AUDIENCIA 80 / EL D2, UN APARATO DE TORTURAS Y VIOLENCIA SEXUAL

22-10-2026 | La fiscalía retomó los alegatos por siete víctimas: Inés Atencio, Irene y Norberto Reyes, Pedro Romero, Susana Sagrillo y Rubén y Mónica Rizzi. Primero fue el turno de la fiscal Analía Quintar y luego, de Daniel Rodríguez Infante. La próxima audiencia será el 23 de octubre a las 9:30.

Con la ausencia, una vez más, de los imputados y una hora y media más tarde de lo previsto, comenzó una nueva instancia de alegatos del Ministerio Público Fiscal. En esta audiencia la fiscalía narró los hechos vividos por nueve víctimas: Inés Dorila Atencio, Irene Edith Reyes Arredondo, Norberto Pedro Reyes, Pedro Jorge Romero Soria, María Susana Sagrillo, Rubén Alberto Rizzi Raguza, Norma Mónica Rizzi. Para la próxima audiencia, quedaron pendientes los casos de Víctor Vicente Cuello Cantón y Luis Passardi.

Inés Dorila Atencio

La fiscalía reconstruyó el caso de Inés Dorila Atencio a partir de sus declaraciones de 2015 y 2023. Además, existe una declaración testimonial de 1976, realizada pocos días después de recuperar su libertad.

Inés era oriunda de San Juan y tenía 23 años al momento de los hechos. Viajó a Mendoza en busca de trabajo y se desempeñaba en tareas de limpieza en el Hotel Argentino. Estaba en pareja con Víctor Hugo Díaz y no tenía militancia política.

El 6 de agosto de 1976 fue detenida en la puerta del domicilio donde vivía y trabajaba. Según la reconstrucción de los hechos, Inés y Hugo llegaban a la vivienda en un Fiat 600 cuando un Ford Falcon se estacionó al lado. Cuatro personas armadas descendieron del vehículo, la vendaron y ataron, la obligaron a subir y la trasladaron al D2. Su pareja, Víctor Hugo Díaz, también fue detenido. El Fiat 600 en el que se trasladaban quedó secuestrado.

La fiscalía sostuvo que el secuestro de Inés y Díaz se produjo porque ambos habían estado en la puerta de la vivienda de Rubén Álvarez, quien era investigado por el D2. Los siguieron, los detuvieron y los trasladaron al Departamento de Informaciones.

Cuatro días después de la detención, Vicenta Chavrier, jefa de Inés, se presentó en la Comisaría 5, declaró que Inés se había ausentado del hogar y no aparecía. A partir de esa denuncia, la Policía inició un sumario para investigar su paradero. Para el 12 de agosto, las actuaciones indicaban que las investigaciones no habían permitido localizarla. Posteriormente, Chavrier volvió a la comisaría para decir que Inés había aparecido y la Policía la citó para que explicara dónde había estado. 

El 14 de agosto, Inés se presentó y relató detalladamente cómo había sido su secuestro. Contó que, el día de su detención, mientras se encontraba en la puerta del domicilio donde vivía y trabajaba, vio llegar un vehículo del que descendieron cuatro personas armadas. Le vendaron los ojos con una venda elástica, la subieron a la parte trasera de un Ford Falcon verde y la trasladaron al Palacio Policial.

El sumario fue remitido al Palacio Policial, pero Sánchez Camargo negó que Atencio hubiera permanecido en el D2 y devolvió las actuaciones. La investigación quedó entonces en manos del jefe de la Comisaría 5. También se dio intervención a la Justicia Federal, con participación del juez Guzzo y el fiscal Romano, quienes sobreseyeron a los posibles responsables.

Sin embargo, pese a que desde el D2 se había negado la detención y retención de Inés, la Justicia Federal recibió posteriormente información que daba cuenta de que había estado detenida allí. «¿Qué hizo con este sumario la Justicia? Nada», afirmó Analía Quintar, la fiscal.

Al ingresar al D2, Inés estaba vendada y maniatada. Le quitaron la cartera, en la que llevaba su sueldo y su DNI, elementos que nunca le fueron devueltos. Primero la llevaron a una sala, donde le tomaron los datos y le sacaron una fotografía. Después volvieron a vendarla y la interrogaron. Finalmente, la trasladaron a un calabozo, donde la arrojaron al suelo.

