31-07-2026 | La fiscalía continuó el alegato con algunos casos de secuestros, cautiverios y torturas en el D2 durante los primeros meses posteriores al golpe de Estado. Cerró el caso de la familia Castro Nardi y su entorno y luego desarrolló los hechos relativos a Robledo Flores, Scafati, Mur, Bustos, Gaitán y Arito. La próxima audiencia será el miércoles 12 de agosto a las 9:30.
Tras reconstruir en la audiencia anterior las detenciones de José Vicente Nardi, su hijo José Osvaldo Nardi y del matrimonio integrado por María Elena Castro Nardi y Francisco Rafael Jiménez Herrero, la fiscalía continuó con el tercer y cuarto procedimiento realizados esa misma noche del 30 de marzo de 1976. En esta oportunidad abordó los secuestros de Susana Nardi y Osvaldo Aberastain, detenidos en distintos domicilios, y luego avanzó sobre el caso de Sigifredo Castro y las condiciones de cautiverio de quienes permanecieron en el D2.
Susana Nardi tenía 26 años y trabajaba en la oficina de Dirección de Estadísticas y Censos. Osvaldo Aberastain, de 23 años, militaba en la Juventud Peronista, era delegado sindical y estudiaba en la Universidad del Aconcagua, donde se desempeñó como vicepresidente del centro de estudiantes. Ambos habían estado presentes durante el primer allanamiento realizado en la vivienda de la familia Nardi, horas antes de los secuestros. Después de ese procedimiento, Aberastain regresó a su domicilio de calle Martínez de Rozas junto a su madre, mientras que Susana decidió resguardarse en la casa de su amiga Fernanda Civit.
La noche del 30 de marzo, un grupo comando integrado por efectivos de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, junto a policías provinciales, irrumpió en la vivienda de Aberastain. Según reconstruyó la fiscalía, participaron más de cincuenta soldados y policías que se movilizaban en distintos vehículos. Derribaron la puerta de ingreso, sustrajeron pertenencias de la vivienda y durante el operativo estuvo presente el comisario de la Seccional 25. Mientras lo amenazaban de muerte con frases como «ya te voy a dar comunismo a vos», lo ataron de manos, lo dejaron semidesnudo y lo trasladaron a esa comisaría.
Al día siguiente permaneció bajo custodia en un patio interno de la dependencia junto con el resto de los integrantes de la familia Nardi que habían sido detenidos. Posteriormente fue llevado a la central de policía, donde durante tres días fue sometido a interrogatorios bajo tormentos. La fiscalía describió simulacros de ahorcamiento, ahogamientos —submarino— y otras formas de tortura. Luego fue trasladado al Departamento de Informaciones (D2), donde permaneció detenido hasta el 15 de abril, fecha en que fue llevado al Liceo Militar General Espejo. El 15 de junio de 1976 lo alojaron en la Compañía de Comunicaciones y finalmente recuperó la libertad el 15 de julio del mismo año. La fiscalía remarcó que nunca existió una causa penal en su contra. Al recuperar la libertad, intentó retomar sus estudios universitarios, pero descubrió que había sido suspendido de la facultad.
En paralelo, Susana Nardi fue detenida en la vivienda de su amiga donde había buscado refugio. El operativo estuvo integrado por policías y miembros del Ejército. Tras permanecer en la Comisaría 25 fue trasladada al Casino de Suboficiales, donde permaneció detenida hasta el 3 de junio de 1976. La fiscalía destacó que nunca fue puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no existió prontuario penitenciario ni documentación oficial que registrara su cautiverio, lo que consideró una expresión de la clandestinidad con la que actuó el aparato represivo.
El alegato continuó con Sigifredo Castro, padre de María Elena Castro Nardi. Como la víctima ya había fallecido, la fiscalía reconstruyó los hechos a partir del testimonio de su hija. Castro fue detenido en su domicilio durante el mismo operativo, encabezado por Gustavo Navarro. Los efectivos afirmaron tener una orden de detención, aunque nunca se la exhibieron. Cuando preguntó por qué era detenido, le respondieron que era sospechoso de actividades subversivas. Posteriormente intentaron justificar el procedimiento atribuyéndole la tenencia de armas de guerra.
