25-08-2022 | Después de repasar los elementos desarrollados previamente sobre el “Operativo Antijesuita” y su contexto, el fiscal Daniel Rodríguez Infante concluyó el análisis de los secuestros de las víctimas de este procedimiento. La próxima audiencia será el viernes 26 de agosto a las 9:00, jornada en la que se alegará por el operativo de abril de 1977.
El Ministerio Público Fiscal prosiguió su alegato por los ocho secuestros de personas vinculadas al trabajo social y político en el barrio San Martín. La semana pasada se reconstruyó el primer caso de esta serie de detenciones: la desaparición de Mercedes Vega de Espeche. En la presente jornada se relataron los hechos padecidos por María Cristina Lillo, Zulma Pura Zingaretti, Nora Rodríguez Jurado, Rafael Olivera, María Leonor Mercuri, María Inés Correa Llano y Carlos Jakowczyk.
María Cristina Lillo
María Cristina Lillo Montenegro, “Piri”, vivía en la sexta sección con su padre, la esposa de su padre, Rosa Garro, y su hermano pequeño, Jorge Enrique Lillo. Su madre había fallecido y “Piri” se hacía cargo de las tareas del hogar y del cuidado de Jorge.
Al momento de su secuestro tenía 24 años y era estudiante avanzada de Medicina. Mario Gaitán la conocía del ámbito universitario y luego se reencontraron en el barrio San Martín. Como estudiante de Medicina, “Piri” revisaba a los y las vecinas. También colaboraba en la organización de la cooperativa de vivienda y en clases de alfabetización. Gaitán militaba en el Peronismo de Base y Lillo había pasado de esa organización al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), por lo que conversaban mucho. Ella y su pareja, Oscar Rojas, tenían amistad con Carlos Espeche y Mercedes Vega.
Jorge se había mudado a Buenos Aires antes del secuestro de “Piri” y la llamó la noche anterior a su desaparición para tratar de convencerla de que dejara la provincia. Jorge Enrique Lillo confirmó que esa noche Cristina había recibido una llamada de Oscar Rojas.
El 8 de junio de 1976 por la madrugada, casi en simultáneo al secuestro de Mercedes Vega, ingresaron en el domicilio de la familia Lillo varios hombres armados. Maniataron al resto de las personas presentes y se llevaron a María Cristina. El padre llamó a la Seccional Sexta desde el teléfono de un vecino porque robaron su equipo, lo que dió origen a una causa ante el juez Guzzo. Personal de la comisaría realizó una inspección ocular en la vivienda y constató la situación.
Rosa Garro había prestado servicios en la Policía de Mendoza. Declaró en instrucción que buscaron por todos lados y que en la SIDE de Mendoza le dijeron que “la habían sacado barata” y que “se dejaran de joder”.
Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera
El caso del matrimonio Olivera-Rodríguez Jurado fue investigado en el segundo juicio de Mendoza. En ambos juicios se oyeron declaraciones de la familia: Ricardo Alfredo Puente, cuñado de Rafael y padre adoptivo de las niñas, Monserrat Olivera, hermana de Rafael, y dos de las cuatro hijas de la pareja desaparecida, Soledad y Rosario. En 2010 también testimoniaron personas que presenciaron los secuestros y maestras de la guardería a la que asistían las niñas.
Rafael Olivera nació en Flores, Buenos Aires, en 1946. En 1963 ingresó a la Universidad Católica Argentina para estudiar Sociología, carrera en la que conoció a Nora Rodríguez Jurado, con quien se casó seis años más tarde. Nora nació en junio de 1947 en Capital Federal. Su padre, marino, falleció cuando era niña. Al recibirse obtuvieron una beca de estudios en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Durante su estadía viajaron por Europa y entraron en contacto con ideas socialista. Desde allí Rafael envió una carta a Alfredo Puente donde quedaba en evidencia su adscripción al socialismo y su decisión de actuar en política. En esos años nacieron Ximena y Soledad.
