05-06-2026 | En la segunda audiencia de la semana, la fiscalía reconstruyó los hechos relacionados con dos grupos de víctimas. El primero pasó por el centro clandestino de detención bajo la órbita del D2 ubicado en Papagallos. El segundo grupo fue vinculado por el D2 a una causa de homicidio que constituyó una venganza policial. La próxima audiencia será el jueves 18 de junio a las 9:30.
El Ministerio Público Fiscal continuó con los alegatos en el marco del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad. En la primera parte de la audiencia, el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante se centró en la reconstrucción de dos grupos de víctimas que pasaron por el centro clandestino de detención (CCD) ubicado en Papagallos, un predio en el piedemonte que estuvo bajo la órbita del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza.
A través de imágenes de inspecciones oculares y testimonios de sobrevivientes, la fiscalía demostró que este inmueble, que en la década del 60 había sido entregado a la Dirección General de Escuelas (DGE), funcionó como un engranaje clave en el circuito represivo. Según el fiscal, el D2 y las fuerzas utilizaron la zona de Papagallos y el piedemonte en general para torturar víctimas y descartar cuerpos.
El ensañamiento contra el Partido Auténtico
Este primer grupo de víctimas fue secuestrado en enero de 1976, antes del golpe de Estado, pero bajo el amparo de los «decretos de aniquilamiento». Las víctimas compartieron cautiverio en Papagallos y luego en otras dependencias del circuito represivo, incluido el D2 en el Palacio Policial.
Ricardo Puga, militante del Partido Auténtico, fue secuestrado el 13 de enero de 1976 mientras esperaba un colectivo. Personas disfrazadas que portaban armas largas y se identificaron como de la Dirección de Investigaciones lo introdujeron en una Fiat Rural con patente de Santa Fe. Inicialmente lo llevaron a un terreno baldío en el barrio Unimev, de Guaymallén. Intentó fugarse, pero lo capturaron nuevamente y lo condujeron en un Ford Falcon a Papagallos, donde permaneció entre seis y siete días.
En ese lugar, Puga fue sometido a tormentos extremos: picana eléctrica, golpes que le fracturaron las costillas, privación de agua y simulacros de fusilamiento en los que fue enterrado hasta el pecho en las afueras de una especie de casa en donde lo tenían cautivo. Años más tarde, en 1985, Puga regresó casualmente al lugar y reconoció la casa por las marcas que él mismo había grabado con sus esposas en las paredes. En ese entonces tomó fotografías que pudo exhibir en un juicio. Tras su paso por Papagallos, fue llevado al D2 por orden de Oyarzábal. Continuaron las torturas con picana y submarino —ahogamientos— hasta su traslado a la penitenciaría.
Puga denunció lo vivido entonces ante la fiscalía federal de Mendoza. Después declaró en múltiples oportunidades, incluido en este debate. Además, en la causa Sgroi hay detalles de su detención y la fiscalía también recurrió a declaraciones de aquellos con los que compartió cautiverio. En este juicio, el hombre guió una inspección ocular en Papagallos. Al momento de su detención, no hubo ningún tipo de orden judicial ni decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que recién se dictó dos meses después, el 12 de marzo.
Juan Basilio Sgroi era farmacéutico, dirigente del Partido Peronista Auténtico y estaba casado con Mirtha Margot Lira. Durante el juicio por la apropiación de Miriam se supo que en la Universidad Maza había conocido a Beatriz García y a Pichona Moyano, quienes integraban el centro de estudiantes y militaban en la JP17. Él había sido el presidente del gremio estudiantil y las había apoyado para repartir remedios en barrio San Martín. Fue director de Tránsito y Transporte durante la gobernación de Martínez Baca.
