29-10-2026 | La fiscalía desarrolló una serie de casos ocurridos entre junio y noviembre de 1976. Muchas de las víctimas fueron incluidas en la causa «Luna». La próxima audiencia será el 13 de noviembre a las 9:30.
Analía Quintar y Dante Vega alegaron por diversos casos de personas secuestradas por el D2 en 1976. En primer lugar, reconstruyeron las detenciones de Oscar Alberto Plaza Acuña, Carlos Salas, Iván Salas y Carlos Soria, ocurridas en noviembre de 1976. Luego se desarrollaron los hechos relativos a Héctor García, Eduardo Morales, Leopoldo López, Antonio Savone y Juan Carlos González, vinculados a la causa «Luna». Los últimos dos casos fueron los de Olga Rosa Marzetti, detenida en junio, y el secuestro de Norma Arenas en noviembre de 1976.
Caso 64: Oscar Alberto Plaza Acuña, Carlos Salas, Iván Salas y Carlos Soria
De estas cuatro víctimas, la fiscalía solo cuenta con dos declaraciones de Plaza Acuña en el año 2010, en el marco de la instrucción. La fiscal Analía Quintar explicó que los casos se abordan de forma conjunta dado que los cuatro hombres fueron detenidos y liberados en el mismo momento.
Al momento de los hechos, Plaza Acuña, de nacionalidad chilena, tenía 27 años y militaba en el Partido Socialista. Había llegado a nuestra provincia huyendo de la persecución de la dictadura del país vecino y trabajaba en una empresa de montajes industriales. Vivía en la calle México de Godoy Cruz junto a Carlos Salas, Iván Salas y Carlos Gonzáles, también chilenos, y Carlos Soria, oriundo de San Juan. Soria estudiaba Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional.
De forma previa a los secuestros, un vecino que era enfermero de la Fuerza Aérea les había advertido que estaban siendo vigilados por un vehículo Ford Fairlane color gris. Las detenciones se produjeron el 28 de noviembre de 1976 en el domicilio mencionado de Villa Hipódromo. Ese día se cortó la luz en toda la manzana. Cuando golpearon la puerta, Soria abrió e ingresaron de forma violenta tres personas de civil con ametralladoras. Plaza Acuña, Soria y Carlos e Iván Salas fueron golpeados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Afuera de la vivienda había más personal rodeando la manzana. El operativo, relató Plaza Acuña, duró más de una hora y le dejó secuelas: una costilla hundida y una protuberancia en la nuca. Miriam Méndez, vecina, declaró haber visto todo el procedimiento desde su casa.
También fue detenido Jesús Coria, quien golpeó por error la puerta buscando otra vivienda. El hombre fue obligado a ingresar al domicilio y corrió la misma suerte que los demás. Los captores lo forzaron a llevar a parte de los detenidos hasta el Palacio Policial en su propio vehículo. Las cinco víctimas quedaron en un sótano, donde les sacaron fotos. Al otro día, cuando el D2 constató el error, Coria fue liberado.
Plaza Acuña refirió que les hicieron llenar unas fichas y luego lo condujeron a una celda individual, sin vendas. No recordó con precisión el tiempo de su cautiverio, posiblemente más de quince días. Durante este periodo pudo ver a un chico atado de pies y manos y “en muy mal estado”. Los efectivos del D2 lo amenazaron: “Vos vas a correr la misma suerte”. Plaza Acuña supone que fue desaparecido porque el guardia le había dicho que “estaba listo” para ser enviado “arriba”. La fiscalía no ha logrado identificar a esta víctima.
Plaza Acuña, Carlos Salas, Iván Salas y Carlos Soria recuperaron su libertad desde el D2, el 13 de diciembre de 1976. En 2011 Oscar Alberto Plaza Acuña realizó un reconocimiento fotográfico de personal del D2 y recordó a José Esteban Roccato como uno de los efectivos que los golpeó y custodió durante el operativo de secuestro. Para la fiscalía, todo lo expuesto demuestra la directa intervención del D2 en los secuestros y el cautiverio de las cuatro víctimas.