Su hija Adriana lo buscó en la Comisaría 25, donde inicialmente le negaron que estuviera detenido. Sin embargo, al pasar por el patio de la seccional, su madre gritó el nombre y él respondió con un silbido característico; así pudieron confirmar que permanecía allí. Sigifredo fue el único integrante del grupo familiar que recuperó la libertad directamente desde esa dependencia policial. Cuando regresó a su casa tenía marcas de golpes, quemaduras y múltiples lesiones, aunque nunca quiso contar lo que había sufrido durante el cautiverio. La fiscalía también sostuvo que, en algún momento de su detención, Sigifredo Castro fue llevado por los represores hasta la vivienda de Margarita González Loyarte, hecho que retomaría más adelante al desarrollar el segundo secuestro de María Elena Castro.
La maquinaria de tortura
Al referirse a las condiciones de detención en el D2, la acusación reunió los testimonios de las distintas víctimas para describir el funcionamiento cotidiano del centro clandestino. Las condiciones higiénicas eran precarias, la alimentación era insuficiente y los interrogatorios se realizaban mediante golpes constantes. Aunque algunas de las personas sobrevivientes afirmaron que no fueron sometidos directamente a picana eléctrica, explicaron que los amenazaban permanentemente con ese método de tortura y escuchaban el funcionamiento del aparato. José Osvaldo Nardi recordó el caso de una mujer que lloraba de manera constante y relató que fue obligado a asistir a Alicia Peña para realizarle curaciones en seco en las piernas porque tenía los tejidos de los gemelos necrosados. También expresó que tenía la percepción de que las mujeres eran sistemáticamente víctimas de violencia sexual dentro del D2.
En este contexto, la fiscalía sostuvo que un lugar con esas características no podía funcionar sin la participación coordinada de todas las personas que integraban esa estructura represiva. «Todos hacen que la maquinaria funcione», sintetizó al explicar la responsabilidad de quienes participaron del funcionamiento cotidiano del centro clandestino.
Respecto de Francisco Rafael Jiménez Herrero, la fiscalía profundizó en las condiciones de cautiverio que había adelantado en la audiencia anterior. Señaló que inicialmente permaneció en una celda individual y luego fue trasladado a una colectiva. Los interrogatorios se realizaban con los detenidos vendados y mediante torturas psicológicas. Entre ellas, destacó la exposición permanente a los tormentos sufridos por otras víctimas: los represores hacían sonar música clásica a alto volumen, aunque los gritos continuaban escuchándose desde las salas de tortura. Si bien Jiménez sostuvo que no había sido torturado físicamente, la fiscalía entiende que esas condiciones también constituyeron formas de tormento.
En el caso de Osvaldo Aberastain, además de los interrogatorios ya mencionados, describió el estado de las celdas del D2, donde los detenidos permanecían las primeras noches atados y encapuchados, sin posibilidad de ir al baño. Relató que fue sometido a picana eléctrica aplicada en las encías, los pezones y los testículos. También recordó que en las celdas había restos de vómito, sangre y excrementos, y que a través de la mirilla alcanzó a observar a otros detenidos. Al igual que otros sobrevivientes, hizo referencia a la violencia sexual ejercida sistemáticamente contra las mujeres detenidas en el lugar.
La persecución organizada
Finalmente, la fiscalía abordó un nuevo episodio vinculado con esta misma persecución: el segundo secuestro de María Elena Castro y la primera detención de Margarita González Loyarte. Tras recuperar la libertad, María Elena se encontraba viviendo en la casa de Margarita. La acusación sostuvo que este nuevo procedimiento guardaba relación con el operativo original contra la familia Nardi, ya que el personal represivo conocía ese domicilio a partir de las tareas de inteligencia desarrolladas durante los allanamientos anteriores. Incluso recordó que, durante el primer procedimiento —cuando todavía nadie había sido detenido— un grupo de hombres armados había concurrido a esa vivienda buscando específicamente a María Elena, según declaró Margarita.