Al momento de los hechos, Sgroi tenía 28 años. Fue detenido entre el 13 y 14 de enero de 1976, en la casa de familiares en Maipú, una noche en que personas enmascaradas y armadas irrumpieron en la vivienda, agredieron a las personas, le vendaron los ojos, lo ataron de pies y manos y lo subieron a la parte de atrás de un vehículo. Juan fue llevado a un lugar que en su indagatoria inicial él ubicó en el piedemonte, específicamente en Luján de Cuyo, pero en declaraciones posteriores pudo corroborar que había estado en Papagallos.
En ese CCD, como a Puga, lo sometieron a picana, golpes y simulacros de fusilamiento. Le hicieron cavar una fosa, lo metieron, lo cubrieron con tierra y lo expusieron a una ruleta rusa. También lo amenazaron con que iban a violar a su esposa e hijos. Sgroi contó todo esto desde la indagatoria ante el juez de la causa de entonces, razón por la que los magistrados fueron condenados. Entre el 16 y el 17 de enero, fue trasladado al D2 y continuaron torturas con picana eléctrica y ahogamientos por submarino. El 15 de enero su familia había presentado un habeas corpus que decía que Sgroi estaba alojado en D2 —no sabían que era, en realidad, Papagallos— y a disposición de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. La brigada respondió que estaba a disposición del PEN, pero el decreto es recién del 19 de enero, es decir, todos esos días estuvo detenido ilegalmente.
Debido a su ciudadanía italiana, el consulado realizó gestiones que obligaron a las fuerzas a blanquear su detención y trasladarlo al penal. Todas las lesiones que le causaron las torturas están registradas en la ficha médica de la penitenciaría: fracturas en dos costillas, escoriaciones en los tobillos, etc. Sin embargo, su calvario no terminó allí. Estando alojado en la penitenciaría, en octubre de 1976 fue llevado como «rehén de guerra» junto con otro grupo de presos políticos a Campo Los Andes durante una visita de Videla a la provincia, bajo amenazas de fusilamiento. Al volver a la penitenciaría, Sgroi sufrió insomnio, amnesia parcial y desmayos diarios durante una semana. Después de su alojamiento en la cárcel de Mendoza, fue llevado a la Unidad 9 de La Plata, al penal de Sierra Chica, al de Rawson y en 1979, por decreto, el “súbdito italiano” Juan Sgroi fue expulsado del país.
El hombre está fallecido, pero pudo contar lo vivido desde hace décadas. Declaró ante la organización de derechos humanos de Naciones Unidas en 1980 desde el exilio y también en el juzgado federal en 2006. Además, se puede reconstruir su causa por los testimonio de Oscar Bustamante, Ricardo Puga y Adriana Espínola, como por las copias del decreto del PEN, su prontuario penitenciario, y el habeas corpus presentado por su madre, Antonia Bernengo. En el juicio por la apropiación de Miriam también pudieron seguir el rastro de lo sufrido por Sgroi, como parte del círculo con el que se vinculaba María del Carmen “Pichona” Moyano, la mamá de la niña apropiada.
Francisco Solano López fue secuestrado el 14 de enero de 1976 en su lugar de trabajo, un estudio contable en la calle Garibaldi de la Ciudad de Mendoza. Ya en su indagatoria de entonces contó que en el 64 había militado en el Partido de Vanguardia Popular, que era una escisión del Partido Socialista. Luego se unió al peronismo y alrededor del 75, se incorporó al Partido Auténtico. Se desempeñó en la Junta Promotora Provincial —con el secretario de prensa Morgante— y trabajaba en Guaymallén para la constitución de centros de afiliación, donde conoció a Puga.
En la denuncia, su esposa, Elvira Teresa Mattas, dejó asentado que el día del secuestro se lo llevaron cuatro personas identificadas como de la policía exhibiendo solamente una placa. La familia pudo saber que estaba a disposición del D2 y pensaban que estaba en el Palacio Policial. No sabía que, en realidad, estuvo en Papagallos, donde pasó entre cuatro y seis días y sufrió los mismos tormentos que Sgroi y Puga —interrogatorios, golpes, picana eléctrica— antes de ser derivado al D2. Luego de presentar el habeas corpus, la policía le informó al juez federal que Solano López estaba alojado en el D2 a disposición del jefe de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Más allá de la mentira, es un elemento más para entender que Papagallos era una dependencia a cargo del D2.