La pareja regresó a Argentina a fines de 1971 y se instaló brevemente en Mendoza. Luego se mudaron a San Juan, donde trabajaron como docentes en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo. Se sumaron entonces a la Juventud Peronista y militaron en barrios pobres, de acuerdo al testimonio de Eloy Camus. Participaron además de las actividades de la capilla Nuestra Señora de Guadalupe. En esta provincia nació Rosario, su tercera hija. En este momento, según el relato familiar, vivían de forma muy austera.
Se integraron poco después a Montoneros y a fines de 1974 la familia debió trasladarse a Mendoza, donde vivieron de forma clandestina en casas operativas de la organización. Su hija Rosario declaró que el “intercambio” entre militantes de ambas provincias respondía al paso de Montoneros a la clandestinidad. En julio de 1975 nació en Mendoza su cuarta hija, Guadalupe. A fines de 1975 Rafael escribió una carta a su familia explicando que, por seguridad, no podían compartir la dirección de su vivienda actual.
Nora Rodríguez Jurado pertenecía al Movimiento Evita, organización que desarrollaba alfabetización en el barrio San Martín. Tanto ella como Rafael tenían vínculo con el sacerdote “Macuca” Llorens. Rosario declaró en este juicio que Rafael y Llorens concurrieron a la casa de su tía en Buenos Aires para bautizar a su primo. En el juicio de 2010, María Monserrat Olivera recordó que su familia era muy católica y Rafael había comenzado una militancia religiosa activa en villas miseria del conurbano bonaerense a los catorce años. A su “compromiso con los más necesitados” la pareja sumó luego otro de carácter político, indicó.
El domingo 11 de julio de 1976 la familia celebró el cumpleaños de Rosario. Esa noche Rafael se despidió porque tenía una reunión y no regresaría hasta el día siguiente. El lunes 12 de julio Nora llevó a sus tres hijas mayores a la guardería: Ximena, de seis años; Soledad, de cinco, y Rosario, de tres. Guadalupe, de un año, se quedó durmiendo un momento en la casa. Dado que Ximena no se sentía bien, Nora emprendió el regreso con la niña. Ambas fueron interceptadas por un grupo de personas. Las arrojaron a un vehículo y las trasladaron a un edificio con muchas ventanas, de acuerdo con el relato de la niña. A Ximena le dejaron fibras y una máquina de escribir para jugar. El lugar parece haber sido el Departamento de Informaciones de la Policía (D2).
Ximena regresó con los captores a la vivienda donde estaba la bebé, Guadalupe, y allí pasaron la noche con los secuestradores. Alfredo Puente declaró que Ximena se había enojado con los hombres porque le querían dar pizza a la bebé de un año. Marta Sícoli, maestra de la niña, agregó que los captores le dijeron a Ximena que su madre y su padre se habían ido a Buenos Aires.
En cuanto a Rafael, una vecina de la familia, Nélida Maranzana, relató cómo ocurrió su secuestro en la vía pública. Ese mismo 12 de julio, en horas de la siesta, Rafael regresaba en bicicleta a la vivienda cuando fue interceptado por una persona de civil que comenzó a dispararle. Rafael fue alcanzado por una bala y cayó al suelo, allí lo golpearon violentamente. Su cuerpo fue introducido en un vehículo. La vecina sostuvo que ese hombre de civil era conocido en el barrio como policía de investigaciones. En un reconocimiento fotográfico realizado en el marco del segundo juicio, la testigo identificó a ese supuesto policía que había vigilado previamente el domicilio: era Alberto Ricardo Olivera, teniente coronel del Ejército y primo de Rafael.
Rosario y Soledad, las niñas que habían quedado en la guardería, no fueron retiradas. La maestra Marta Sícoli dio aviso a la Municipalidad y se presentó el abogado de la comuna, quien “se hizo cargo de todo”. Cándida Crayón, otra de las maestras, se llevó a las niñas y, junto a la directora, hicieron la denuncia en la Seccional Cuarta. Allí no labraron acta, simplemente anotaron los nombres en un papel.