Esa noche durmió en el piso de la celda y un día después le dieron de comer. También contó que debía patear la puerta del calabozo para que le permitieran ir al baño. En algunas ocasiones, cuando salía de la celda, veía hombres vestidos de azul. A veces podía hablar con otras personas detenidas, pero en un momento la amenazaron para que dejara de hacerlo.

Además de las condiciones de detención, la fiscalía abordó los abusos sexuales que sufrió Inés durante su permanencia en el D2. Fue en 2015 cuando, por primera vez, pudo declarar sobre lo que había vivido. Según relató, una noche ingresaron a su celda, le sacaron las ataduras de las manos y la violaron. El hombre que lo hizo le ordenó que no lo mirara a la cara. La situación se repitió todos los días durante su detención, tanto en la celda como en el baño.

Inés pudo reconocer que se trataba de distintos hombres por la forma en que hablaban. En una ocasión, uno de ellos le preguntó si había hecho algo y la obligó a hacer lo mismo con él, es decir, la sometió sexualmente. Al recordar lo sucedido, expresó: “Fue lo más terrible que me hicieron en la vida”. Al abordar estos hechos, la fiscal Analía Quintar planteó que quizás allí se encontraba la explicación de por qué Inés había permanecido detenida.

El 11 de agosto, Inés fue trasladada a una oficina en la que se descompuso mientras le hacían un interrogatorio. Allí le quitaron la venda, le sacaron una foto y la devolvieron a la celda en las mismas condiciones en las que salió. Previo a liberarla, le hicieron firmar un documento que no pudo ver, le devolvieron la cartera, la subieron a un Ford Falcon y la dejaron en el parque a altas horas de la noche.

Llegó como pudo al domicilio donde residía. Chavrier le permitió entrar, pero le dijo que si andaba en cosas raras no podía tenerla en la casa. Finalmente, la echó. A Inés Dorila Atencio no solo la secuestraron y permaneció durante cinco días privada de su libertad de manera ilegal, sino que también perdió su trabajo y se quedó en la calle.

Fiscalía

El secuestro de la familia Reyes: Irene Edith Reyes Arredondo, Norberto Pedro Reyes y Pedro Jorge Romero Soria

La reconstrucción de este caso se realizó a partir de la declaración de Irene Edith Reyes Arredondo, del 11 de diciembre de 2023. No se cuenta con las declaraciones de Norberto Pedro Reyes ni de Pedro Jorge Romero Soria, ya que ambos habían fallecido al momento del inicio de este juicio.

Irene nació en Mendoza el 29 de julio de 1950 y tenía 26 años al momento de los hechos. Vivía en Godoy Cruz —en la calle Florencio Sánchez y Álvarez Thomas— junto a su marido, Pedro Jorge Romero, su hijo de siete años, Jorge Alejandro, y su hija de seis, Marisa Edith. Irene era ama de casa y Pedro trabajaba como chofer para una cooperativa; no tenían militancia política.

Para el momento de los hechos, el hermano de Irene, Norberto Reyes, había venido de Buenos Aires, residía en el domicilio de ella y trabajaba en una empresa de plásticos.

El 16 de agosto de 1976 por la tarde, personal de civil y otros efectivos uniformados ingresaron a la vivienda de Irene luego de romper el portón. Había personal desplegado en los alrededores, en la calle, los techos y otros sectores de la zona.

Al ingresar, le preguntaron su nombre y lo mencionó con su apellido de casada. Los oficiales le preguntaron por su apellido de soltera y, al identificarla como hermana de Norberto Reyes, la detuvieron. También sacaron de la vivienda a su marido, Pedro Jorge Romero, y lo detuvieron. En ese momento, Pedro estaba durmiendo la siesta junto a sus hijos.

Los niños quedaron parados en la vereda desde las 15 hasta las 21 horas. Una vecina llamó a la madre de Irene, quien finalmente fue a buscarlos. Durante ese tiempo, el personal que había ingresado a la vivienda saqueó el domicilio. Marisa Edith, hija de Irene, también declaró en audiencia y recordó cómo la sacaron de la casa junto a su hermano, ambos en ropa interior, y los dejaron afuera hasta que se hizo de noche.