En el prontuario penitenciario de Puga figura que Solano López fue trasladado el mismo día a la penitenciaría por orden de Oyarzábal, proveniente del D2. Fue liberado cuatro meses después de su detención, aunque no hay constancia de que hubiera estado detenido por orden del PEN. Como la brigada dijo que estaba detenido a su disposición, la justicia le pidió el decretó, pero Maradona, jefe del Comando, se negó a entregarle una copia que, supuestamente, ni ellos tenían. Solo tenían un número que les llegó por teletipo, pero no supieron cuál era. No hay registro de ningún trámite para detenerlo.
Todos estos hechos fueron reconstruidos por el MEDH, por el habeas corpus, por la causa y por los testimonios de sus compañeros de cautiverio.
Segundo grupo de víctimas de Papagallos: desapariciones y violencia sexual
El segundo grupo analizado por la fiscalía corresponde a detenciones ocurridas a fines de diciembre de 1976, ya en plena dictadura militar.
La reconstrucción de lo ocurrido con Sergio Luis Miranda fue posible gracias a las presentaciones del MEDH y a las declaraciones que la propia víctima brindó en reiteradas oportunidades. Su testimonio resultó fundamental no solo para conocer su itinerario personal, sino para identificar a otras víctimas y el funcionamiento interno del centro clandestino de detención en el piedemonte.
Miranda fue secuestrado una mañana de diciembre de 1976 en la Plaza Independencia mientras pegaba afiches de la Juventud Peronista junto a un amigo, a quien recordó como Juan Carlos o Juan Daniel Gutiérrez, apodado “el loco”. De Gutiérrez nunca se pudo precisar el destino ni lograr su identificación definitiva. Sus captores pertenecían a la policía y a las Fuerzas Armadas; entre ellos, Miranda mencionó a Celustiano Lucero, quien manejaba el vehículo y luego oficiaba de custodio en Papagallos.
Tras la captura, ambos fueron subidos a una camioneta junto a otras seis u ocho personas. Luego de dejar a dos detenidos en la calle Mitre, el vehículo continuó viaje hacia el oeste por un camino de subida durante unos veinte minutos. Miranda describió el destino como una casa larga con desniveles.
Al llegar, los separaron. Miranda volvió a ver a su amigo Gutiérrez solo de forma ocasional: una vez lo cruzó mientras él limpiaba el veredín y Gutiérrez se aseaba en un surtidor de agua. En ese breve intercambio, hablaron de que había más gente detenida allí. Mientras que a Miranda lo obligaban a firmar papeles aprovechando que dibujaba muy bien, pudo percibir que su amigo estaba siendo brutalmente torturado.
Miranda fue alojado en una habitación con piso de madera y ventanas tapiadas con diarios o pintadas desde afuera. En ese cuarto compartió cautiverio con dos mujeres que años más tarde, en un reconocimiento fotográfico con el MEDH, supo que habían sido Marta Saroff —con quien conversó bastante— y Liliana Riveros —que era mucho más callada—.
El hombre recordó que en el exterior de la construcción había un calefón a leña, un surtidor de agua, una vereda de ladrillos y una arboleda. También relató haber sido interrogado y golpeado sistemáticamente. Identificó al jefe, Rondinini, y un efectivo que era el segundo a cargo, quien le hizo perder la dentadura superior en las golpizas. El testimonio de Miranda fue contundente respecto a la violencia sexual sistemática sufrida por las mujeres en Papagallos. Denunció que tanto Saroff como Riveros fueron violadas reiteradamente por sus captores. Señaló a Lucero como uno de los agresores sexuales, quien llegó a estar acusado en la causa, pero falleció antes de ser juzgado.
