08-05-2026 | El fiscal Dante Vega desarrolló el alegato relativo a casi veinte víctimas. El primero de los casos aborda trece detenciones que el D2 relacionó forzadamente con Ana Mabel Tortajada después de allanar su domicilio y detenerla con su bebé de cinco meses. El segundo investiga la detención de cinco trabajadores bancarios. La próxima audiencia será el 22 de mayo a las 9:30.
En la jornada de hoy, el alegato del Ministerio Público Fiscal siguió a cargo de Dante Vega, quien desarrolló los casos 5 y 6, según la organización que le dieron. Se trata de la exposición de lo sucedido con trece víctimas en el 5 —Ana Mabel Tortajada, Camilo Tortajada Ortiz, Ricardo Jorge Agüero, Laura Zúñiga, Emilio Eduardo Concha Cortés, Omar Atanasildo Carballo, Silvia Eliana Aravena, Carolina Marta Abrales, Cristóbal Sandes, Jorge Tadeo Andrada, Luis Germán Moraga, José Onofre Pinilla y Juan Carlos Viola Pérez— y cinco víctimas en el 6 —Arturo Galván, Hermes Ocaña, Horacio Lucero, Luis Ocaña, Mario Santos—.
Caso 5: “Madriguera de la subversión”
La primera constancia de esta causa surge a raíz de un allanamiento sin ninguna formalidad en la calle San Lorenzo de Pedro Molina, Guaymallén, el 7 de noviembre de 1975. No hay orden judicial ni motivo por el cual los agentes del D2 arriban a esa casa, pero redactan una acta por infracción a la ley 20840, usada para perseguir a “la subversión”. La pregunta que cualquier autoridad judicial debería haberse hecho, interpeló el fiscal, es “¿cómo llegó la policía a ese domicilio?”. En un escrito, Sánchez Camargo, jefe del D2, designa secretario de actuación a Armando Fernández y consigna los agentes de la dependencia que llevan a cabo este procedimiento.
Fue la primera de un total de seis viviendas allanadas, porque en relación con este domicilio, el D2 desata —también justifica o inventa— una serie de detenciones. En esa casa, el D2 deja una “consigna de vigilancia”, que el fiscal evitó nombrar como “ratonera”, porque es despectivo y, además, un eufemismo respecto de lo que realmente es: dejar uno o más efectivos escondidos esperando que venga alguien y, una vez allí, detener a quien fuera. No esperaban ratones, esperaban personas. Pero aun así, lo tomaron como una “madriguera de la subversión”. La causa empieza a crecer en volumen e, incluso, hubo notas periodísticas al respecto.
El acta del procedimiento se hizo quince horas más tarde. Los policías dejan asentado el secuestro de “material subversivo”: revistas El Combatiente, libros de La lucha democrática, ejemplares de Estrella Roja, libretas de anotaciones y una mínima cantidad de polvo amarillento que es azufre o potasio, dijeron, aunque lo contradice el prontuario penitenciario.
Ana Mabel Tortajada y Camilo, su hijo de cinco meses
El resultado de ese allanamiento fue la aprehensión de la joven de 18 años Ana Mabel Tortajada y su bebé, de cinco meses de edad, Camilo Tortajada Ortiz. Para la época de los hechos, Anabel, como le dicen, era artesana y había dejado su trabajo como empleada en una empresa de empaque de frutas. Tras ordenar la inmediata incomunicación, la mujer y el niño fueron a parar al centro clandestino de detención D2. Tras este operativo, ordenan allanamiento en casa de la abuela del pequeño, en busca de documentación falsa y armas de guerra.
Anabel declaró en este juicio. Dijo que en la madrugada del 7 de noviembre del 75 la sacaron con su hijo de su casa y la llevaron en un vehículo que no recuerda al D2. Tras ingresar por la playa de estacionamiento, subió unas escaleras y la metieron en un calabozo. Pudo ver todo porque no le cubrieron los ojos. Contó que estuvo encerrada con su hijo un par de horas hasta que una policía le pidió que se lo entregara: “Vos sabés lo que se viene ahora así que creo que el bebé va a estar más seguro, más cómodo. No hagás que pase por esto”, amenazó. Camilo fue el primer niño detenido en las dependencias del D2 e inauguró la triste “guardería policial”. Estuvo allí más de un mes, hasta que la familia pudo conseguir que se lo entregaran.