La mañana del 13 de julio Maranzana vio que Ximena y Guadalupe salieron del domicilio llevadas por una mujer —posiblemente policía— y hombres de uniforme oscuro —tal vez militar—. De acuerdo a la vecina, también salió Nora con los ojos vendados. Esa tarde rapiñaron la vivienda y cargaron en un camión muebles y pertenencias, incluidas las camas de las niñas.
Un hombre dejó a Ximena y Guadalupe en la guardería y huyó. La maestra Crayón quiso ir al domicilio de la familia guiada por Ximena, pero el intendente, que se había presentado en la escuela, le dijo que no fuera porque había ocurrido “un tiroteo”. También explicó que el matrimonio tenía “problemas con la justicia”. La bebé quedó entonces a cargo de la esposa del intendente, coronel Héctor Guillermo Molina. Como la niña cumplía un año, la bautizaron y realizaron un festejo. Ximena quedó al cuidado de la directora, Marta Sícoli, y Rosario y Soledad con la maestra Crayón.
Unas semanas más tarde las familias de Nora y Rafael viajaron a Mendoza a buscar a las cuatro niñas. La madre de Nora había recibido una llamada, supuestamente del extranjero, que indicaba que la pareja había sido tomada prisionera y sus hijas habían quedado solas. En un avión militar viajaron el padre de Rafael —militar retirado—, su esposa y la madre de Nora. Esto fue relatado por Alfredo Ricardo Puente Olivera, quien llegó también a Mendoza para ayudar con los trámites del traslado de sus sobrinas. Se alojaron en el Casino de Oficiales. Su suegro, Rafel Olivera, pidió ir a la casa allanada, pero no se lo permitieron. También habló con su sobrino, Alberto Ricardo Olivera, militar reconocido por la vecina. El hombre le dijo que “no se moviera más” y que “diera por muerto a su hijo”.
Antes de abordar el avión, recibieron una bolsa con ropa interior de las niñas, sus documentos y sus carnets de vacunación. En el aeropuerto se reencontraron con las cuatro pequeñas—separadas entre sí—, quienes se quedaron inicialmente con su abuela materna. Posteriormente fueron adoptadas y criadas por su tía paterna y su esposo, Ricardo Puente.
En cuanto a las constancias del operativo, el 15 de julio de 1976 se iniciaron en el D2 actuaciones por la supuesta infracción a la ley 20840 de Nora y Rafael. El domicilio señalado era España 4217 de Guaymallén. En 1986 la Policía de Mendoza informó al Juzgado de Instrucción Militar que se había iniciado un sumario contra la pareja. Ambas víctimas figuraban “prófugas”, como era corriente en el caso de personas desaparecidas. Había intervenido la VIII Brigada de Infantería de Montaña.
Zulma Pura Zingaretti
Zulma nació en 1949 en el seno de una familia metodista. Su padre había fallecido y vivía únicamente con su madre, Nieves Rodríguez de Zingaretti. Estudiaba en el Instituto de Acción Social y Familiar. No se conoce militancia política en su caso pero sí participación en tareas sociales del barrio San Martín junto al cura Llorens. De acuerdo a su hermano, Humberto Emilio Zingaretti, tenía inclinación por el peronismo.
Alrededor de las tres de la mañana del 22 de agosto de 1976 fue secuestrada de su domicilio en Villa Hipódromo, Godoy Cruz. Un hombre apuntó a la madre mientras se llevaban a la joven. Su hermano aseguró que después del procedimiento varias personas desconocidas se presentaron en el domicilio haciéndose pasar por censistas. Esta misma modalidad de inteligencia se había desplegado sobre Llorens y la organización barrial, como explicó el fiscal en la jornada previa de alegatos.