En abril de 1977, Miranda fue trasladado a la Comisaría 2, donde permaneció dos meses en una celda antes de ser liberado. Según pudo reconstruir por conversaciones con su padre, el responsable de otorgarle la libertad fue José López García, un conocido de la familia. Al salir, López García le advirtió que no comentara nada de lo sucedido y le dio la orden de abandonar la provincia. Sergio Miranda se instaló en Neuquén con un familiar y recién pudo regresar a Mendoza en 1980.
Liliana Gladys Riveros está desaparecida, pero por una pluralidad de fuentes fue posible reconstruir su cautiverio. La denuncia ante la Conadep, un habeas corpus presentado en 1979, el testimonio de su hermano y los expedientes judiciales dan cuenta de la persecución sistemática que sufrió por parte del D2. El auxiliar fiscal Rodríguez Infante destacó que el caso de Liliana también fue central en el juicio por la apropiación de Miriam —hija de Pichona Moyano—, donde se acreditó cómo la policía utilizó a Riveros para llegar a sus objetivos políticos.
Liliana tenía 24 años al momento de su desaparición. Estudiaba Derecho en la Universidad del Litoral, en Santa Fe; militaba en Montoneros y trabajaba como docente. Estaba en pareja con Federico Gustavo Suárez —quien fuera ministro de Cultura de la gobernación de Martínez Baca—, asesinado por la policía en San Luis en diciembre de 1975.
Su calvario con el Departamento de Informaciones comenzó mucho antes de su desaparición. La madrugada del 5 de abril de 1975, Liliana fue detenida durante un allanamiento en la calle Paraná de Godoy Cruz, en la casa de María del Carmen y su padre, Francisco Moyano. En ese momento, Liliana estaba embarazada.
En el juicio de Miriam pudieron precisar que durante el día 4, previo a la madrugada del allanamiento, Pichona había estado en un acto en la rotonda del avión donde arrojaron bombas panfletarias. Y, en el marco de la persecución a ese grupo militante, a partir de un vehículo secuestrado en otro allanamiento, encontraron papeles que consignaban el nombre de María del Carmen Moyano y el domicilio en Paraná 45.
La fiscalía demostró que este operativo fue una maniobra del D2 para capturar a María del Carmen «Pichona» Moyano. Bajo las órdenes de Moisés Caballero, el personal policial del D2 y de la Comisaría 7 detuvo a Liliana y al padre de Pichona para forzar la aparición de la militante buscada y dejó una consigna en la casa. Tras ser indagada por supuesto material subversivo relacionado con Montoneros, Liliana recuperó su libertad, pero quedó marcada por el aparato represivo. Por esta primera detención, está imputado Armando Fernández, quien —junto con Eduardo Smaha— cumplía la función de enlace con otras inteligencias.
Tras aquel primer arresto, Liliana estuvo un tiempo en Mendoza y en 1976 huyó a San Juan y dejó a su hija al cuidado de sus abuelos. Testigos, como Dora Gordon de Camín, la ubicaron como una de las personas perseguidas y refugiadas en la cantera de Jáchal junto a otros perseguidos. En agosto de 1976 se trasladó a Santa Fe con Héctor Hugo Vedia, a quien conocía de un grupo de militancia en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y su rastro se pierde.
Aunque existe incertidumbre sobre el lugar exacto de su secuestro —algunos testimonios sugieren que fue en Córdoba el 29 de diciembre de 1976—, el último contacto con su familia fue el 6 de diciembre, cuando les avisó que volvería a compartir las fiestas. Sin embargo, la prueba definitiva de su destino final en Mendoza la aportó el sobreviviente Sergio Miranda.
Miranda reconoció a Liliana en el MEDH a través de fotografías y confirmó que estuvo cautiva con él en Papagallos a fines de diciembre de 1976. La describió como una joven muy bella, de ojos claros y cabello oscuro muy largo que se le enredaba constantemente. Recordó que hablaba muy poco y siempre en voz baja.