Diez días después de que María Elena recuperara la libertad, durante la madrugada del 30 de abril de 1976, ambas mujeres dormían en una vivienda en el barrio Judicial. Cerca de las dos de la mañana golpearon la puerta e ingresaron hombres que se identificaron como integrantes de la Policía Federal. Preguntaron por María Elena, las redujeron, las ataron y las trasladaron en vehículos distintos hasta una zona cercana a Papagallos, en el piedemonte.
Las jóvenes permanecieron allí durante varias horas. Según reconstruyó la fiscalía a partir de ambas declaraciones, fueron interrogadas sobre profesores de la Facultad de Psicología, sometidas a simulacros de fusilamiento, manoseadas y amenazadas de muerte. Antes de retirarse les advirtieron que si denunciaban lo ocurrido no volverían a hablar. Cuando los vehículos se alejaron, María Elena Castro y Margarita González caminaron hasta ver las luces de la ciudad y se dirigieron a la Comisaría 27 para denunciar el secuestro.
La fiscalía aclaró que incorporó este episodio al debate con el objetivo de dejar establecida la verdad histórica de los hechos, independientemente de que en este tramo del proceso no haya pruebas para poder atribuir la responsabilidad penal al D2.
Caso 37: Francisco Hipólito Robledo Flores y Alberto José Scafati Lembo
La fiscalía continuó con el caso de Francisco Hipólito Robledo Flores y Alberto José Scafatti Lembo. Para reconstruir los hechos incorporó la declaración que Scafati brindó en este juicio, en diciembre de 2024, y los testimonios prestados por Francisco Robledo Flores ante el Juzgado Federal y la oficina de Derechos Humanos, además de la documentación incorporada a la causa.
Francisco Hipólito Robledo Flores tenía 24 años y militaba en el Peronismo de Base. La fiscalía recordó que, en noviembre de 1975, fue asesinado su compañero de militancia Héctor Samuel Pringles, hecho que lo llevó a ocultarse por temor a correr la misma suerte, lo que se dice “pasar a la clandestinidad”. Durante ese período, personas desconocidas se presentaron en dos oportunidades en el barrio preguntando por él.
Finalmente fue detenido el 20 de abril de 1976 mientras trabajaba en una oficina ubicada en Cacheuta. Personal uniformado lo redujo, lo interrogó y comenzó a golpearlo antes de trasladarlo a la VIII Brigada de Infantería. Allí fue separado de las demás personas detenidas y sometido a nuevos interrogatorios bajo tortura. La fiscalía describió que recibió fuertes golpes en el abdomen y en uno de sus oídos, al punto de provocarle una grave lesión.
Posteriormente fue llevado al Departamento de Informaciones D2. Según reconstruyó la fiscalía, las agresiones continuaron tanto dentro del calabozo como durante los traslados por el edificio, incluso en el ascensor. Durante varias semanas era retirado de la celda por las noches para ser torturado, declaró. Alicia Peña, quien compartió cautiverio con él, fue testigo de esas sesiones. En una declaración prestada en 1987 manifestó que todavía conservaba las marcas físicas de los tormentos sufridos.
La fiscalía agregó que, producto de los golpes, comenzó a padecer un intenso dolor de oído. Aunque fue revisado por un médico mientras permanecía detenido, no recibió tratamiento alguno. Posteriormente se constató que presentaba una pérdida parcial e irreversible de la visión en el ojo derecho como consecuencia de las lesiones sufridas durante su cautiverio. Tras permanecer detenido en el D2 fue trasladado a la penitenciaría provincial y el 27 de septiembre de 1976 fue llevado a la Unidad 9 de La Plata.
Robledo fue juzgado por un Consejo de Guerra Especial Estable, que le impuso una condena y posteriormente remitió las actuaciones a la justicia federal, donde también se dictó sentencia. En ese expediente figuraban además otras personas detenidas y varios militantes señalados como prófugos, entre ellos Juan Manuel Montecino (desaparecido), Bonoso Antonio Pérez (desaparecido), Alejandro Edgardo Riveros, Elsa Guadalupe Cedrán —ejecutada en octubre de 1977 en Lomas de Zamora—, Mónica Cerutti, Iris Santos, Billy Hunt (desaparecido), Arístides Romeo Vargas y Miguel Alfredo Ponsteau (desaparecido).
