29-04-2022 | Amplió su declaración indagatoria Oscar Alfredo Simone, quien —como Personal Civil de Inteligencia— está procesado por la desaparición de Roberto Blanco. Para la época de los hechos, ambos trabajaban en la Dirección de Tránsito y Transporte de la provincia. La próxima audiencia es el 6 de mayo a las 9:30.
Durante la jornada, declaró el imputado Oscar Alfredo Simone, investigado por la desaparición del militante peronista Roberto Blanco a principios de 1976. En aquella época, ambos trabajaban para la Dirección de Tránsito y Transporte y a Simone se lo imputa como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército, dentro del Destacamento 144. La indagatoria de Guillermo Campanille fue pospuesta para la próxima audiencia.
Un ejemplo de funcionario público
Desde el inicio de su discurso, el imputado sostuvo la idea de que no existían pruebas para acusarlo formalmente. Contra la evidencia que presentó la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio, aseguró que antes del 1 de octubre de 1983 no prestaba funciones en la oficina de Inteligencia del Ejército.
Según su relato, trabajó en la Dirección de Tránsito y Transporte desde 1970, luego de rendir en la escuela Martín Zapata un examen de ingreso para la administración pública. En el 73, cuando asumió Martínez Baca a la gobernación de Mendoza, Juan Basilio Sgroi se hizo cargo de la repartición donde él trabajaba y trajo consigo a compañeros y compañeras para que lo acompañaran en la gestión: “Entre sus compañeros, sus amigos, sus técnicos estaba yo”, afirmó el procesado. En el 77 fue cesanteado “por el gobierno provincial”: “Lógicamente por el hecho de ser peronista, haber pertenecido a una repartición encabezada por el peronismo y haber apoyado esa gestión”.
El decreto por el cual lo separaron de sus funciones lo catalogaba como “elemento real o potencial que atente contra el buen funcionamiento del Estado”. Aseguró que entre el 77 y el 83 trabajó en el sector privado y en la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva de la Nación. Con la llegada de la democracia inició las gestiones administrativas y judiciales para su reincorporación a la repartición pública provincial, pero esto se concretó recién durante el gobierno peronista de Bordón, en 1988. Ingresó entonces al Ministerio de Infraestructura y llegó a ser director gerente de la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza, que es la que operaba trolebuses. Allí compartió trabajo con Héctor Salcedo, vinculado con la detención de Blanco de acuerdo a algunos testimonios.
Al Destacamento de Inteligencia 162 —antes de 1982 se llamaba “144”—, aseguró haber ingresado recién el 1 de octubre de 1983. Fue asignado al área de actividades especiales de contrainteligencia como agente secreto. Se retiró del Ejército en 2005. En la acusación, la fiscalía sostiene que la formalización del cargo de Simone en Inteligencia, en realidad, se hizo a modo de reconocimiento por su desempeño como PCI durante la dictadura. “El Ministerio Público Fiscal afirma que mi ingreso al Destacamento de Inteligencia 162 fue avalado por el sargento Héctor Manuel Luis, con quien yo mantenía una amistad desde 1977, por lo tanto no puedo haber estado ligado al destacamento antes de esa fecha, ni formal ni informalmente”. Simone refirió que conoció a Luis en una entrevista junto a su padre, que también había sido PCI. Ambos buscaban determinar quién había emitido la orden de cesantía contra el acusado. De acuerdo al sargento, el Destacamento no tuvo responsabilidad porque se había definido a nivel provincial.
El procesado catalogó el análisis de la acusación como “meras especulaciones”: “A mí nadie me regaló nada, nadie me premió con algo; ni provincialmente ni nacionalmente; fue todo por mérito y mi legajo así lo dice”, intentó defenderse. A lo largo de la declaración, repitió su buen desempeño en los cargos públicos que desempeñó y su integridad como funcionario público. Simone remarcó que todo lo que existe en su contra son denuncias periodísticas publicadas entre 2010 y diciembre del 2014, fecha en que fue detenido: “Yo desmiento hasta acá toda la acusación que se me ha hecho con respecto al señor Roberto Blanco”. Insistió en que la propia fiscalía identificó a la Policía como fuerza interviniente en el hecho.