Tras el secuestro, Irene y Pedro fueron trasladados al D2 en vehículos distintos. Irene fue llevada sin venda, esposada y agachada en la parte trasera de un automóvil. Al bajar del vehículo en el D2, le vendaron los ojos, la obligaron a bajar unas escaleras y la introdujeron en un calabozo oscuro, completamente cerrado y con una pequeña mirilla. Allí permaneció durante 48 horas, a oscuras, sin recibir comida ni agua y sin poder ir al baño.

Después la trasladaron a otro calabozo más grande, con una puerta de rejas. Días más tarde, le dieron de comer. Desde esa celda, Irene podía ver cómo llevaban y traían a personas detenidas por razones políticas a la sala de torturas. Se escuchaba música a un volumen muy alto y los gritos de quienes eran torturadas. También vio cómo subían bultos envueltos que, según creía, eran personas muertas.

Durante su permanencia en el D2, a Irene la hicieron subir escaleras hasta una sala donde la sometían a interrogatorios bajo torturas y amenazas. Las preguntas estaban vinculadas exclusivamente con su hermano, Norberto, quien sí tenía militancia política. Irene Reyes también fue víctima de abusos sexuales durante su permanencia en el D2. Los responsables la amenazaban y le decían que debía quedarse callada porque, de lo contrario, matarían a su hermano, a su esposo y a sus hijos. Según sus registros, se trataba de alrededor de cuatro personas.

En una ocasión, le dijeron a su marido que ella se estaba acostando con todos los agentes. A raíz de ello, los oficiales dejaron la celda de Pedro abierta, quien fue hasta el lugar donde estaba Irene y la golpeó.

Irene permaneció detenida en el D2 desde el 16 de agosto de 1976 hasta el 5 de noviembre de ese año. Durante ese período también estuvieron detenidos y torturados allí Pedro Jorge Romero y Norberto Reyes. El 5 de noviembre, los tres fueron trasladados a la Penitenciaría de Mendoza. Irene relató que la buscaron en el D2 y la subieron a un camión con celdas, donde ya estaban su hermano y su marido. Durante su permanencia en la cárcel, Irene pudo ver a sus hijos una sola vez.

Irene Reyes recuperó su libertad el 27 de junio de 1977. Pedro Jorge Romero fue liberado el 30 de junio de 1977 desde el penal provincial. En el caso de Norberto Reyes, no se cuenta con información precisa sobre la fecha en que recuperó su libertad, aunque se estima que pudo haber ocurrido en una fecha cercana a la de su hermana y su cuñado.

María Susana Sagrillo

La reconstrucción del caso de María Susana Sagrillo se realizó a partir de su declaración ante la fiscalía en 2011 y de prueba documental que es parte de este juicio. Susana tenía 23 años, vivía con sus padres en Godoy Cruz y se desempeñaba como docente de nivel primario en la Escuela Daniel Videla Correas.

El 4 de octubre de 1976, Susana regresaba de dar clases cuando fue detenida en la calle Amengual entre Paso de los Andes y Renato Della Santa, donde la habían dejado sus compañeras para que continuara el camino hacia su domicilio. Un Citroën rojo la interceptó y los hombres le pidieron sus documentos. Susana entregó su cédula federal, pero igualmente fue detenida. La subieron al asiento trasero del automóvil, donde ya había otra persona. Luego le vendaron los ojos y la trasladaron al D2. Aunque no sabía dónde la habían llevado, podía escuchar el sonido del tren. Al momento de su detención, llevaba consigo las libretas y los registros de sus alumnos las cuales le arrebataron y aparecieron en una caja dentro de una camioneta.

Al ingresar al D2, Susana permaneció entre cinco y seis días en un sótano. Después la trasladaron a una celda grande, ubicada en la esquina de otro piso, y más tarde a otra más pequeña, en el mismo sector. Durante su detención fue sometida a tormentos e interrogatorios. Mientras le hacían descargas con la picana eléctrica, le mostraban fotografías de compañeros de la facultad que sabía que estaban detenidos, le preguntaban si era montonera y qué les enseñaba a sus alumnos.