A Tortajada la alojaron en una celda muy pequeña y estuvo un mes en soledad. Recibió maltratos y torturas continuas en una sala a la que llegaba atada, vendada y desorientada, tras atravesar una escalera. Le ponían un trapo en la boca, y la interrogaban mientras le aplicaban descargas eléctricas con una picana. Recuerda que en una ocasión perdió el conocimiento y después se enteró de que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. También recordó que una vez la llevaron a una sala muy pequeña y un oficial empezó a desvestirla y tocarla. Dijo que “tuvo la suerte” de que alguien entrara, le recriminara al oficial lo que estaba haciendo y la devolviera a su celda.
Del D2 la llevaron a la penitenciaría provincial, el 20 de noviembre de 1975. Allí pudo recibir la visita de su mamá y de su bebé, Camilo Ernesto, cuando ya tenía 8 meses. Ya en noviembre del 76 fue trasladada a la cárcel de Devoto. Anabel Tortajada fue condenada a 6 años de prisión en 1978. En una ocasión le escribió a la Cámara de Apelaciones para pedirle por su libertad y explicar que quería cuidar a su hijo y retomar sus estudios. Hasta los 6 años del niño, cuando la liberaron, ella fue “la mamá de los dibujos, la que le mandaba cuentos mientras su mamá cuidaba de él”. Nunca pudo recuperar el vínculo de su hijo.
Ricardo Jorge Agüero Vargas “tenía la mala suerte de vivir al fondo” de la casa de Tortajada. Era un mecánico de 26 años sin militancia política. Fue detenido el día del allanamiento en la vivienda, el 7 de noviembre de 1975. No declaró ante la policía, pero sí en el acta de libertad, que firman Sánchez Camargo, Fernández y Smaha, aunque cuenta cosas completamente irrelevantes, como que su familia lo apodaba “Negro”. Recién lo soltaron el 13 de noviembre.
Carlos Mario Rodríguez tenía 23 años a la fecha de la detención y era empleado de una empresa de pintura. Vivía en Guaymallén con su esposa, Laura Gladys Zúñiga de Rodríguez, quien estaba embarazada al momento de detención. A Carlos lo detuvieron el mismo 7 de noviembre de 1975 sin acta de procedimiento. En su expediente hay un papel firmado por Smaha y Fernández con una supuesta autorización del detenido para allanar su casa que, como siempre en esos casos, fue arrancada bajo tortura, aseguró el fiscal.
Al día siguiente llevan a cabo este procedimiento en el domicilio y en un acta describen que secuestran libros, volantes, un talonario para una campaña financiera del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y dos proyectiles. Ese día detienen a Laura. Carlos negó todo lo que supuestamente declaró: “Las declaraciones las firmé porque me sentía mareado por la debilidad”, dijo, y no recordaba si le habían pegado. Perdió ocho kilos porque tenía una úlcera y cuando comía todo le caía mal. Entonces, la policía le compró un remedio con el dinero que le había sacado. Dijo que las personas por las que le preguntaban eran conocidas de la fábrica. Después del D2, fue llevado a la cárcel de Mendoza y, más adelante, a la Unidad 9 de La Plata.
A Laura Zúñiga de Rodríguez la detuvieron el día del allanamiento e hizo el mismo recorrido carcelario que otras mujeres, es decir, D2, penitenciaría, penal de Devoto. La condenaron, pero nunca supo por qué. Desde la cárcel porteña le escribió carta al juez Guzzo, el 29 de noviembre de 1977: “No se me ha tomado declaración en estos dos años que llevo detenida”, y le pidió la libertad para poder estar con su hijo. En 1978, la pareja fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión. A Rodríguez le hicieron cumplir la pena; a Zúñiga le dieron la libertad condicional ese año 78.