Lo más estremecedor del alegato fiscal fue la descripción de los tormentos: Miranda fue testigo presencial de cómo Liliana Riveros y Marta Saroff fueron víctimas de violaciones sistemáticas. Señaló directamente al policía Celustiano Lucero como uno de los agresores sexuales, quien realizaba estos actos frente a otros detenidos como si fueran juegos para los que necesitaban público. Liliana Gladys Riveros continúa desaparecida.
En cuanto a lo ocurrido con la última de estas víctimas de Papagallos, Marta Élida Saroff, la reconstrucción de los hechos fue posible gracias a las gestiones del MEDH, los testimonios de su hija, María Eva Lerouc, y las declaraciones de sus padres, Manuel Anselmo Saroff y Ana Loreto Insegna. La fiscalía resaltó que el D2 estuvo siempre detrás de este grupo de militantes, incluso desde antes del golpe, como lo demuestran los expedientes de allanamiento en la casa del padre de Pichona Moyano, donde también fue detenido su padre, y el allanamiento en San Martín, donde fue detenido el padre de Marta.
Marta Saroff era maestra alfabetizadora y militante de Montoneros, junto a su esposo, Armando Alfredo Lerouc. Hasta fines de 1975 trabajó en la sede Palmira del Banco Los Andes, pero la persecución la obligó a desplazarse. En mayo de 1976, el matrimonio se instaló en San Juan con su bebé de siete meses y dejó a su hija mayor al cuidado de los abuelos en San Martín. En la provincia vecina, integraron un círculo militante que orbitaba alrededor de Carlos Poblete y Pichona Moyano, Daniel Olivencia, Anne Marie Erize, Daniel Russo, Juan Carlos Cámpora y la pareja conformada por Luis Roque Moyano y Ana María Moral. Leroux y Russo fueron ejecutados, el resto está desaparecido.
El 20 de noviembre de 1976, Alfredo Lerouc fue asesinado en San Juan en un supuesto enfrentamiento. La familia se enteró por el diario el 23 de noviembre y fue a buscar el cuerpo al Hospital Rawson para enterrarlo en San Martín. El 26 de noviembre, ocurrió un hecho que la fiscalía calificó como una “maniobra burda”: el bebé de Marta, Fernando, fue abandonado en la puerta de la casa de sus abuelos en San Martín.
Junto al niño dejaron ropa, medicamentos y una nota escrita de puño y letra por Marta con instrucciones para cuidarlo, además de un mensaje mecanografiado con firma de Montoneros que ordenaba destruir la nota. Sin embargo, el fiscal Rodríguez Infante desacreditó esta versión: los vecinos indicaron que en la esquina donde dejaron al bebé había un jeep del Ejército. Mientras tanto, el rastro de Marta se perdía tras la muerte de su esposo.
El destino de Marta Saroff fue una incógnita para su familia hasta que el sobreviviente Sergio Miranda pudo reconocerla en un cuaderno de víctimas y fotografías del MEDH. Miranda fue contundente: compartió cautiverio con ella en Papagallos a fines de diciembre de 1976. La recordó como la “Negrita”, una mujer elegante, morocha y muy linda, que le contó que provenía de un departamento de Mendoza y que tenía dos hijos.
El testimonio de Miranda permitió conocer las condiciones inhumanas de su detención en el piedemonte, donde Marta fue sometida a tormentos, privación de libertad y agresiones sexuales sistemáticas. Al igual que Liliana Riveros, Marta fue víctima de violaciones por parte de sus captores, quienes realizaban estos actos frente a otros detenidos. Marta Élida Saroff continúa desaparecida
Maniobras de la persecución clandestina
En la audiencia, el fiscal Dante Vega advirtió que ya para enero de 1976, cada vez más cerca del golpe de Estado, resuena en más casos la desaparición forzada. El accionar ilegal de la policía incluyó excusas y distintas maniobras para justificar la persecución a militantes y desatar su violencia contra los “grupos subversivos”. Ejemplo de ello es la causa Sgroi, que da cuenta de cómo la policía de Mendoza desvió la investigación del homicidio del agente Cuello, asesinado el 3 de enero de 1976.