Dentro de esas actuaciones también consta una declaración atribuida a Francisco Robledo Flores. Sin embargo, él desconoció ese contenido, aunque sí reconoció haber sido sometido a la revisión médica. En esa misma oportunidad denunció a integrantes del D2 y a otros funcionarios que participaron de su detención. La fiscalía destacó que incluso fueron citados a declarar el médico que lo revisó, personal del Departamento de Informaciones y Naman García, entonces director de la Penitenciaría. Pero el 28 de mayo, el fiscal solicitó el sobreseimiento al sostener que no era posible determinar quiénes habían sido los responsables, pese a que Robledo había señalado expresamente a varios de ellos.
Francisco Hipólito Robledo Flores fue liberado bajo un régimen de libertad restringida en noviembre de 1981.
Alberto José Scafati Lembo tenía 26 años, era médico y trabajaba en los consultorios del Matadero Frigorífico Mendoza. Era simpatizante de la Juventud Peronista y participaba en la creación de un centro médico.
El 14 de abril de 1976, mientras atendía en su consultorio, recibió una llamada telefónica de una persona del Ministerio de Economía que le pidió que permaneciera en el lugar porque querían hablar con él. Poco después llegaron policías vestidos de civil que le comunicaron que quedaba detenido. Minutos más tarde arribó personal del Ejército que lo trasladó al palacio policial.
Una vez en el D2 fue vendado y conducido al subsuelo. Permaneció en una celda oscura y recién al tercer día le entregaron algo de comida y un colchón. Al cuarto día volvió a ser vendado y trasladado a una sala donde fue golpeado e interrogado.
Scafati describió el subsuelo del D2 como el lugar donde se castigaba a los detenidos. Desde allí escuchaba de manera permanente las sesiones de tortura aplicadas a otras víctimas. Recordó que una noche fue obligado a saltar repetidamente hasta golpearse contra el marco de una puerta. “El repertorio de torturas del D2 es inagotable”, dijo el fiscal Dante Vega. El sobreviviente también relató que algunas personas dejaban de responder luego de las torturas y que sus celdas permanecían vacías hasta que ingresaba un nuevo detenido.
En mayo de 1976, fue trasladado a la Penitenciaría de Mendoza. Entre julio y agosto lo llevaron ante el Juzgado Federal, donde le informaron que se encontraba detenido por el delito de asociación ilícita. Durante la indagatoria ante el juez Guzzo decidió abstenerse de declarar. Recién el 30 de julio de 1976, Alberto Scafati quedó formalmente detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Permaneció en esa condición hasta el 27 de septiembre, cuando fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata.
El 29 de noviembre volvió a prestar declaración indagatoria. En esa oportunidad desconoció la declaración anterior por haber sido obtenida mientras permanecía vendado, atado y recibiendo golpes. Finalmente, el 28 de febrero de 1977 se dictó su sobreseimiento provisorio y se ordenó su inmediata libertad. Sin embargo, la medida no se hizo efectiva porque continuó detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Recién fue liberado entre el 13 y el 17 de junio de 1977.
Caso 39: Héctor Eduardo Mur y Elena Beatriz Bustos
El fiscal Dante Vega desarrolló lo que sufrió este matrimonio. Para la época de los hechos, 22 de abril de 1976, Héctor Eduardo Mur tenía 24 años y Elena Beatriz Bustos Viñetas, 22. Él era técnico electricista y trabajaba en la empresa Philips; ella era empleada administrativa del Hospital Español.
El primer procedimiento contra la pareja fue en el lugar de trabajo de Mur. Se lo llevaron con los ojos vendados, en un vehículo, personas sin identificar. Tras pasar por un lugar donde fue sometido a torturas, lo encerraron en los calabozos del D2 durante varios días. Allí se intensificaron los golpes, la tortura con picana y los malos tratos, al punto de que perdió la noción del tiempo. Durante los interrogatorios le preguntaban cosas que no sabía. El segundo procedimiento fue en el domicilio de la pareja, en la calle Perú al 2000 de la Ciudad de Mendoza, de donde se llevaron a Bustos. Ella cree que fue personal de la Policía de Mendoza.