Descartar e invertir testimonios
En esta misma dirección, analizó los testimonios ofrecidos en instrucción y durante el desarrollo del juicio oral donde se habla de él. De acuerdo al acusado, Ricardo Puga, referente del Peronismo Auténtico junto a Juan Sgroi, negó conocerlo. Susana Negrette, que testimonió por su compañera Leonor Mércuri e identificó a Simone —entre la lista de imputados— como delegado de ATE por la Dirección de Transporte, habría expresado incongruencias de fechas: “Para ser delegado hay que ser trabajador”, ironizó Simone en referencia a su periodo de cesantía. Curiosamente, no mencionó que Negrette lo recordó realizando tareas de espionaje en el ámbito sindical ni explicó que la testigo desarrolló su actividad durante un extenso periodo, de 1984 a 1998, coincidiendo con su reincorporación.
Por su parte, luego de enterarse por la prensa de la pertenencia de Simone al Destacamento 162, Nora Cadelago, novia de Roberto Blanco, confirmó la hipótesis de infiltración y espionaje entre el personal de la repartición. El imputado desestimó esta declaración de instrucción porque Cadelago, de acuerdo al equipo de acompañamiento, no estuvo en condiciones de repetirla ante el tribunal y las partes debido a razones de salud. Simone aprovechó la ocasión para cuestionar extensamente el proceder profesional de este equipo de asistencia a quienes brindan testimonio.
El acusado también retomó fragmentos de la declaración de Ramón Torres Molina, expresidente del Archivo Nacional de la Memoria, pero invirtiendo su contenido. Según Simone, Torres habría dicho que los PCI “no trabajan en operativos”. En realidad, la investigación realizada por el Archivo no identificó diferencias sustanciales entre las tareas que desarrollaba el personal militar y el civil dentro del área de inteligencia, ya que, de acuerdo a Torres, los civiles también participaban de los grupos de tareas conducidos por militares.
Por último, tal como indicaron algunos testimonios, dictó efectivamente clases de educación física para “personal femenino” de la repartición. Su esposa, explicó, era profesora de esta materia, él tenía algún conocimiento y las compañeras de trabajo se lo habían pedido. No obstante, reclamó que no están desaparecidas, como habría dicho Cadelago, ni fueron citadas a declarar pese a haberlas propuesto. A su turno, Daniel Rodríguez Infante refutó estas palabras y recordó a las partes que, en su declaración indagatoria, Simone solo había dado un nombre sin una dirección para contactar.
La militancia peronista en la Dirección de Tránsito y Transporte
Al concluir su declaración, Daniel Rodríguez Infante pidió precisiones sobre la militancia de Simone dado que negó pertenecer al Partido Auténtico pero había apoyado la gestión de Sgroi. Las respuestas del imputado fueron vagas, no quiso aclarar a qué espacio del peronismo pertenecía. Reconoció que se sentía “consustanciado totalmente con los principios justicialistas” y defendió la idea de una militancia de la gestión estatal: en tanto funcionario de la administración pública, primero apoyó a Sgroi en Tránsito y Transporte y luego a otros gobiernos peronistas de Mendoza como Celso Jaque y Francisco Pérez.
Más adelante reconoció que en la Dirección de Transporte había tensiones públicas y notorias entre Sgroi, que respondía a Martínez Baca, y Roberto Blanco, designado allí posiblemente por el vicegobernador y dirigente gremial Carlos Mendoza. En este espacio de “peronismo de derecha” que actuaba como “fuerza de choque de la CGT” también ubicó a Hugo Pico, al boxeador Héctor Toledo y a Daniel Tramontana. Simone supo que Sgroi fue detenido por pertenecer a Montoneros, pero su adhesión a este referente habría sido por lealtad y amistad, no por ideología: “Él me convocó a formar parte del sector ejecutivo de la Dirección de Tránsito y Transporte”, señaló. Repitió que en el espacio de trabajo no se hablaba de política, sino de gestión.