El 8 de enero de ese mismo año, cinco días después de ocurrido el hecho, se comenzó el expediente de la causa con colaboración del D2. Vega planteó que si al agente Cuello lo mató una organización armada deberían haber elaborado un expediente del cual no se encuentra registro. El fiscal afirmó que toda la causa es una venganza del jefe de la policía, Santuccione, contra dirigentes del Partido Autentico, quienes publicaron una solicitada en diario Los Andes diciendo que el jefe de la policía era responsable del accionar de los grupos paramilitares en la provincia. Cada vez que se tuvo posibilidad de investigar la causa, no lo hicieron.
Durante la audiencia la fiscalía también señaló una práctica recurrente en el accionar represivo: la utilización del nombre de Montoneros para atribuir responsabilidades y construir explicaciones sobre hechos ejecutados por las propias fuerzas de seguridad. El fiscal mencionó distintos ejemplos ocurridos en 1975, como el asesinato de Sánchez Andía en el piedemonte, donde se dejó una pintada que lo señalaba como «traidor monto». Del mismo modo, junto al bebé de Saroff, fue hallada una nota firmada por Montoneros y, en otro episodio, apareció una pancarta con esa misma identificación en la rotonda del avión. Para la fiscalía, estos elementos formaban parte de una metodología destinada a adjudicar los hechos a organizaciones armadas y construir el relato con el que justificaron el accionar represivo.
Caso 19: la detención de la familia Fioretti, Walter Francisco Quispe Maisarez y Carlos Alberto Gómez Moreno.
En el marco de la causa contra Sgroi y de la utilización del Departamento de Informaciones como mano de obra complementaria para la venganza policial, fueron detenidos Domingo Rafael Fioretti, María Luján Elvira Santini, Mario Hugo Fioretti Santini, Alejandro Diógenes Fioretti Santini, Salomón Leonardo Fioretti Santini, Walter Francisco Quispe y Carlos Alberto Gómez.
El 14 de enero de 1976, Domingo Fioretti fue detenido junto a su esposa, llamada María Luján Santini, y sus hijos Mario, Alejandro y Salomón mientras almorzaban en su casa, ubicada en el departamento de Guaymallén. Un grupo de entre veinte y treinta personas vestidas de civil derribaron el portón e ingresaron a la vivienda para detener a Domingo. El procedimiento fue justificado debido a que se trataba de una supuesta «célula armada de Montoneros». Fioretti era un histórico dirigente peronista y, según la reconstrucción presentada por la fiscalía, el domicilio había sido identificado a partir de actividades vinculadas al proceso de afiliación que el Partido Auténtico impulsaba en ese momento.
Al día siguiente del allanamiento, Juan Domingo Fioretti, uno de los hijos de Domingo que no había sido detenido, presentó un habeas corpus con el objetivo de conocer el paradero de su padre, su madre y sus hermanos y pudo saber que los cuatro hombres permanecían detenidos en el D2 a disposición de la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Por su parte, María Luján Santini recuperó la libertad durante la mañana de ese mismo día.
El 19 de enero, Domingo Fioretti y sus hijos Mario, Alejandro y Salomón fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Meses más tarde, el 13 de diciembre de 1976, el juez federal Guzzo dictó el sobreseimiento parcial de la causa respecto de ellos.
Domingo Rafael Fioretti nació el 6 de noviembre de 1923 en San Juan. Al momento de su detención tenía 53 años y se desempeñaba como constructor en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guaymallén. El verdadero interés de las fuerzas de seguridad estaba centrado en Domingo, debido a su vínculo con Sgroi. Sin embargo, el operativo culminó con la detención de todo el grupo familiar.
