4-06-2026 | La fiscalía alegó sobre los casos de secuestro de Oscar Koltes, José Heriberto Lozano, Laura Botella y Osvaldo Jara, por entonces menor de edad. También analizó el secuestro del periodista Jorge Bonnardel e hizo referencia a José Salvador Vila Bustos, primer desaparecido en manos del Departamento de Informaciones de la Policía (D2). Por útlimo, realizó rápida presentación del funcionamiento de la Colonia Papagallos, centro clandestino de detención que dependía del D2.
Caso 14: Oscar Koltes y José Heriberto Lozano
Oscar Eduardo Koltes nació en Mendoza el 10 de abril de 1947. Aunque no prestó declaración en este juicio, la fiscalía cuenta con su legajo CONADEP y con una declaración que ofreció desde Francia en 2009 durante la etapa de instrucción. A partir de esas fuentes, se ha podido reconstruir su historia. En la época de los hechos que se investigan, Koltes tenía 28 años, era militante peronista, trabajaba como técnico en el parque industrial petroquímico y estudiaba arquitectura en la Universidad de Mendoza. Vivía en Godoy Cruz, en la calle Florencio Sánchez al 387, domicilio de donde fue secuestrado en la madrugada del 22 de noviembre de 1975. La noche del 21 al 22 de noviembre, un grupo de agentes de la policía vestidos de civil y armados con ametralladoras y revólveres irrumpió violentamente en la casa de su madre buscándolo a él y a su novia, Estela Abraham. Tras revisar hasta la heladera de la casa —según confesó la madre en la denuncia—, los agentes se retiraron llevándose varios objetos de valor. Se dirigieron al domicilio de Koltes en Godoy Cruz. Una vez allí, unos quince efectivos —igualmente vestidos de civil y armados— rompieron el portón de su domicilio. «Me tiraron al piso, me golpearon, me ataron con cables, me encapucharon y me introdujeron en el baúl de un auto», relató Koltes ante la Conadep. Esto fue confirmado por Oscar Perdomo, quien estaba en el domicilio junto a Koltes y otro compañero, y prestó declaración en el año 2014.
De su casa, Koltes fue trasladado inmediatamente a la comisaría 7.ª, donde fue golpeado hasta perder el conocimiento, y luego al D2, lugar que reconoció de inmediato: había participado de su construcción como integrante de la Dirección de Arquitectura y Planeamiento provincial. En el establecimiento, donde permaneció encapuchado y atado, recibió tormentos de todo tipo. “Llegué a tener la cabeza sumergida en un balde. Recibí descargas eléctricas en las partes íntimas y en la lengua”, dijo. Su hermano corroboró todo lo relatado cuando declaró en la etapa indagatoria y agregó que Oscar le había contado que llegó a beber de su propia orina. Luego del D2, Koltes pasó por varias de las dependencias del circuito represivo de Mendoza: “el chalecito”, la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Campo Los Andes. En todos fue sistemáticamente torturado.
Durante 26 días, su familia no supo nada de su paradero, estuvo desaparecido. Su padre presentó un habeas corpus —que fue rechazado— y recién el 17 de diciembre de 1975 supieron que Oscar estaba detenido en la Penitenciaría de Mendoza. Fue trasladado luego a la Unidad 9 de La Plata, donde se le abrió un proceso sumario por su supuesta pertenencia al ERP y por «actividades subversivas», y más tarde a Córdoba. Fue absuelto en junio de 1979, aunque permaneció detenido seis meses más: recién recuperó la libertad el 24 de diciembre de ese año. Más de treinta años después, cuando prestó declaración desde Francia, Koltes confesó que, a pesar del tiempo, seguía perturbado psicológicamente.
José Heriberto Lozano, por otra parte, sí declaró en este juicio el 28 de junio de 2024. Su relato se suma a la prueba documental y a otras declaraciones previas. Lozano había nacido el 28 de octubre de 1946, trabajaba en el Banco de Previsión Social de Mendoza, era secretario del gremio bancario y se había casado recientemente con Laura Botella. El 8 de diciembre de 1975, mientras se preparaban para regresar a la Ciudad de Mendoza desde San Rafael, su esposa y su sobrino Osvaldo Jara fueron detenidos en una estación de servicio. Su sobrino tenía 17 años, era menor de edad. Al no encontrarlos, Lozano fue a buscar información a la Comisaría 8.ª, donde quedó él también detenido. Esa misma madrugada lo trasladaron a Mendoza, más específicamente al D2, como se corrobora en los registros de la comisaría de San Rafael.
