A través de algo más de cien testimonios se fueron desgranando las historias de los cuatro desaparecidos objetos de este juicio, luchadores sociales que compartían la pertenencia a la Juventud Peronista (JP) y habían integrado las huestes de Alberto Martínez Baca, gobernador electo de Mendoza en 1973.
Francisco Tripiana era obrero de la construcción y pintor de obra, tenía 32 años a la hora de su secuestro. Estaba casado y era padre de un niño pequeño cuando fue arrebatado de su domicilio en la noche previa al golpe de Estado, el 23 de marzo de 1976, en presencia de su familia.
Durante el testimonio ofrecido por su esposa, Haydee Pérez reconoció a Aníbal Guevara como jefe del procedimiento que se llevó a Tripiana. Sin dudar señaló que era el mismo teniente que por aquellos días usaba bigotes y no era calvo como en ese momento. La mujer reclamó que los acusados rompieran el pacto de silencio: “digan dónde están los cuerpos”.
El desaparecido estuvo alojado en la Casa Departamental, donde la familia le llevó diariamente ropa y alimento durante seis jornadas. Compartió cautiverio con otros detenidos que testimoniaron en este debate y convalidaron su presencia en el lugar, así como su traslado en un furgón con un grupo de presos que fue liberado. A él lo retuvieron y el móvil arrancó con destino desconocido.
A Tripiana, el 1 de abril de 1976 le informaron que saldría y fraguaron un acta de libertad que le hicieron firmar. En el libro de novedades de la Departamental consta el registro de su detención y de su falsa libertad. La familia lo buscó intensamente e hizo presentaciones ante la justicia sin resultado alguno.
Roberto Simón Ozorio, de 25 años, casado y con un niño pequeño, era el encargado de la farmacia propiedad de Alberto Martínez Baca ubicada en Pueblo Diamante, y seguidor del exgobernador. El hombre fue detenido el 26 de marzo de 1976 en la casa de su suegro en un procedimiento encabezado por el mayor Suárez. Fue secuestrado y
alojado en Infantería de la Policía, donde fue visto por última vez, tal como avalaron varios testigos.
En su testimonio, Ofelia Cejas, la viuda de Martínez Baca, dijo haber escuchado que a Ozorio lo tenían medio muerto, agonizando en el Hospital Schestakow. Asimismo, indicó que conocía a Tripiana y a su esposa, ambos eran peronistas y pertenecían al mismo grupo integrado por Ozorio y el desaparecido Aldo Fagetti.
La víctima también fue registrada en el libro novedades de la Departamental con fecha de ingreso el 25 de marzo, al igual que su libertad. Sin embargo, continúa desparecido.
Pascual Sandobal tenía 29 años, estaba casado y tenía cuatro hijos. Al momento de su detención, el 26 de marzo de 1976, trabajaba como cosechador en la finca Antonio Bittar de Colonia Elena, donde su tío era contratista. Un pariente, Hugo Sandobal, presenció el secuestro y reconoció al oficial a cargo de la detención porque había sido
su jefe durante el servicio militar en Córdoba. Días después, Hugo también desapareció.
Pascual pertenecía a la Juventud Peronista y realizaba tareas sociales en el barrio Usina junto a otros compañeros, entre los que se encontraban los desaparecidos Fagetti, Tripiana y los hermanos Berón. Con anterioridad a su secuestro fueron allanados el domicilio de sus padres y su propia casa.
A través de los testimonios se supo que inicialmente estuvo en Infantería. De acuerdo a una constancia del libro de guardia de la Departamental, fue ingresado a esa dependencia donde su familia le llevaba alimentos hasta que les comunicaron que había salido. También hay un acta de falsa libertad.
José Guillermo Berón pertenecía a la JP y era miembro de una familia de raigambre peronista. Dos de sus hermanos fueron detenidos por tiempo prolongado en el marco de la represión desatada a partir de fines de 1975.
Obrero, de solo 20 años y con su mujer embarazada, fue apresado el 28 de agosto de 1976 en una fiesta de cumpleaños. Inicialmente lo alojaron en la Comisaría 8, luego pasó al Cuerpo de Bomberos, a Infantería y, finalmente, a la Departamental.
Su detención fue blanqueada dado que su familia consiguió visitarlo en el cuartel de Bomberos hasta que el 8 de octubre del mismo año no supieron más de él. Circuló la versión de que Berón fue ultimado en el llamado “cuartito azul”, un móvil destinado al traslado de los presos.
Al igual que en las anteriores desapariciones forzadas, hay registro documental de su paso, por lo menos, por uno de los lugares de detención; en esta ocasión, en el libro de la Comisaría 8.
En el caso de las tres primeras víctimas se advierte la reiteración de la modalidad adoptada por la jurisdicción de San Rafael consistente en otorgar libertades ficticias mediante actas fraguadas para concretar las desapariciones forzadas, tratando de encubrir a los autores.
Por otro lado, a través de las testimoniales quedó determinado que varios lugares que nada tenían que ver con el ámbito castrense oficiaron de Centro Clandestinos de Detención (CCD).
El edificio de la Municipalidad no solo sirvió para que el máximo responsable de la represión en San Rafael, Luis Faustino Suárez, instalara su oficina, sino que dispuso de la radio y del Concejo Deliberante para alojar detenidos y detenidas. El acondicionamiento de la emisora para blindarla de los sonidos fue aprovechado para utilizarla como sala de torturas. El subsuelo de Tribunales, denominado "la Departamental", hizo las veces de CCD.
Contiguo a esta se encontraba el cuartel de Bomberos utilizado con el mismo fin. Desde ya, el cuerpo de Infantería, varias seccionales de la Policía de Mendoza y dependencias del Ejército recibieron detenidos a lo largo de la represión.