El 24 de enero fue trasladado junto a sus hijos a la penitenciaría provincial. Allí debió ser asistido por un médico tras presentar síntomas compatibles con afecciones cardíacas. Finalmente, el 8 de julio se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria debido a su estado de salud.
En su declaración indagatoria, Fioretti manifestó que desde 1973 funcionaba en su domicilio una Unidad Básica perteneciente al Frente Justicialista de Liberación. Explicó que siempre había trabajado para mejorar las condiciones de vida de su barrio y que, entre otras iniciativas, había impulsado la instalación de una sala de primeros auxilios frente a su vivienda. También relató que había recurrido a Sgroi y a Puga para obtener la personería jurídica de la Cooperativa Barrio Progreso para poder proveer de agua al barrio.
Mario Hugo Fioretti nació el 28 de noviembre de 1953 en San Juan. Tenía 23 años al momento de su detención y trabajaba en la Municipalidad de Guaymallén. Según declaró, no tenía militancia política. Conocía a Sgroi por las actividades que su padre desarrollaba en la Unidad Básica y a Puga por cuestiones laborales.
Al llegar al D2 lo hicieron bajar y subir escaleras hasta ingresar a un sector de calabozos. Describió que las celdas donde estuvo detenido tenían puertas metálicas con mirillas. En sus declaraciones señaló que su hermano Alejandro fue quien sufrió las peores torturas. Relató que fue sometido reiteradamente a la picana eléctrica y que, en una oportunidad, lo retiraron de la celda a las ocho de la mañana y lo devolvieron cerca de las ocho de la tarde. «Me tocó curarlo porque estaba totalmente quemado por la picana», expresó. Luego fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza.
Salomón Leonardo Fioretti nació el 16 de agosto de 1957. Tenía 18 años al momento de los hechos y se encontraba estudiando en la secundaria. En su declaración indagatoria de la época manifestó que no tenía militancia política, aunque años más tarde declaró que militaba en el Partido Auténtico.
Durante el allanamiento en su domicilio les pidió a los oficiales que le exhibieran la orden judicial porque estaban en democracia, pero nunca se la mostraron y le dijeron que no había. Relató que en el operativo participaron integrantes de la Policía y del Ejército, quienes los trasladaron al D2. Leonardo pudo reconocer que se trataba de esa dependencia porque tuvo que asistir para tramitar su cédula de identidad.
Sobre las condiciones de detención, indicó que permaneció solo en un calabozo. Recordó haber visto a otro detenido que era golpeado y que hablaba con acento cordobés. Entre las condiciones inhumanas de detención señaló que recibían comida una sola vez al día. Más adelante fue trasladado a la penitenciaría provincial, donde permaneció detenido hasta el 24 de diciembre de 1976. Al comparar ambos lugares, afirmó que la cárcel era «un paraíso en comparación con el D2».
Alejandro Diógenes Fioretti, actualmente fallecido, nació el 1 de julio de 1955. Tenía 20 años al momento de su detención, estudiaba Ingeniería y trabajaba como dibujante en la Dirección de Minería. En su declaración indagatoria ante el juez Carrizo manifestó que no tenía militancia política y que se dedicaba exclusivamente a estudiar y trabajar. Indicó además que fue el único integrante de la familia interrogado directamente por la policía y que conocía de vista a Sgroi, López y Puga.
En el marco de la causa se informó el secuestro de una gran cantidad de elementos, entre ellos armas de fuego, proyectiles, una supuesta cartilla de adhesión a Montoneros, revistas, panfletos, folletos, una cartilla sobre pistolas, planos, cartas aeronáuticas, material con imágenes de Evita y Juan Domingo Perón y cartuchos de distinto tipo.