Al momento de las detenciones, ni ella ni su marido tenían militancia política. Pero en la causa contra ellos, figura que durante el allanamiento secuestraron “elementos subversivos”. El fiscal enumeró esos elementos que para las fuerzas eran peligrosos: un folleto de “El montonero”, un ejemplar de la revista “Evita montonera», cuadernos, una declaración jurada, un contrato de locación, papeles con anotaciones. Hasta había una tarjeta de participación que recibieron de otro matrimonio, según consigna la justicia federal en la causa que les hicieron por infracción a la ley 20840. La actitud de la justicia federal no era solo cómplice, sino también “socarrona”, dijo el fiscal Dante Vega.
Aunque no sabía dónde estaba, ella sabía que Eduardo estaba en el mismo lugar porque una vez escuchó su nombre. Después de seis días de estar alojado en el D2, a Héctor Eduardo Mur lo hicieron entrar a la misma habitación en que lo habían torturado, donde estaba su esposa, Beatriz Bustos, totalmente desnuda y atada al camastro del lugar. No pudo verla porque estaba vendado, pero pudo tocarla. Además, los captores lo obligaron a firmar algo sin leer.
Tras veinte días de encierro, la pareja fue trasladada a la cárcel de Mendoza. Además, según se sabe por el prontuario penitenciario, Bustos fue trasladada al penal de Villa Devoto el 16 de noviembre y Mur, al de La Plata el 6 de diciembre. Durante todos esos meses, la familia no sabía dónde estaban.
De hecho, la madre de Elena Bustos tramitó ante el juez Guzzo un habeas corpus el 18 de noviembre de 1976, ante la angustia de no saber dónde estaba su hija. El juez utilizó los mecanismos de la justicia para preguntarles a las reparticiones de las fuerzas y recibió una respuesta de la penitenciaría que indicaba que la mujer estaba allí alojada desde el 21 de mayo, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Cuando el juez le solicitó a la penitenciaría el número de decreto, el Ejército respondió, despectivamente, que estaba detenida en uso de las facultades del Estado de sitio. Tras declararse incompetente un Consejo de guerra, la causa pasó nuevamente a la justicia federal y tres años y medio después, el 19 de octubre de 1979, la pareja fue sobreseída.
Caso 40: Mario Gaitán y Edith Arito
Según desarrolló en su alegato el fiscal Daniel Rodríguez Infante, Mario Roberto Gaitán y Edith Noemí Arito han aportado mucho sobre el funcionamiento del D2, tanto con sus declaraciones en juicio y en etapa de investigación, como con los reconocimientos fotográficos y la prueba documental, por ejemplo, habeas corpus. La pareja fue secuestrada la madrugada del 27 de abril de 1976 en la casa familiar de Gaitán, ubicada en Guaymallén.
Mario tenía 22 años, era trabajador de la construcción y militó en la Coordinadora Peronista, que después devino en el Peronismo de Base. Desarrollaba sus actividades políticas en distintos barrios, particularmente en el Santa Elvira, donde impulsaban la creación de una sala de primeros auxilios, asesoraban a trabajadores despedidos y tenían estrecha vinculación con el cura Jorge Contreras. También participaba de actividades en el barrio San Martín, con el sacerdote Macuca Llorens. Edith Arito, nacida en San Luis, era una joven que no tenía militancia política, pero sí social. En sus declaraciones ha hecho referencia a sus actividades en barrios vulnerables, como el Santa Elvira.
El operativo de la madrugada del 27 de abril del 76 fue un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía de Mendoza. Las fuerzas hicieron un despliegue enorme de gente armada, vehículos, militares, policías, hombres de civil. En la casa, además de la madre y el padre de Mario, estaban su hermana y su bebé recién nacida. Fue un procedimiento completamente violento: tiraron al suelo a Mario, pusieron contra la pared a toda la familia y revisaron violentamente la casa. Destruyeron el cielorraso, revisaron y rompieron muebles, desordenaron todo, excavaron en el patio y robaron relojes y cadenas. Incluso el mayor Suárez, un militar rubio, flaco, de 40 años, a cargo del operativo, robó de la mesa de luz el dinero que la joven pareja estaba ahorrando para comprar una casa.
