por el Gobierno de la Provincia, pidió sumar como prueba el Legajo Conadep y las “Novedades de parte de guerra» de la Unidad Regional 4ta, donde se consigna como positivo el procedimiento a cargo del mayor Garibotte en el domicilio de Dionisio Vera, el 7 de abril de 1977 a las 22hs.

 

Finalmente, Antonio González Macías, presidente del Tribunal, solicitó al acusado Fernando Morellato “no tener contacto con el público”. En este sentido enfatizó: “Es la segunda advertencia, no queremos que haya hechos que provoquen decisiones más fuertes”. Incidentes en las escalinatas fueron los que originaron la amonestación.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.