La madre de Susana, tras su secuestro, presentó dos habeas corpus ante la justicia para solicitar información sobre su paradero. En una de esas presentaciones, señaló que un día después de la detención de su hija un grupo de mujeres había sido trasladado a Devoto. Por ese motivo, pidió que se investigara si Susana había formado parte de ese movimiento. El juez Guzzo recibió el recurso y solicitó información a las dependencias correspondientes. Sin embargo, le respondieron que desconocían dónde se encontraba su hija y el juez rechazó el recurso.

El 22 de octubre de 1976, después de permanecer diecinueve días detenida en el D2, Susana fue sacada del lugar con los ojos vendados y la dejaron en los jardines de la Casa de Gobierno.

Caso 59: la persecución a la familia Rizzi y su entorno

El Caso 59 abarca a cuatro víctimas —Rubén Alberto Rizzi, Norma Mónica Rizzi, Luis Passardi y Víctor Vicente Cuello—. En esta jornada, el fiscal Daniel Rodríguez Infante reconstruyó el secuestro, cautiverio y torturas sufridos por Rubén y su hermana Mónica. El análisis del Ministerio Público Fiscal se basó en testimonios, inspecciones documentales y reconocimientos fotográficos.

Al momento de los hechos, Rubén tenía 21 años, estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y se desempeñaba como presidente de Franja Morada. En sus declaraciones judiciales, señaló que en 1975 había tenido una breve militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y recordó que, con anterioridad a su detención, había albergado en su domicilio a una joven apodada «Mecha» junto a su bebé de pocos días, a pedido de Alicia Peña. Tal como aclaró Víctor Vicente Cuello en el proceso, «Mecha» era Elsa Sedrán de Carullo, esposa del dirigente de Montoneros Carlos Carullo. Rizzi vinculó ambos episodios con su posterior persecución.

A Rubén Rizzi lo detuvieron el 21 de octubre de 1976 cuando concurrió al Palacio Policial para retirar su cédula de identidad y tramitar el certificado de buena conducta. Luego de identificarlo, lo vendaron con su propia campera y lo trasladaron a un calabozo del Departamento de Informaciones (D2).

Las torturas comenzaron a los pocos días. En su declaración ante el juez Guzzo en 1979, en el marco de la causa iniciada en su contra, Rizzi detalló que al tercer día fue conducido a una habitación tras bajar dos o tres pisos y atado desnudo a un banco. Ante las amenazas de muerte hacia él y de colocar una bomba en la casa de su familia, un hombre le tomó las pulsaciones y le dijo al interrogador: “Jefe, a este le puede dar durante dos horas”, y comenzaron las descargas de picana eléctrica.

En medio de los padecimientos, Rizzi recordó que en el momento en que dejaron de picanearlo, la persona que hacía más preguntas dijo que había armas en el techo de su casa y salieron a corroborarlo. Sus captores lo dejaron atado durante dos horas y media bajo la advertencia de que, según lo que encontraran en el domicilio, continuarían los tormentos. En paralelo, a las 21:00 de esa misma jornada, un grupo de cuatro personas de civil (tres efectivos de la Policía de Mendoza y uno de la Policía Federal) ingresó al domicilio familiar aduciendo la investigación de actividades subversivas, aunque no encontraron ningún elemento comprometedor. El padre de la víctima, Hernán Humberto Rizzi, dejó constancia de este operativo al interponer un recurso de habeas corpus.

Durante los interrogatorios, conducidos por un agente conocido como «el porteño», le exhibieron una cartulina con fotografías en la que reconoció a Mecha. También lo interrogaron por su hermana Mónica —quien no tenía militancia política— y por supuestas actividades sindicales de su madre. Posteriormente, fue subido a un vehículo Citroën —automóvil operativo del D2 identificado en múltiples secuestros— para obligarlo a marcar personas —particularmente a Mecha— en la vía pública.

Al describir la infraestructura del D2, Rizzi explicó que inicialmente fue alojado en una especia de leonera, una habitación helada de cuatro por cuatro metros ubicada en la planta baja (área de contravenciones), donde convivía con presos comunes y mujeres en situación de prostitución. De allí era llevado a la sala de torturas, donde lo ataban a una parrilla metálica por los tobillos y le ajustaban el cuello con una correa de cuero al punto del ahogamiento mientras le aplicaban descargas eléctricas que le provocaban convulsiones involuntarias. El nivel de pánico lo llevó a desear que se le cayera una viga encima para terminar con el sufrimiento.