Caso 49: Héctor García, Eduardo Morales, Leopoldo López, Antonio Savone, Juan Carlos González y Olga Noemí Herrera
Este caso, desarrollado por Dante Vega, reconstruye los hechos vividos por un conjunto de personas detenidas en junio de 1976 e incluidas en la causa caratulada “Fiscal contra Luna”. Se trata de Héctor García, Eduardo Morales, Leopoldo López, Antonio Savone, Juan Carlos González y su esposa, Olga Noemí Herrera.
Para el Ministerio Público Fiscal, el testimonio de Héctor García es muy importante por los detalles que brinda sobre el funcionamiento del D2, además de aportar información sobre Ricardo Sánchez Coronel y Jorge Vargas, ambos desaparecidos y vistos por última vez en este centro clandestino de detención.
García tenía 26 años, era empleado del Banco Mendoza e integraba la comisión gremial interna de esta entidad. Según su declaración de instrucción, en 2011, fue detenido el 7 de junio de 1976 en su domicilio de Las Heras, cerca del mediodía. Ese día habían preguntado por él en su lugar de trabajo.
Seis personas armadas ingresaron a la vivienda donde también estaba su hija. Vestían de civil y llevaban pasamontañas. La detención de Héctor García está acreditada por las actuaciones del sumario de prevención que labró el D2 y que dio origen a la causa Luna, expediente abordado en audiencias anteriores. Allí, el D2 consignó que García, “según diligencias investigativas efectuadas por esta Policía”, sería militante de Montoneros.
El traslado al D2 se produjo en el piso de un vehículo, vendado, ocasión en la que aprovecharon para quitarle su reloj. Al ingresar lo alojaron en una celda en la que permaneció dos o tres días. Durante este periodo pudo conversar con Ricardo Sánchez Coronel, que tenía el brazo quebrado. También recordó la presencia de otras víctimas: David Blanco, Antonio Savone, Rosa Gómez, Jorge Vargas y su esposa, María Luisa Sánchez. Refirió haber visto a una mujer pelirroja apodada “la Vikinga”, totalmente desnuda y morada de pies a cabeza producto de la violencia sufrida. García declaró que Jorge Vargas era torturado en la propia celda, y mencionó que en una ocasión llevaron a una de sus hijas a presenciar la escena.
Héctor García fue torturado en una sala especial, donde lo ataron a una parrilla de madera y le aplicaron picana eléctrica. También lo sometieron a un submarino. Las preguntas giraban insistentemente sobre Sánchez Coronel y las actividades de la comisión interna del banco.
Dos semanas después de su llegada al D2, una mañana vio que Vargas y Sánchez Coronel fueron trasladados por dos efectivos. Ese mismo día García pasó a una celda más grande a la que accedía por una escalera, cerca de una celda con “presos comunes”. Estas personas lo ayudaron: además de alimentarlo, García les entregó una nota para su esposa y pidió que avisaran telefónicamente a su familia que se encontraba en el D2. Una vez enterada, la familia se presentó en esta dependencia, pero el personal negó la presencia de García. Más adelante le permitieron recibir la ropa que le llevaban, situación que para él significaba ser “blanqueado”.
Otro hecho relevante fue la visita de gente perteneciente al Juzgado Federal que le preguntó si había padecido apremios ilegales. Antes de que ingresaran a su celda, personal del D2 le había advertido que cuidara lo que iba a decir. Dante Vega explicó que no hay forma de probar que fueran efectivamente funcionarios judiciales. Esa misma noche las víctimas recibieron una fuerte golpiza por haber denunciado las torturas.
García fue trasladado a la Seccional 6 y el 11 de diciembre de 1977 ingresó a la penitenciaría. Recuperó la libertad desde la Unidad 9 de La Plata en diciembre de 1981.
El 24 de mayo de 1977 García prestó declaración indagatoria ante el juez Guzzo. La víctima relató con detalles las torturas sufridas en el D2 y le exhibió al magistrado las heridas y cicatrices producto de estas prácticas.
Eduardo Argetino Morales prestó declaración testimonial en distintas instancias y volvió a hacerlo en este juicio en septiembre de 2025. Fue detenido el 12 de junio de 1976 en horas del mediodía en su domicilio de calle Avellaneda de Ciudad, vivienda que compartía con Emilio Vernet. Ese día había terminado el servicio militar obligatorio en el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.