Lozano describió el ingreso al D2 con crudeza: lo bajaron a una playa de ripio, lo desnudaron y lo alojaron en una celda pequeña con un banco en un rincón, un colchón con olor a orina, sin acceso al baño y sin comida ni agua. Cada tanto entraban a golpearlo, «preparándolo» para lo que vendría. La sala de tortura estaba un piso más abajo: cuando lo llevaron allí, lo ataron de pies y manos a un camastro y lo interrogaron mientras le aplicaban la picana eléctrica, dirigida al lugar donde más le doliera: “Fui picaneado en los párpados, el pene, el paladar, la cabeza y bajo los dedos de los pies”. Los tormentos se repitieron mientras estuvo en el D2. Un día, cuando despertó tras quedar inconsciente en una sesión de tortura, se encontró con un médico practicándole maniobras de reanimación.
Desde su celda, además, pudo saber que compartía cautiverio con otro bancario, Pepe Vila, a quien un día escuchó ser golpeado y arrastrado fuera de la celda; por el ruido, Lozano creyó que lo habían sacado muerto. Tras siete días de cautiverio, el 15 de diciembre de 1975 lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones del Ejército y en navidad ingresó a la penitenciaría. Luego fue conducido a la U9 de La Plata. Estuvo casi dos años detenido sin proceso antes de ser absuelto y liberado, el 25 de junio de 1979.
Caso 15: Jorge Bonnardel
Jorge Bonnardel era periodista de Los Andes y daba clases en la escuela de periodismo. No existen declaraciones testimoniales suyas, pero la causa cuenta con una carta que escribió desde Burdeos al presidente de la Conadep, Ernesto Sábato, fechada el 15 de marzo de 1984, en la que narró sus padecimientos, además de su prontuario y de notas periodísticas. Fue secuestrado el 24 de noviembre de 1975 en su domicilio de Mendoza. Un grupo armado rompió la puerta, encerró a su esposa y a su hija en el baño y se lo llevó sin dar explicaciones; lo subieron desnudo al móvil. Otros detenidos en el D2, como Osvaldo Pina y Tagarelli, recordaron el ingreso de aquel periodista de Los Andes que «la pasó realmente mal». Consultado por detenidos que preguntaron por él, el propio director del D2, Sánchez Camargo, admitió que lo tenían allí, desnudo.
En la tortura lo interrogaron por la actividad periodística en agrupaciones «subversivas» y por su hija de 16 años. Permaneció secuestrado y desaparecido en el D2 del 24 al 30 de noviembre de 1975 —seis días en los que su familia organizó una movilización para dar con su paradero— antes de ser puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). «En pocos meses, perdí aproximadamente 40 kilos de peso», escribió en su carta a la Conadep. Lo trasladaron a La Plata, a La Perla y al penal de Sierra Chica, y de regreso a La Plata, hasta que finalmente el PEN le concedió la posibilidad de exiliarse en Francia. Murió en octubre de 1984, pocos meses después de escribir aquella carta que cerró con las siguientes palabras:
“No sé, señor presidente [de la Conadep], si esta nota puede darle una idea de la realidad que me tocó vivir. Estoy seguro que esta historia ha sido vivida por miles de argentinos, algunos con más suerte que yo, otros con menos, porque ni siquiera podrán contarla nunca. Lo que sí interesa, y por eso me he decidido a romper este largo silencio en el exilio, es que nunca nadie olvide lo que sucedió. Es necesario que todos sepamos qué pasó. Tal vez así podamos evitar que la pesadilla recomience otra vez”.
Caso 16: Laura Botella y Osvaldo Jara
Laura Elisa Botella había nacido el 22 de septiembre de 1948 y era abogada, en ejercicio independiente. No prestó declaración en los juicios —falleció recientemente—, pero la fiscalía cuenta con su testimonio de 1987 ante el Juzgado de Instrucción Militar (JIM), con las declaraciones de su esposo y con prueba documental, entre ella su prontuario penitenciario y un habeas corpus. Detenida junto a Jara mientras cargaban nafta en San Rafael, fue llevada a Mendoza y conducida directamente al D2. Al llegar le quitaron la ropa y todas sus pertenencias; recién cuando los represores se alejaron escuchó la voz de su marido y supo que él también estaba allí.
Lo que padeció Botella en el D2 quedó reflejado, sobre todo, en el testimonio de Lozano. Cuando pudieron reencontrarse, ella le contó que durante la tortura le retorcían el pezón y, según relató su esposo, es muy probable que haya sido abusada sexualmente “como tantas otras mujeres” que pasaron por el D2, algo que no le confesó para protegerlo. La fiscalía remarcó esa altísima probabilidad. Laura pasó siete días en el circuito represivo, fue trasladada a la Compañía de Comunicaciones —reconoció el lugar por los ruidos del parque y el olor— y luego a la penitenciaría provincial. El 14 de octubre, día del cumpleaños de su padre, pidió permiso para visitarlo y le dijeron que juntara sus cosas porque la liberarían: en cambio, la llevaron al Ejército para torturarla con picana eléctrica. Laura Botella recuperó su libertad el 24 de diciembre de 1976.