Los captores se llevaron a Mario y a Edith con capuchas en las cabezas y ataduras en las manos. La hermana de Gaitán logró que no se la llevaran, por los gritos desesperados para quedarse con su hija pequeña. El padre de Gaitán también fue subido al camión en calidad de acompañante. Antes de llevar a la pareja al D2, pasaron por las inmediaciones de la Comisaría 7, pero algo que vieron los hizo decidir seguir de largo.
La pareja estuvo en el Departamento de Informaciones (D2) entre 35 y 45 días, por eso pueden dar un testimonio tan profundo sobre ese centro clandestino. Algún día de la primera mitad de junio, Edith Arito fue trasladada al Casino de Suboficiales, lugar de cautiverio analizado ampliamente en el sexto juicio de Mendoza, y Mario Gaitán, a la Compañía de Comunicaciones, como ha contado en distintas oportunidades.
En su alegato, el fiscal se refirió, por una parte, a las torturas de las condiciones de detención y, por otra parte, a las sesiones de tortura propiamente dichas. Sobre el primer punto, Gaitán explicó que ingresaron al D2 con vendas en los ojos y apenas llegó le dieron una golpiza. Arito recordó que a ella le quitaron los documentos y, por un momento, también las vendas. Describió el acceso a los calabozos como el descenso a unas catacumbas y contó que, una vez sin guardias, pudo advertir que había otras personas cautivas, todas en celdas individuales. Estuvieron durante días vendados e incomunicados y perdieron la noción del tiempo. Gaitán recordó que uno de los captores, el Puntano, era hincha de Independiente Rivadavia y podían saber cuándo era domingo porque escuchaba el partido por la radio.
Era moneda corriente escuchar y sentir cómo se llevaban personas y las devolvían en condiciones deplorables, tras las sesiones de tortura. Mario, por ejemplo, contó que nunca lo dejaron bañarse y que recién pudo lavarse en la Compañía de Comunicaciones, con una toalla y un jabón que le compartieron sus compañeros. Tanto Mario como Edith señalaron la exposición al sufrimiento ajeno como una de las condiciones más crueles del lugar. Él llegó a declarar ante el tribunal que esos sonidos todavía resuenan en su cabeza y muchas veces pensó que era preferible que lo torturaran a uno antes que escuchar los gritos del dolor ajeno.
El testimonio de Edith Arito ha sido siempre esclarecedor sobre dos compañeros desaparecidos con quienes compartieron cautiverio: Daniel Moyano y Edesio Villegas. De Moyano, dijo que pudo verlo agonizando en su celda porque a ella la sacaban a servirle comida o yerbeado al resto. Contó que le pegaban y, ante su caída, lo levantaban para seguir pegándole. El joven, tras una golpiza, dijo su nombre y a ella se le quedó grabado, porque entendió que lo decía para que lo identificaran antes de morir.
La mujer también nombró a Edesio Villegas, a quien vio arrastrándose porque no se podía mantener erguido producto de las torturas y los golpes. En el pasillo de los calabozos, los guardias lo obligaban a avanzar a pesar de que no podía ni moverse y le reprochaban que toda su celda tenía excrementos. Ella lo describió como “un despojo humano”. Él, al verla, le sonrió quizás por ver, en medio de todo eso, un gesto de humanidad.
El fiscal se refirió a las agresiones sexuales contra las mujeres en el D2, de manera general. Gaitán dijo que era una práctica habitual, en las celdas o fuera de ellas. Podían escuchar cómo se resistían y también sentían el estado en el que las compañeras volvían. Incluso una vez vio un abuso a través de la mirilla de su calabozo. Arito contó sus padecimientos en primera persona. Además de confirmar que todas las mujeres eran abusadas, contó que era el oficial al que llamaban “comandante Carlos” el que dirigía los operativos de tortura y entraba con otros y las manoseaba a todas. Estaban permanentemente expuestas a la violencia sexual.