Unos días antes, tras regresar de una visita a su familia en San Rafael, Morales había encontrado la casa abierta y revuelta y no había logrado comunicarse con Vernet. Este primer procedimiento consta en la causa Luna: el 10 de junio, sin orden de allanamiento, el D2 se presentó en el domicilio para detener a Emilio Vernet y secuestró material “relevante” que incluía una chequera de pago de una casa a nombre de Morales.
En el D2, Morales fue desnudado e introducido a una habitación donde fue golpeado. Se le ocurrió decirles a los torturadores que era ayudante de Schroh en el servicio militar. La víctima llegó a escuchar que decían “este se va a ir”, sin certezas de qué significaba. Posteriormente lo introdujeron en una celda. Entre los torturadores, Morales identificó a Moroy, que los sacaba de la celda y los obligaba a hacer flexiones de brazos.
Una particularidad de este caso es que Morales conocía el D2 porque durante su conscripción la autoridad militar lo mandaba a buscar y llevar papeles. Paradójicamente, terminó detenido en esta dependencia, señaló el fiscal.
El 15 de enero de 1977 fue trasladado a la penitenciaría de Mendoza y en marzo pasó a la Unidad 9 de La Plata. Desde allí recuperó su libertad, el 19 de mayo de 1978.
Antonio Savone tenía 27 años y trabajaba en una empresa familiar de construcción de tanques metálicos. La víctima refirió que simpatizaba con el peronismo pero no tenía militancia política, únicamente era adherente de la Asociación de Trabajadores Industriales Metalúrgicos. Según su interpretación, fue detenido a raíz de su amistad con Edesio Villegas, uno de los desaparecidos del D2. Su caso se vincula con el de Leopoldo López, de nacionalidad chilena. López tenía 35 años y trabajaba en el taller metalúrgico de la familia Savone como técnico electromecánico.
Según consta en la causa Luna, Savone fue detenido el 14 de junio de 1976 en horas del mediodía, en su domicilio ubicado en calle General Paz de Godoy Cruz. Le sustrajeron entonces un maletín que contenía la documentación para la venta de un inmueble a Juan Carlos Charparín, operación que iba a concretarse en el estudio de Jorge Vargas. Charparín y Vargas, como se desarrolló en audiencias anteriores, continúan desaparecidos.
Según los informes dirigidos al jefe del D2, Savone era propietario del taller metalúrgico donde supuestamente se construían unas “cúpulas carrozadas con buches” para ocultar material en vehículos de la organización Montoneros. En consecuencia, personal del D2 se presentó en el taller localizado sobre el carril Rodríguez Peña y realizó el secuestro de evidencia. Esta “fantasía” del D2, según palabras de Dante Vega, buscó justificar las detenciones de Savone y López.
López “tuvo la desgracia” de estar trabajando y fue también secuestrado, acusado de participar en la construcción de las cúpulas. Entrevistado en la penitenciaría de Mendoza en julio de 1977, el juez Guzzo dispuso su libertad por considerar arbitraria esa detención. Esta se concretó recién el 27 de agosto, luego de que cesara su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). La fiscalía no ha podido precisar cuánto tiempo estuvo cautivo en el D2. Su ingreso al penal, de acuerdo al prontuario penitenciario, ocurrió el 11 de enero de 1977.
Savone, por su parte, relató que fue conducido al D2 de forma violenta y con las manos atadas. Una vez allí fue arrojado a una celda individual. Además de ver cómo abusaban de Rosa Gómez, oía constantemente los lamentos de otras víctimas detenidas. Savone sufrió interrogatorios bajo tortura donde preguntaban por Edesio Villegas y la venta del inmueble a Charparín. También le mencionaron a su hija recién nacida.
Savone fue sometido a un Consejo de Guerra en la sede del Comando, donde lo obligaron a elegir a un defensor de apellido Sandoval. El tribunal leyó los cargos y se declaró incompetente. Posteriormente fue indagado por el juez Guzzo, quien dispuso su liberación. Al igual que en el caso de López, no se efectivizó por vigencia de un decreto del PEN. Finalmente, el 6 de octubre de 1977 el PEN lo expulsó del país. La salida a Italia se concretó previo paso por la temida Coordinación Federal, en la Capital Federal.
Juan Carlos González tenía 28 años, era colectivero de la línea 3 y estaba casado con Olga Noemí Herrera. Según sus palabras, fue detenido por su amistad con Aníbal Torres. González declaró en el marco de este juicio en abril de 2025.