“Mucha gente de la que había venido con Sgroi no se presentó más a trabajar. Hubo mucha dispersión por lo que estaba pasando, por el cambio de gobierno”, aventuró en relación a Beatriz García y María del Carmen Moyano, sobre quienes preguntó el fiscal. En el espacio del dirigente del peronismo de izquierda también estaban Walter Salinas y Hugo Fierro. La gestión de Sgroi, sostuvo Simone, concluyó en 1976 cuando quedó detenido a disposición del Poder Ejecutivo. Ese mismo año también dejó de concurrir Roberto Blanco, quien sufrió dos detenciones. Primero en marzo, hecho que el imputado habría conocido por Nora Cadelago, y posteriormente en abril.
Simone explicó que recordaba el momento en que Alberto Ruiz Soppe, policía condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en San Rafael, quedó al frente de la Dirección, primero como interventor y luego director. De allí en adelante, supuso el imputado, la institución policial quiso retomar el control de la repartición, entre ellas la sección abocada a licencias de conducir que él encabezaba. Creció entonces la presencia de efectivos: mencionó al subcomisario Murúa, al sargento Coria y al comisario Calixto Cuesta, que asumió más tarde la dirección. De acuerdo a Simone, Cuesta fue el responsable de su cesantía.
Personal Civil de Inteligencia
La fiscalía solicitó a Simone una interpretación de las razones por las cuales el Ejército lo contrató como PCI pese a la cesantía que pesaba sobre él —en virtud de ser peronista—, ordenada unos años antes por el poder militar. El acusado justificó que la decisión de su remoción había sido provincial, sin intervención de las autoridades nacionales, aunque en otro tramo de su declaración aseguró que en esos años el gobierno provincial respondía a la Nación.
En cuanto al rol de los agentes de reunión, Simone indicó que en contrainteligencia, donde él se desempeñaba, significaba “detectar, localizar y eventualmente a reprimir a redes u organización externas que, mediante inteligencia, pudieran afectar la seguridad y la soberanía del país”. “La información se reúne verificando quiénes se suben y bajan de los aviones en el aeropuerto, en las terminales de ómnibus, en la zona de los accesos a Mendoza”, agregó. La infiltración, reconoció, era otra forma. Simone agregó que hacía trabajo de campo, en la calle, y nunca fue al Destacamento. Además, empleaba sus datos filiatorios reales.
También confirmó que sabía de la existencia de la “lucha contra la subversión” desde antes de su desvinculación de la Dirección de Tránsito en 1977. La normativa de aniquilamiento se remontaba al gobierno de Isabel Martínez de Perón y en los medios se hablaba del tema, justificó. El fiscal trajo entonces a colación el puntaje obtenido por Simone en sus evaluaciones de ingreso como PCI. Entre ellas, un 95 sobre 100 en el aspecto “subversivo”, “siendo el 100 el máximo de conocimiento de la cuestión subversiva”, indicó el fiscal. Simone respondió que la situación era vox populi: “¿Cómo no voy a saber lo que hacía la subversión?”. No obstante, frente a otras preguntas de la fiscalía, optó por ampararse en la ignorancia y aseguró desconocer ciertos hechos por estar «encerrado» trabajando.
El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, buscó relativizar el trabajo de infiltración o espionaje de Simone y preguntó si la militancia de las personas por él mencionadas de la Dirección de Tránsito en los setenta eran públicas o secretas. “Vamos al caso de Blanco, que es el que nos convoca (…) Tenía una función en la administración pública, tenía una militancia sindical, porque pertenecía a la Juventud Sindical, era militante peronista, era partícipe de la gestión de la CGT”, respondió el acusado. “Vamos a Sgroi, militante político, director de una repartición. ¿Qué es lo que había que investigar? Si en los legajos tenían todo, hasta los teléfonos”, continuó. “No había que levantar la alfombra para descubrir algo”.
La próxima audiencia es el 6 de mayo a las 9:30.