«Con semejante secuestro, ¿cómo no prosperó la causa?», se preguntó el fiscal durante la audiencia. Para el Ministerio Público Fiscal, ello demuestra que la investigación «no se sostenía de ninguna manera». Además, destacó que respecto de gran parte de los elementos mencionados no existe prueba concreta de su existencia y que algunos de ellos, como los planos, tenían una explicación razonable, ya que Alejandro trabajaba como dibujante en la Dirección de Minería.
Walter Francisco Quispe nació en Jujuy el 17 de marzo de 1953. Al momento de su detención tenía 22 años y trabajaba como azulejista. El 14 de enero de 1976, personal policial se presentó en el domicilio familiar ubicado en calle Canning 3324 de Guaymallén. Su padre informó que Walter se encontraba trabajando y el allanamiento arrojó resultado negativo. Sin embargo, ese mismo día el sargento Manuel Bustos informó su aprehensión, sin precisar ni el lugar ni las circunstancias en las que se produjo la detención.
En su declaración, Quispe manifestó que no tenía militancia política. Explicó que algunas personas que no conocía habían realizado reuniones en su domicilio con autorización de su padre, pero aclaró que él no tenía vínculo con ellas. No brindó precisiones sobre su detención, aunque señaló que fue llevado a dependencias policiales donde le dijeron que era montonero y que tenía armas, acusaciones que negó. Respecto del resto de los imputados, indicó que los había conocido durante el cautiverio.
Durante la audiencia, la fiscalía destacó que nunca pudo establecerse con claridad por qué Walter Quispe fue detenido por el D2. A pesar de que se solicitó su sobreseimiento y fue concedido el 15 de marzo de 1976, permaneció detenido a disposición del PEN. Ingresó a la Penitenciaría de Mendoza el 24 de enero de 1976, junto a la familia Fioretti, y recuperó su libertad el 16 de marzo de ese mismo año.
Carlos Alberto Gómez nació el 1 de abril de 1944 en Mendoza. Era empleado de la Municipalidad de Guaymallén y conocido por el apodo de «Tito». Fue detenido en su domicilio ubicado en Tropero Sosa, de Guaymallén, luego de que durante un allanamiento encontraran armas de fuego en la vivienda. Tras el procedimiento, fue trasladado al D2 en calidad de detenido incomunicado.
En su declaración, Gómez explicó que había militado en el Partido Justicialista durante la campaña electoral de 1973, pero que posteriormente había dejado de participar en actividades políticas. Señaló que conocía a Puga y a López por su trabajo en la Municipalidad y que ambos lo habían invitado a sumarse al Partido Auténtico, propuesta que rechazó debido a que ya no tenía militancia política. También manifestó conocer a Sgroi de su paso por el Concejo Departamental del Partido Justicialista.
Respecto del resto de los involucrados en la causa, indicó que conoció a Walter Quispe y a Salomón y Alejandro Fioretti durante su detención. Señaló además que conocía a Domingo Fioretti porque había concurrido en una oportunidad a su domicilio, donde funcionaba una Unidad Básica, acompañando al subdirector de Servicios Públicos. También afirmó conocer a Mario Fioretti por compartir el ámbito laboral en la Municipalidad de Guaymallén.
Sobre las armas secuestradas, sostuvo que una le pertenecía a él y la otra a su esposa, y que ambas se encontraban debidamente registradas. Durante la audiencia se destacó que, según las actuaciones, las armas presentaban un avanzado estado de deterioro: estaban oxidadas, sucias y en condiciones que impedían su funcionamiento, es decir, en total estado de desuso.
Aunque posteriormente fue sobreseído, Gómez no recuperó inmediatamente su libertad debido a que permanecía detenido a disposición del PEN. El 16 de marzo de 1976 por orden de la VIII Brigada de Infantería de Montaña fue liberado. Sin embargo, continuó vinculado a la causa como imputado con sobreseimiento provisorio hasta que, el 26 de julio de 1976, fue sobreseído definitivamente.
Para fines de 1976 todos los imputados habían sido sobreseídos.
La próxima audiencia será el jueves 18 de junio a las 9:30.