El 17 de junio de 1976 por la noche personal encapuchado ingresó violentamente en el domicilio del matrimonio González-Herrera sobre calle San Juan de Dios de Dorrego, Guaymallén. Olga declaró que buscaban a su esposo, que había salido a cargar combustible al colectivo que conducía. Mientras esperaban, desenterraron al perro que la familia había despedido hacía unos días. Una vez que Juan Carlos regresó, le pusieron un arma en la nuca y una capucha. Tirado al suelo, el hombre escuchaba los gritos de su esposa y sus hijos, que presenciaron la detención y los golpes que recibió.
Como en los hechos previos, la causa Luna hace mención a este procedimiento de detención –sin orden judicial porque en la vivienda se encontraba supuestamente una moto de la organización Montoneros.
González estuvo tres meses en el D2, desde el 17 junio hasta el 12 de octubre de 1976. Pasó luego a la Comisaría 6 y el 20 de diciembre lo trasladaron a la penitenciaría. Según declaró, nunca vio a un juez pero sí fue sometido a un Consejo de Guerra. En la declaración que leyeron, la víctima confesaba trabajar en el Banco Mendoza y tener militancia política. Dado que González negó la veracidad de lo leído, el defensor hizo averiguaciones con vecinos y vecinas, una especie de “encuesta privada”, y corroboró sus palabras. No obstante, fue igualmente condenado.
En reconocimientos fotográficos, Juan Carlos identificó a varios integrantes del D2: Pablo Gutiérrez, Manuel Bustos Medina y Héctor La Paz.
Caso 50: Olga Rosa Marzetti
Analía Quintar continuó los alegatos del Ministerio Público Fiscal con el caso de Olga Marzetti. La mujer tenía 38 años, era secretaria de actas del gremio Gráfico, trabajaba en Litografía de Cuyo y vivía en Godoy Cruz. Había conocido a Sánchez Coronel en el sindicato.
Según su declaración ante la Conadep, Olga fue detenida el 11 de junio de 1976 en su domicilio. Ese día ingresaron personas de civil con armas y, luego de robarle dinero, la condujeron al D2. Allí fue vendada y atada y sufrió interrogatorios bajo tortura. Compartió cautiverio con Rosa Gómez, a quién conocía por Sánchez Coronel. David Blanco también constató el paso de Olga por el D2.
El 12 de octubre la mujer fue trasladada a la Comisaría 5, y el 22 de enero de 1977 ingresó al penal provincial. Marzetti recuperó su libertad desde la prisión el 26 de diciembre de 1977. El decreto de arresto del PEN se dictó un mes más tarde de su secuestro, en julio de 1976.
Caso 63: Norma Graciela Arenas
El último caso de la jornada corresponde a Norma Arenas. La víctima declaró dos veces en juicio: por primera vez en 2014 y nuevamente en la presente megacausa, el 29 de diciembre de 2023. Además de estos testimonios, la fiscalía aportó prueba documental como su prontuario penitenciario y pedidos de habeas corpus.
Norma era oriunda de Rivadavia, tenía 21 años de edad y se había mudado al centro para estudiar la carrera de Letras en la Universidad Nacional de Cuyo. Vivía en una pensión en la calle Rufino Ortega de la Ciudad de Mendoza. Militaba en el Movimiento Azul y Blanco de la Juventud Universitaria Peronista.
La joven fue secuestrada la mañana del 23 de noviembre de 1976 cuando salía de la pensión con el objetivo de inscribirse en la facultad para rendir un examen. Fue interceptada por dos hombres de civil que se identificaron como policías. Luego de recibirle los documentos, la tomaron de los brazos, le quitaron la cartera y la subieron a un automóvil color café. Los secuestradores le preguntaban si conocía Papagallos: “Ahí vas a estar mucho tiempo, hasta que te encuentren, si es que te encuentran”. Quintar recordó que este centro clandestino de detención (CCD) dependía del D2, lo cual deja en evidencia que se trataba de personal de Informaciones. A la altura de los portones del parque uno de ellos le arrancó violentamente una cadenita de plata.