Los guerrilleros chilenos
Emilio Eduardo Concha Cortés declaró en este juicio. Fue mencionado por Rodríguez tangencialmente en su declaración. Nació en Chile, tenía 27 años y era pintor. Había llegado a Argentina en abril del 75 y lo detuvieron el 10 de noviembre de ese año tras allanar su domicilio, en la calle Castellanos Dorrego, a pesar de que no encontraron ni armas ni nada de lo que pudieran llamar “material subversivo”.
Emilio fue detenido con su esposa, cuando habían salido a comer en la calle Colón de Ciudad. Aunque no hay constancia de esa aprehensión, él declaró que la pareja fue llevada al palacio policial. También contó que, por entonces, estaba trabajando en la decoración de unas habitaciones en el hotel Monumental, de calle Las Heras, para lo que había contratado a Luis Germán Moraga y José Onofre Pinilla.
En una constancia judicial figura que Concha Cortés “no parece saludable”, y sufre dolor de cabeza por lesión traumática en zona cervical. El fiscal Dante Vega le atribuye ese daño a los malos tratos en el D2. Fue trasladado a la penitenciaría de Mendoza el 20 de noviembre y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en febrero de 1976. Después lo enviaron a la Unidad 9 de La Plata. El caso de Concha Cortés llegó a Amnistía Internacional y desde su sede en Suecia requirieron su liberación, país donde reside Emilio hasta hoy. La Cámara Federal lo absolvió en marzo del 78.
Luis Germán Moraga era chileno y electricista, tenía 29 años y vivía en la calle Perú de Ciudad. No se sabe cómo ni cuándo ingresa a la causa, solo hay una primera mención el 16 de noviembre de 1975, cuando se le toma declaración en sede policial, aunque se abstiene.
Sí declaró ante el juez Miret. Le dijo que su detención era absurda, que cuando lo detuvieron estaba trabajando como electricista junto a Pinilla en el hotel Monumental. Cree que la detención tenía que ver con el patrón, a quien consideraba un muy buen hombre y nunca lo ha escuchado hablar de política. El 20 de noviembre lo llevan a la Penitenciaría de Mendoza y el 26 de diciembre lo sobresee el juez Carrizo.
José Onofre Pinilla era chileno y tenía 32 años. Como Moraga, recién aparece en la causa cuando se le toma declaración. Se abstiene en sede policial, pero ante el juez Miret dice que no pertenece a ninguna organización política ni sindical, que vino a Argentina en el 72 para trabajar y estaba junto con Moraga en el Monumental. Lo llevan a la cárcel de Mendoza y lo sobresee el juez Carrizo el 26 de diciembre.
El compromiso y la solidaridad
Omar Atanasildo Carballo era uruguayo y trabajaba como sereno en la Bodega Panquehua. También fue detenido en noviembre de 1975, tras el allanamiento en casa de Tortajada. Se lo llevaron de su casa en calle San Lorenzo del barrio Espejo, de Las Heras, “por haber cobrado conocimiento de que el nombrado tenía estrecha vinculación con la célula extremista liderada por Ana Mabel Tortajada”, dijo el fiscal Dante Vega. En un allanamiento en su domicilio secuestran volantes, revistas, libros, dos botellas con un líquido blanco que sería “potencial material explosivo” y un contrato de alquiler cuya garante es Carolina Marta Abrales —“Malas noticias para ella”, anticipó el fiscal—.
Carballo no estaba y aprehendieron a su compañera, Silvia Eliana Aravena. Era chilena, tenía 31 años y había llegado al país en julio. Tenía una pierna enyesada y trabajaba en un taller de tejido por las tardes. La mujer contó que Carolina era conocida de su concubino, pero no supo responder por las organizaciones que le preguntaban. Cuando lo buscaron a Carballo, lo encontraron con un pistolón calibre 14 que le habían dado en la empresa para poder cumplir con las tareas de vigilancia. Él también quedó detenido. En el D2 fueron víctimas de los malos tratos de costumbre de este centro clandestino. La pareja fue trasladada a la penitenciaría en diciembre, recibió el sobreseimiento de la justicia federal, pero la detención continuó a disposición del PEN hasta que, a mediados de año, ordenaron la expulsión del país.