A partir de la denuncia telefónica del tío de Zulma ante la Comisaría 27 de Villa Hipódromo, la misma noche del operativo se inició un sumario policial. Personal policial se presentó en el domicilio y se entrevistó con la madre. Un mes más tarde la mujer repitió la denuncia en la seccional y aportó nueva información sobre los objetos robados. También realizó infructuosas gestiones en la VIII Brigada de Infantería de Montaña y el Destacamento de Inteligencia 144. Nieves Rodríguez se refirió a este lugar ubicado en Álvarez y Emilio Civit como “sede de la inteligencia aeronáutica”, no obstante, el fiscal recordó que la Regional Oeste de la Fuerza Aérea funcionó muy cerca del Destacamento y, por tanto, es factible confundir ambas dependencias. Se presentaron cinco habeas corpus a favor de Zulma en distintos momentos, todos rechazados.
María Leonor Mércuri
Para reconstruir los hechos relativos a Leonor, Daniel Rodríguez Infante analizó principalmente los testimonios de su madre —Dolores Monzó— y dos de sus hermanas —María del Carmen y Margarita Mércuri—, así como las declaraciones de compañeras y amigas de la carrera de Servicio Social —Susana Negrette, Nora Mazzolo, Teresa Muñoz, Sonia Dietrich y Alicia Lorenzo—. En la introducción de este operativo el fiscal ya había mencionado la carta que Dolores Monzó envió al consulado de España, central para toda la causa.
María Leonor Mércuri nació en Capital Federal. Su numerosa familia era muy creyente. Luego de cursar estudios en otras instituciones, a mediados de 1975 se mudó a Mendoza para asistir a la Escuela de Servicio Social porque el plan de estudios era “progresista”. Antes había solicitado el traslado en el Banco Nacional de Desarrollo donde trabajaba.
En nuestra provincia, primero vivió en el barrio Santa Ana de Guaymallén junto a María Inés Correa Llano, más tarde en la Quinta Sección y, finalmente, alquiló una habitación en el barrio Cementista de Las Heras. La dueña de la vivienda, María Yolanda Azcurra, fue quien denunció su desaparición en la Comisaría 16 de ese departamento.
De acuerdo con los testimonios de sus compañeras de carrera, Leonor militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y colaboraba en las tareas de asistencia social del barrio San Martín. Ella las había invitado a participar en el apoyo escolar que allí se dictaba y otras actividades de organización comunitaria. El grupo se reunía los sábados en el barrio y, como dijo el fiscal en la audiencia anterior, la cooperativa que se había formado era seguida desde hacía tiempo por la Inteligencia.
El 9 de septiembre del 76, Mércuri salió alrededor de las 21:30 de la Escuela de Servicio Social, que funcionaba en la calle Federico Moreno de Ciudad. Esa noche caminó hacia la parada del colectivo junto a Nora Mazzolo, quien contó que Leonor sabía que hacía tiempo la estaban siguiendo. Nora le había ofrecido que durmiera en su casa, pero su amiga le había rechazado la propuesta para no ponerla en peligro. Leonor Mércuri fue secuestrada alrededor de las 23, en las inmediaciones de su domicilio, en el trayecto que caminaba entre el micro y su casa. Según dijeron testigos, la interceptaron dos vehículos del que bajaron varios militares y se la llevaron a la fuerza. Tenía 23 años.
Al día siguiente, viernes, no fue a la facultad y el sábado tampoco concurrió al barrio San Martín. Sus amigas supusieron que la habían detenido. Fueron las cinco al barrio Cementista, cuatro se quedaron en la plaza y Nora se dirigió a la habitación. Vio las ventanas abiertas y todo desordenado. El cura Jorge Contreras les recomendó hablar con la familia, que podía reclamar por ella. Fue Nora quien se comunicó con la madre, Dolores Monzó, que vivía en Buenos Aires.