Arenas sufrió una primera sesión de tortura en un sótano. Declaró que le arrancaron el vestido y la ropa interior y la acostaron vendada sobre un camastro. Tras atarla de manos y piernas, comenzaron a aplicarle picana eléctrica en la vagina, la boca y el ano. Norma señaló que esa práctica constituyó violación. Además, le quemaron los pechos con cigarrillos. Mencionó que un supuesto médico la controlaba y le tomaba el pulso o la presión y en un momento este hombre pidió que cortaran. La testigo agregó que describían a su padre y la amenazaban con matarlo. También refirió que algunas de las preguntas eran de contenido sexual.
La víctima fue trasladada a rastras por un ascensor. Para que no gritara le metieron en la boca un trapo sucio y cubierto de sangre y la arrojaron al piso de una celda. Relató que prácticamente no le dieron comida ni agua. En alguna ocasión le entregaron una sopa de mondongo podrida que igual comió. Otra vez les tiraron los restos de un asado como si fueran perros. Era tal el hambre que rescató un trozo de pan verde y sucio del tacho de basura del baño.
Permaneció en la celda con las manos atadas, lo cual le generaba calambres. Norma recordó que lloraba todas las noches hasta que alguien la consoló: “No estás sola”. Saber que había alguien más “le devolvió el alma”.
En los calabozos escuchaba cuando abrían las celdas y se llevaban personas a la tortura. También cuando violaban, particularmente a Rosa Gómez. Norma Arenas también sufrió abusos: un guardia la levantaba de los pechos y le bajaba la bombacha cuando la conducía al baño, momento en que aprovechaba para manosearla. En otra ocasión, Ciro Becerra, detenido en la celda contigua, evitó que la violaran haciendo un escándalo. El hombre que había entrado a su celda prefirió castigar a Becerra, que casi murió a causa de los golpes.
La joven llevaba semanas desaparecida cuando recibió la visita de su padre y su madre en el D2. A través de un familiar con dinero y contactos la familia había logrado que Oyarzábal, vecino de Rivadavia, autorizara ese encuentro. Ese día abrieron la puerta de su celda, le tiraron ropa y le ordenaron arreglarse. Norma se dio cuenta de que era suya y que seguramente se la había mandado su madre. Notó que le quedaba grande por todo el peso que había perdido. La reunión se produjo en una habitación del D2 con cuatro efectivos armados que les apuntaban. Mientras Norma hablaba con su familia, los policías se manoseaban los genitales con una actitud desafiante. No dejaron que su madre la tocara y mientras la regresaban a su celda, la mujer empezó a gritar: “Te voy a sacar de acá”.
En este CCD también estuvo detenido su hermano menor, Miguel. La testigo relató que el día de su secuestro fueron a la casa familiar en Rivadavia y se lo llevaron detenido. La madre los había hecho entrar creyendo que eran amigos. El padre de Norma salió a perseguirlos con un hacha. La joven reconoció su voz: “Estando en ese infierno, escuchar que un ser querido está ahí, es algo inexplicable”, declaró. Afortunadamente, fue liberado antes que ella.
Norma compartió cautiverio con mucha gente. A esta altura, el D2 “estaba lleno”: además de Rosa Gómez, mencionó a Ciro Becerra, Miguel Ángel Rodríguez e Hilda Isabel Núñez con su bebé.
Quintar se refirió al habeas corpus presentado por la madre de la víctima el 10 de diciembre de ese año. Allí explicó que Norma había sido secuestrada la mañana del 23 de noviembre cuando iba a la facultad y desde entonces no tenían noticias de su paradero. El juez Petra Recabarren mandó los oficios correspondientes a las distintas fuerzas y Tamer Yapur contestó que estaba detenida a disposición del PEN. En consecuencia, el 20 de diciembre Petra rechazó el recurso con costas. Como en tantos otros casos, el decreto del PEN fue emitido dos semanas más tarde de este pedido de información.
Norma Arenas estuvo 47 días cautiva en el D2, desde el 23 de noviembre hasta el 10 de enero de 1977. En sus celdas pasó Navidad, año nuevo y su cumpleaños de 22. Ingresó a la penitenciaría el 10 de enero de 1977, hecho que vivió “con júbilo” porque implicaba ser “blanqueada”, saber que todavía existía. Recuperó la libertad desde el penal provincial el 13 de abril de 1977.
La próxima audiencia será el viernes 13 de noviembre a las 9:30.