Carolina Marta Abrales, la garante del alquiler, tenía 30 años. Era maestra, directora de un jardín de Godoy Cruz y militante del SUTE. Tras el operativo en la vivienda de Carballo y Aravena, cinco hombres de civil allanaron su casa sin orden judicial y le dijeron que llamara al jardín porque iba a llegar tarde, pero en realidad la detuvieron y la incomunicaron. Le secuestraron documentación de su casa, tres libros de pedagogía y le robaron cosas de valor. En su declaración ante el juez Carrizo, Abrales dijo que habían llegado dos vehículos a las 6:30 del 28 de noviembre de 1975 que buscaban municiones y elementos subversivos. Encontraron revistas, libros y diarios “todos de venta libre”.
No la acusaron de ningún delito, pero la condujeron al D2, donde al ingresar le tomaron fotografías y huellas dactilares. Al lunes siguiente le vendaron los ojos y la trasladaron por unas escaleras. “A esta llevátela”, escuchó que dijo uno de los agentes. Detenida en los calabozos reconoció las voces de Aravena y Carballo, pareja a la que conocía de largas esperas en el Hospital Central. Ante la situación de pobreza, ella ayudó como garante para que pudieran traer a toda la familia.
Para su propia familia, Carolina estaba desaparecida. Por eso su hermana presentó un habeas corpus. Estuvo seis días en el D2 y todo ese tiempo fue intensamente buscada por su familia y un abogado. La llevaron a la penitenciaría el 3 de diciembre del 75 y a mediados del 76 falleció su padre y la autorizaron a ir dos horas al velorio. El 29 de septiembre de 1976 la trasladaron a la cárcel de Devoto y le dieron la libertad recién el 28 de junio de 1977.
Migrantes internos
Cristóbal Sandes era sanjuanino y obrero en la municipalidad de Luján. Lo detuvieron por infracción a la ley 20840, asociación ilícita e infracción al art. 149 del Código Penal. El 19 de noviembre del 75 declaró ante el juez Miret que pertenecía al Partido Demócrata y creía que su detención había sido un error, aunque contó que era presidente de la Unión Vecinal Nuestra Señora de Luján. Le dieron la libertad recién el 2 de diciembre de 1975.
Jorge Tadeo Andrada era oriundo de San Luis, tenía 32 años y trabajaba en la fábrica Roca S.A. Vivía con su esposa y sus dos hijas en Las Heras. El 10 de noviembre de 1975, el agente Funes informa al inspector Fernández que detuvieron a Jorge Tadeo Andrada. Tras supuestamente obtener una autorización para que el personal del D2 requisara el domicilio, allanaron sin resultados positivos para ellos. El hombre contó que fue detenido por personal policial en la industria donde trabajaba y presumía que su detención tenía que ver con Carlos Rodríguez, Viola y Pacheco. Lo trasladaron a la penitenciaría el 20 de noviembre del 75 y en febrero lo pusieron a disposición del PEN por decreto. Luego fue llevado a la cárcel de La Plata. La justicia lo absolvió y la cámara confirmó esa solución en mayo de 1978, pero recién recuperó la libertad el 9 de mayo de 1979.
Juan Carlos Viola Pérez nació en Capital Federal, estaba casado, tenía 28 años y tres hijos. Vivía en Luján de Cuyo. El 13 de diciembre de 1975, Smaha informó la aprehensión de este hombre, que declaró conocer a Rodríguez y su esposa, porque había ido varias veces a la casa de la pareja para ayudarlo a redactar unas cartas para el sindicato en relación con la obra social. Tras ser llevado a la penitenciaría de Mendoza y de La Plata, el juez lo absolvió, aunque no se sabe cuándo lo liberaron.
Caso 6: la Comisión Gremial Interna del Banco de Previsión Social
El caso incluye las detenciones de cinco trabajadores bancarios, miembros de la Comisión Gremial Interna del Banco de Previsión Social, ocurridas entre noviembre de 1975 y abril de 1976. Son los hechos relativos a Luis Ocaña, Arturo Galván, Hermes Ocaña, Horacio Lucero y Mario Santos.