En el centro clandestino compartió cautiverio con Laura Marchevsky, Miguel Poinsteau y Rosa Gómez, a quien definió como “una persona amorosa”. Él también dio testimonio de las agresiones sexuales sistemáticas contra ella. Asimismo, dio cuenta del terror psicológico cotidiano: un guardia ingresó a la zona de calabozos armado para amedrentarlos afirmando que a su cuñado lo habían matado en Tucumán; otro les recriminaba por su ateísmo. Sobre estos episodios, Rizzi reflexionó: “Eran charlas amenas que teníamos con esa gente que se dedicaba a torturar y matar”.

El cautiverio de 35 días en el D2 quedó acreditado mediante documentación oficial. En el marco del habeas corpus presentado por su padre, el sargento ayudante Cardozo informó el 22 de octubre que Rizzi estaba detenido por infracción a la Ley 20840, mientras que el 25 de octubre, la VIII Brigada de Infantería de Montaña, mediante nota firmada por el coronel Maradona, comunicó al juzgado que se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

En instancias judiciales posteriores, Rizzi logró identificar fotográficamente a varios de sus agresores en el D2: Eduardo Cía Villegas —quien actuaba como el «policía bueno» e indagaba sobre su hermana—, Manuel Bustos Medina —alias “Mechón Blanco”—, Mario Esteban Torres —mencionado como “Caballo Loco”— y Carlos Escobar.

El circuito carcelario y el exilio

El 26 de noviembre de 1976, Rizzi fue trasladado a la penitenciaría provincial por orden del jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo. Allí fue interrogado por personal militar y pudo tomar contacto con su familia por primera vez. La noticia sobre su paradero había llegado previamente a su casa a través de un militar allegado que intentaba vincularse afectivamente con Liliana Giraud, la hermana de su novia, Mónica Giraud.

A mediados de diciembre fue derivado a la Unidad 9 de La Plata sin notificación a su familia, que nuevamente se enteró por el mismo militar. En agosto de 1977, según testificó el sobreviviente Luis Arra, Rizzi, Ángel Robledo, Alberto Ochoa y el propio Arra fueron sacados encapuchados y esposados del penal de la capital bonaerense para ser interrogados individualmente en una comisaría por requerimiento de la Policía de Mendoza.

Tras permanecer en La Plata hasta fines de 1977, fue regresado a la cárcel de Mendoza durante 1978 y enviado nuevamente a la Unidad 9 a comienzos de 1979. Obtuvo la libertad el 16 de octubre de 1979 —junto a Víctor Vicente Cuello, a quien conoció en el D2— luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al ser obligado a presentarse semanalmente ante el sargento Pagella en el Comando de la 8.ª Brigada de Infantería de Montaña, Rizzi decidió salir del país. Es decir, estuvo solamente dos meses en Mendoza, viajó a Brasil y se exilió en Suecia, desde donde prestó testimonio porque allí reside hasta hoy.

La persecución estatal alcanzó de lleno al núcleo familiar. Su hermana Adriana Rizzi y su pareja, Edgardo Rivero —militantes del peronismo de izquierda—, debieron huir la noche del arresto de Rubén al sospechar que su caída estaba vinculada a ellos. Tiempo después, la vivienda familiar fue allanada y destruida.

Por su parte, su hermana Mónica Rizzi fue secuestrada el 3 de noviembre de 1976, el día que cumplía veinte años. Un hombre que se identificó como “Pedro Sánchez García” —a quien la fiscalía identifica como el jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo— se presentó en el domicilio de calle Entre Ríos 247 junto a dos oficiales. Bajo la excusa de llevarla como testigo, la trasladó al D2. Allí fue interrogada por el propio Sánchez Camargo sobre el paradero de Edgardo Rivero y amenazada con ser sometida a violencia sexual. Tras pasar la noche bajo constantes amedrentamientos, fue entregada a su madre al día siguiente, hecho que quedó registrado en las actuaciones del habeas corpus interpuesto por su padre.

Al finalizar el abordaje de este caso, la representación fiscal indicó que en la siguiente audiencia continuará con los alegatos correspondientes a las víctimas Víctor Vicente Cuello y Luis Passardi.

La próxima audiencia será el viernes 23 de octubre a las 9:30.

Audiencia completa:

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