Su sobrino, Osvaldo José Jara, declaró ante el juzgado de San Rafael. Osvaldo tenía apenas 17 años cuando lo detuvieron y viajaba con sus tíos —que estaban de luna de miel— porque debía presentarse en el regimiento. En la estación de servicio lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría, donde quisieron que confesara haber pegado volantes del ERP en los baños del Automóvil Club Argentino; nunca lo hizo, porque era falso. Trasladado al D2 junto a su tío, lo alojaron en una celda pequeña, oscura y sin alimentación. Desde allí escuchó cómo golpeaban a Vila, que se quejaba cada vez más, hasta que un día dejó de oírlo. Más tarde lo vendaron, lo metieron en un camión celular y lo llevaron a un sitio con camas cuchetas. Finalmente lo liberaron y lo abandonaron en la terminal de ómnibus, desde donde tomó un micro de regreso a San Rafael.
Caso 17. La primera desaparición forzada en manos del D2
José Salvador Vila Bustos tenía 26 años. Era empleado del Banco de Mendoza, en la sucursal Ejército de Los Andes, delegado gremial y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
El 10 de diciembre de 1975 fue secuestrado a plena luz del día, por personal del D2, en su lugar de trabajo. Dos hombres vestidos de civil se presentaron en la sede bancaria, uno de ellos identificado como Serrano, y lo retiraron en un vehículo sin patente. El hecho fue difundido por la prensa local como un procedimiento realizado en el marco de una investigación por supuestas actividades subversivas.
Mientras tanto, otro grupo operativo se dirigió al domicilio familiar ubicado en calle Alvear 765 de San José. Emilia Sara Bustos de Vila, madre de José, relató que cerca de las nueve de la mañana cinco hombres vestidos de civil llegaron en automóviles sin patente y exhibieron una orden de allanamiento. La mujer pidió comunicarse con su esposo pero no se lo permitieron.
Los efectivos revisaron toda la vivienda y se interesaron especialmente por documentación vinculada a la actividad gremial y política de Vila Bustos. Buscaron escritos, revistas, diarios y material relacionado con su militancia. También secuestraron un rifle perteneciente a su padre. Al preguntar por su hijo, le dijeron que estaba prófugo. Entre quienes participaron del procedimiento se encontraba Pedro Sánchez, identificado por la fiscalía como Sánchez Camargo. El fiscal destacó que no solo dirigía el D2, sino que también encabezaba los operativos.
Al analizar el expediente, el fiscal se detuvo en la supuesta fuga de Vila Bustos, presentada por la policía como un «rescate» realizado por militantes del PRT. Según la versión oficial, mientras el detenido era trasladado durante la madrugada para identificar domicilios vinculados a la organización, el vehículo policial fue interceptado por personas armadas que lograron liberarlo y darse a la fuga. Para la fiscalía, esa reconstrucción fue elaborada para justificar una desaparición que ya se había consumado. El expediente contiene actas, informes policiales, croquis del lugar e incluso fotografías del vehículo que supuestamente había sido atacado.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que esa historia fue construida para encubrir una desaparición forzada. Vega analizó un expediente que formalmente aparece fechado en abril de 1978, aunque en realidad remite a hechos ocurridos en diciembre de 1975. Allí se agrupa a personas sin relación entre sí, entre ellas Laura Botella, José Heriberto Lozano, Osvaldo Jara y el propio Vila Bustos, presentado como “prófugo”.
Sin embargo, las inconsistencias eran evidentes. En una entrevista publicada por Los Andes, el padre de Vila Bustos aseguró que nunca volvió a tener contacto con su hijo. Además, funcionarios del Juzgado Federal señalaron que no habían tenido intervención en la detención ni en la supuesta fuga. El propio artículo periodístico advertía que nunca quedó claro cómo, quienes habrían organizado el rescate, conocían el horario, el recorrido y el vehículo en el que era trasladado el detenido.
Distintos testimonios permitieron ubicar a Vila Bustos en el D2. Laura Botella declaró que estuvo detenida junto a él y reconoció su voz. Daniel Pina relató que mientras permanecía cautivo en el Palacio Policial escuchó que había sido secuestrado un empleado bancario de apellido Vila. Otros testimonios también dieron cuenta de su paso por el centro clandestino. Luis Ocaña llegó a afirmar ante la justicia federal que Vila Bustos murió en el D2.