En diversos juicios se reconstruyó la persecución sobre este sector sindical. El fiscal recordó que el jefe de la Policía de Mendoza, Julio César Santuccione, había citado a la comisión a su despacho para amenazarlos y exigir que cesaran con su actividad sindical. También recibieron mensajes amedrentadores en el ascensor del banco antes de los secuestros. Además, integrantes del D2 se desempeñaban como custodios del banco y fueron identificados por las víctimas como personal de esta dependencia policial.
El primero de los hechos relevados fue el secuestro de Luis Ocaña, vinculado judicialmente a la causa iniciada contra Ana Mabel Tortajada. Las víctimas aseguran haberse conocido recién durante su cautiverio en el D2.
Luis Ocaña, de 31 años, venía sufriendo diversos hechos de violencia como la explosión de un artefacto en su vehículo, frente a su domicilio, y una detención de unas horas en la Comisaría 25 de San José. Además de declarar en el sexto juicio, en noviembre de 2023 lo hizo en el marco de este proceso penal.
La segunda y definitiva detención de Ocaña se produjo el 7 de noviembre de 1975, en la vía pública, cerca de su vivienda de Guaymallén. Fue vendado e introducido al baúl de un auto que lo condujo a lo que cree que era una comisaría. Luego lo llevaron al D2. Su esposa fue detenida e interrogada unos días después en este mismo edificio.
El acta de arresto forma parte del expediente de la causa Tortajada y señala que la detención de Ocaña se habría efectuado, por el contrario, como resultado de la consigna dejada por el D2 en el domicilio de la mujer. Además, el acta del procedimiento sostiene que en la vivienda de Tortajada se encontró la libreta de enrolamiento de Ocaña, mientras que el hombre asegura haberla tenido consigo hasta su secuestro. El D2 no dio intervención al juez y no hay más registros sobre la aprehensión.
En este CCD permaneció cautivo dos semanas junto a otras personas detenidas: Ana Mabael Tortajada, Roberto Marmolejo y ciudadanos chilenos, entre ellos Emilio Concha Cortéz.
El 19 de noviembre ingresó a la penitenciaría de Mendoza y en septiembre de 1976 fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata. En 1981 salió de la cárcel de Caseros para ejercer el derecho a opción, con destino a Francia. Estuvo todo ese tiempo a disposición del PEN y tuvo una condena de la justicia federal a cinco o seis años de prisión, pero fue sobreseído por la Cámara Federal.
Al momento de los hechos, Arturo Alfredo Galván tenía31 años y era delegado gremial. Actualmente se encuentra fallecido. La fiscalía analizó sus declaraciones ante la CONADEP y ante el Juzgado de Instrucción Militar, en la posdictadura.
Al igual que Ocaña, fue detenido dos veces: primero en enero y luego en abril de 1976. La primera detención, el 16 de enero, se produjo en su domicilio de la Ciudad de Mendoza, a las cuatro de la mañana. Siete personas, algunas con uniforme, ingresaron y robaron objetos antes de llevarlo vendado hasta un vehículo. Estuvo cinco o siete días detenido en una dependencia policial ubicada en calle Boulogne Sur Mer y callejón de los Ciruelos. Supo, por los diálogos de sus captores, que había más personas detenidas. Allí lo interrogaron sobre su militancia sindical. Más adelante lo condujeron sin vendas al D2, desde donde recuperó su libertad.
Pocos meses más tarde, el 6 de abril, lo secuestraron desde el Banco de Previsión Social –España y Gutiérrez de Ciudad– junto a Hermes Ocaña y Horacio Lucero. En la oficia de Personal les informaron que quedaban detenidos e incomunicados y fueron trasladados, en presencia del gerente Oscar Rivero, por los mismos policías de civil que custodiaban la sede.
Estuvo diez días en un calabozo “común”, y luego fue conducido a una celda en el subsuelo. Permaneció más de dos meses. Poco después de su llegada ingresó otro trabajador bancario, Mario Santos. Galván fue sometido a interrogatorios bajo tortura. Supo que había más personas cautivas porque oía cómo arrastraban sus cuerpos luego de las sesiones de tortura.