Las torturas en primera persona
Durante las sesiones de tortura, Gaitán contó que lo golpeban y le aplicaban picana eléctrica mientras le preguntaban por su militancia y la gente de ese entorno, como los curas Contreras y Llorens. Además, le hacían preguntas por un mapa que secuestraron durante el operativo en su domicilio. Para los torturadores señalaba lugares de explosivos, pero él contó que era un mapa turístico que habían usado como guía en un viaje con Edith. El hombre recordó que, durante esas sesiones, una persona controlaba el estado físico para avisar si lo podían seguir torturando. Salió tan lastimado que el oficial al que apodaban “el Puntano” lo tuvo que asistir para volver al calabozo. Tanto Mario Gaitán como Edith Arito fueron sometidos a dos simulacros de fusilamiento en la playa de estacionamiento.
Edith Arito declaró en distintas oportunidades que fue sometida a interrogatorios bajo tormento y a agresiones sexuales. Ha contado que el Puntano era un guardia menos hostil, quizás porque eran de la misma provincia, pero así como una vez le llevó un colchón a la celda, en otra ocasión también la llevó a la sala de torturas, refirió el fiscal para pintar el funcionamiento del aparato represivo.
Sobre los tormentos, la mujer dijo que el silencio en la sala de torturas fue interrumpido por un golpe de cachiporra tan violento que se orinó encima. Le arrancaron y le rompieron la ropa, incluso la ropa interior. La ataron, la golpearon, la mojaron, la manosearon, la asfixiaron con una bolsa de nylon. Dijo que no le aplicaron picana, pero que tenía los pechos lastimados de tantos golpes. Regresó a la celda con la ropa destrozada y el cuerpo completamente cubierto de lesiones, todo negro, “parecía una morcilla”. Cuando entró a su celda, se tocó el cuerpo y se largó a llorar. Otros compañeros le preguntaron cómo estaba y ella no respondía, razón por la cual Gaitán pensó que había muerto. Los días siguientes se descompensaba por el estado en el que había quedado y los otros detenidos pedían a los gritos que la asistieran. Después de insistir, los guardias dejaron que la pareja se viera una vez.
Edith Arito dijo que no solo percibió la tortura como castigo a ella sino para torturarlo a Gaitán: “Al martirizarme a mí lo martirizaban a él”. Cree no haber sido violada, según sus palabras, pero sí sometida a desnudez forzada, tocamientos, manoseos. Gaitán dijo que en el D2 nunca vio a alguien uniformado y además no usaban sus nombres reales, pero, con el tiempo empezaron a relacionar rasgos físicos, voces, apodos: el puntano, el cepillo, el padrino etc.
En un reconocimiento fotográfico, Mario Gaitán identificó a Timoteo Rosales Amaya como el puntano. También agregó que el mismo Sánchez Camargo, jefe del D2, entraba a las celdas y los golpeaba. Reconoció a Roccato, imputado en este juicio, como uno de los que conducía a las personas a la tortura, y a Julio Héctor La Paz como uno de los más activos en esas sesiones y uno de los acosadores de Edith. Cree que Emilio Muñoz se corresponde con el que apodaban “el padrino” y que Raúl Horacio Pinto Vega era el cepillo. Señaló a Mario Esteban Torres y, como el caballo loco, a Teodoro Galigniana.
La continuidad de sus cautiverios
Tras pasar por la Compañía de Comunicaciones, Gaitán fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata y recuperó su libertad a mediados de 1977. Arito fue alojada en el Casino de Suboficiales y, más tarde, en Villa Devoto. Le dieron la libertad en febrero de 1979 y, al día siguiente, le dictaron libertad vigilada por un año. Cuando regresó a su casa, estuvo sin salir un largo periodo, casi acostumbrada al encierro. Intentó volver a dar clases, pero al principio no pudo porque tenía antecedentes penales.
Para justificar la detención, la pareja había sido incluida en la causa de Scafati con declaraciones fraguadas y firmadas bajo tortura que tanto Edith Arito como Mario Gaitán desconocieron posteriormente.
La próxima audiencia será el miércoles 12 de agosto a las 9:30.