Los familiares presentaron diversos habeas corpus para intentar conocer su paradero. Sin embargo, nunca obtuvieron respuestas. Tres años después, el fiscal Romano solicitó reiterar la captura de Vila Bustos, sobreseer a los demás implicados y continuar sosteniendo la hipótesis de la fuga.
Para la fiscalía, la actuación judicial terminó consolidando la versión construida por el D2. El expediente, las actas y la supuesta fuga formaron parte de una misma maniobra destinada a justificar la desaparición forzada de José Salvador Vila Bustos, de quien nunca más se tuvieron noticias.
Caso 18: la Colonia Papagallos
El caso 18, correspondiente a la Colonia Papagallos, fue introducido por el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante. Los hechos incluyen a seis víctimas de las cuales tres, Ricardo Puga, Juan Basilio Sgroi y Francisco Solano López, fueron secuestradas en enero del 76 y luego trasladadas al D2, por lo cual corresponde imputar a varios policías: Carlos Faustino Alvarez, Rubén Blanco, Armando Fernandez, Santiago Garay, Pablo José Gutiérrez, Julio La Paz, José Sosa y Omar Venturino Amaker.
En los casos de Marta Saroff, Liliana Rivero y Sergio Miranda, un grupo secuestrado en diciembre del 76 que permaneció en la Colonia, corresponde imputar a Armando Fernández exclusivamente debido a su responsabilidad. Dos de las víctimas, Saroff y Rivero, se hallan desaparecidas.
El fiscal hizo una breve reseña para recordar el lugar, su emplazamiento, a 7 kilómetros del Cerro de la Gloria y su afectación a la Dirección General de Escuelas desde 1967, así como el objeto al que estaba destinado: colonia de vacaciones para niñeces. En 1976, sin embargo, fue utilizado como CCD con dependencia del D2, cosa que está probada tanto a través de prueba documental como de testimonios. En octubre de 2024, en el marco de este juicio, se realizó una inspección ocular guiada por Ricardo Puga.
Según el testimonio de Sergio Miranda, mientras Papagallos funcionó como CCD tenía las ventanas tapiadas y la cocina era utilizada tanto para la guardia policial como en calidad de sala de tortura. Miranda reconoció entre los torturadores a dos policías del D2: Celustiano Lucero y Alberto Rondinini, ambos fallecidos. El testigo afirmó, además, que Saroff y Rivero sufrieron agresiones sexuales durante su cautiverio. Los guardias eran policías y los violadores eran policías, aseguró.
El fiscal se detuvo en una descripción minuciosa de los expedientes a fin de sistematizar en forma adecuada las acusaciones. Analizó especialmente en un expediente de enero del 76 que muestra el proceso de armado de una causa dirigida a privar de su libertad a integrantes del Partido Auténtico, señalándolos como responsables de la muerte del cabo Cuello.
Sin embargo, el revés de la trama muestra el interés que la Policía de Mendoza tenía en transformar la muerte de Cuello en una plataforma de persecución para varias de las víctimas, entre ellos Puga, Gómez y Sgroi que, como integrantes del Partido Auténtico, habían publicado una solicitada responsabilizando a Julio César Santuccione del accionar parapolicial en la provincia. Tras la publicación de la solicitada, el 12, 13 y 14 de enero, los responsables de la publicación fueron apresados y acusados de presuntas conexiones con la muerte de Cuello, que va sumando responsables a medida de las necesidades policiales de privar de la libertad a sus víctimas.
Según la policía, Sgroi habría sabido quiénes mataron a Cuello, y Puga dónde se escondía Sgroi. La detención de Solano López se llevó a cabo sin registro. Aparece fechada al día siguiente de la indagatoria, realizada el 14 de enero. El destino de Cuello se torna irrelevante en el interrogatorio de Puga, quien es acusado, en cambio, de integrar Montoneros, y sometido a un interrogatorio respecto del Partido Auténtico. Solano López y Puga, tras negar conexión con Montoneros, corrieron suertes diferentes: Puga recuperó su libertad en mayo de 1976; Solano López obtuvo la opción de salir del país con destino a Francia y fue definitivamente sobreseído en enero de 1977. Sgroi, en cambio, fue nuevamente acusado y privado de la ciudadanía argentina.
En esta breve presentación el fiscal apuntó a reafirmar la conexión entre la Colonia Papagallos y el D2 en el lapso entre enero del 76 y el 77 y el armado de causas llevado a cabo por el Departamento de Inteligencia de la provincia a partir de la pretendida investigación de la muerte de Cuello.
La próxima audiencia tendrá lugar el 5 de junio a las 9:30.