El itinerario continuó, desde fines de julio, en la Compañía de Comunicaciones del Ejército, centro clandestino donde fue conducido junto a Hermes Ocaña y Mario Santos. Allí le informaron que estaba a disposición del PEN. Más adelante pasó a la penitenciaría provincial y finalmente a la U9. Recuperó su libertad en junio de 1977.
Hermes Omar Ocaña tenía 33 años, había militado en el Partido Socialista y luego en la izquierda peronista. Declaró en 1986 ante el Juzgado de Instrucción Militar, en 2007 ante la justicia federal y en 2014 en el cuarto juicio de Mendoza.
Fue detenido en el mismo operativo que Galván y Lucero y conducido al D2. Los requisaron en un salón grande y los trasladaron a un calabozo para “presos comunes”. Allí también fue encarcelado Mario Santos. Un mes más tarde pasaron a celdas individuales y luego a un calabozo mayor.
Sufrió diversos interrogatorios y una sesión de tortura. Luego de ese episodio tuvo un ataque asmático y un supuesto enfermero le inyectó medicación. Dado que estuvo parte de su detención sin venda, en 2008 identificó, en un reconocimiento fotográfico, a varios miembros del D2 que eran a la vez custodios del banco: Timoteo Rosales, Pablo Gutiérrez Araya, Ricardo Vázquez, Rubén Blanco.
A fines de julio lo condujeron con Santos y Galván a la Compañía de Comunicaciones y en septiembre ingresó a la penitenciaría. Allí fue nuevamente torturado: en el cuarto juicio se investigó la prisión provincial como centro de tortura. Poco después, en octubre, Hermes integró el contingente de presos llevados a Campo Los Andes en calidad de rehenes. En diciembre regresó a Boulogne Sur Mer y recuperó su libertad en marzo de 1977. Estuvo todo el cautiverio a disposición del PEN, sin intervención judicial.
Horacio Lucero, de 31 años, fue detenidoel 6 de abril del 76 con Galván y Lucero. En septiembre de 1986 declaró ante el Juzgado de Instrucción Militar.
En esa ocasión, relató que en el calabozo de “presos comunes” del D2 estuvieron varios días sin abrigo –hasta que perimieron el ingreso de prendas enviadas por las familias–, además de que no tuvieron colchón para dormir. Lo interrogaron varias veces esposado y vendado.
Previo traslado a la VIII Brigada de Infantería de Montaña, el 1 de junio le dieron la libertad. Antes le hicieron una serie de “recomendaciones”.
Mario Antonio Santos declaró extensamente en este juicio, en noviembre de 2024. Tenía 30 años y era jefe de la oficina de prensa del Banco de Previsión de Social. Fue detenido el 22 de abril de 1976 en su lugar de trabajo por dos individuos del D2. El hecho no los sorprendió, dado que varios de sus compañeros habían sido secuestrados previamente.
Al llegar al D2, en una oficina de “identificación” le sacaron fotos y le tomaron las huellas. Luego lo condujeron a una celda chica. Desde ese momento, “todo fue un infierno”. Describió a este CCD como un “lugar de dolor y quejidos constantes”. Escuchó gente siendo arrastrada y víctimas oriundas de Chile. Durante dos meses cambió constantemente de celda. La última ubicación fue una celda grande, con otras diez personas.
Recordó a diversos miembros del D2, entre ellos un guardia con patillas apodado “Facundo Quiroga” o el renombrado “porteño”, que según Santos era integrante del Ejército. Otro, de contextura obesa, era custodio del banco. También un hombre que se hacía pasar por médico para tocar a las mujeres detenidas.
Santos fue torturado unas diez veces. Durante los dos meses de cautiverio, cree haber visto pasar al menos 100 víctimas por este centro clandestino. También llevaron a su hijo pequeño, caso que será parte del próximo proceso penal centrado en las infancias.
Luego de este periodo, fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones del Ejército, donde siguió sufriendo torturas. El 12 de octubre ingresó a la penitenciaría y el 24 de diciembre recuperó su libertad desde la prisión.
La próxima audiencia será el 22 de mayo a las 9:30.
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