La familia fue víctima de vigilancias posteriores al secuestro. Cuatro o cinco días después, supieron que personas desconocidas estuvieron haciendo averiguaciones en la administración de los monoblocks del Cementista. En Mendoza, se alojaban en la habitación de Leonor y, un día, al llegar encontraron violentada la puerta de un armario. Monzó también recibió amenazas y también se enteraron de que militares o policías hicieron algunas preguntas al representante del consorcio de la vivienda en Buenos Aires.
Las numerosas gestiones que realizó la familia Mércuri fueron relatadas por la fiscalía durante la audiencia anterior. Mediante estas averiguaciones supieron que las fuerzas habían denominado “Operativo Antijesuita” a los procedimientos contra quienes trabajaban junto a Macuca Llorens. La buscaron en comisarías, en la Policía Federal, el Arzobispado y su lugar de trabajo. El asesor del banco, José Ignacio Correa Llano —tío de María Inés, también desaparecida—, unos meses después le redactó el habeas corpus que presentó en abril del año siguiente. Y el gerente, Luis Enrique Harding, también averiguó mediante un abogado de apellido Iavícoli, a quien en el comando le dijeron “que no se meta en lo que no le importa”.
María Inés Correa Llano y Carlos Jakowzcyk
Carlos tenía 32 años, era electricista y trabajaba en el barrio Dalvian. Su hermano, Pablo Samuel, lo describió como “un intelectual que quería un mundo mejor”. Su hermana, Ana Teresa, recordó que una vez lo operaron del corazón y ahí conoció a su pareja. María Inés tenía 29 años, provenía de una familia acomodada de Mendoza y era instrumentista quirúrgica en el Hospital Central. Le gustaba la montaña y era socia del club de andinistas. Al momento del secuestro, estaba embarazada de 7 u 8 meses. Había vivido en el barrio Santa Ana con Leonor Mércuri y tenía militancia social en el barrio San Martín.
La pareja habitaba una vieja casona familiar en La Puntilla, en la construcción asignada a las personas que cuidaban el inmueble. De allí la secuestraron, el 16 de septiembre del 76 en la madrugada. Fue Estela Yellich, compañera del hospital de María Inés, quien habló con la madre de su amiga cuando llevaba dos o tres días sin presentarse a trabajar. El papá de María Inés radicó la denuncia en la Comisaría 33, de Chacras de Coria: según el sumario, las puertas de la casa estaban violentadas y había un gran desorden en las habitaciones. Pablo Samuel Jakowczyk, hermano de la víctima, supo por gente del vecindario que había sido el Ejército.
En este caso también se constatan tareas de vigilancia posteriores a la desaparición de la pareja. Pablo Samuel relató que, una semana después, entraron a su casa “buscando armas, revolvieron todo, rodearon la manzana y también revisaron las casas vecinas”. Por su parte, Yellich dijo que personal de las fuerzas concurrió al hospital para “inspeccionar paquetes de ropa estéril”, pero se retiró al no encontrar nada.
Luis Eduardo Correa Llano, padre de la víctima, se encargó de los trámites posteriores, habló con gente del Ejército y también de la política. Un año después del hecho, le dijo a su familia que había llegado a la conclusión de que el Ejército había secuestrado y matado a María Inés y a Carlos. Según palabras de Pablo, su otro hijo, mediante un llamado anónimo le dijeron que “a su hija la habían pasado por armas por haber asistido con medicamentos a subversivos”. Quizás se refería, reflexionó el fiscal, a lo mismo que precisó el testigo Oscar Rojas: extraían muestras de sangre a militantes para poder asistirlos si hacía falta. El habeas corpus presentado por el tío, José Ignacio Correa Llano, tuvo resultado negativo. Entonces, el padre reunió copias de los documentos para iniciar un juicio por presunción de fallecimiento.
La próxima audiencia será el viernes 26 de agosto a las 9:00.
