26-12-2025 | Declaró Mariú Carrera, histórica militante de derechos humanos y esposa, hermana y cuñada de tres personas desaparecidas. Relató los secuestros y la búsqueda de toda la familia, tanto de los restos como del niño o niña de su hermano y su pareja, que estaba embarazada al momento del secuestro. La próxima audiencia es el 6 de febrero a las 9:00.
La audiencia 56 contó, nuevamente, con la inasistencia en la sala de los imputados y la defensa. La testigo fue María del Rosario “Mariú” Carrera, quien ya había declarado en otras oportunidades en las etapas de investigación, y en el primer y segundo juicio como testigo de contexto.
Mariú formaba parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) junto con su esposo —Rubén Bravo—, su hermano —Marcelo Carrera—, la esposa de Marcelo —Adriana Bonoldi— y otras personas de su grupo de teatro. Su tarea fundamental estaba vinculada a los derechos de las y los trabajadoras del teatro, precisamente. Junto a compañeros y compañeras buscaban la creación de la Asociación de Actores Argentinos en Mendoza. “Todo lo que hacíamos tenía que ver con las formas de pensamiento, considerar que el mundo podía ser mucho más humano y mejor para todos”, dijo.
El 21 de octubre de 1976, Mariú se encontraba en su departamento, ubicado en calle Corrientes al 446 de la Ciudad de Mendoza, junto a su esposo —Rubén—, su suegra y su hijo de ocho meses —Nazareno—, cuando un hombre ingresó por la ventana y luego abrió la puerta al personal policial que se esperaba afuera. Armados y a cara descubierta llevaron a Mariú, su hijo y su suegra a la habitación y ataron a las mujeres, que vieron cómo el oficial Alex robaba sus pertenencias. Nazareno estaba parado en la cuna, mientras Mariú trataba de comunicarse a los gritos con Rubén. “Lo vamos a llevar para que reconozca a alguien”, dijeron.
Cuando lograron desatarse y salir a la calle, una familia del barrio de apellido Estrella contó que les habían dicho que era un operativo del Ejército. La testigo mencionó que en un colectivo, al poco tiempo de sucedidos los hechos, reconoció al hombre que ingresó por la ventana, decidió seguirlo y lo vio ingresar a la Comisaría Séptima y luego retirarse. También, mientras testimoniaba durante el primer juicio por delitos de lesa humanidad, pudo reconocer a quien les apuntaba con un arma, Eduardo Smaha.
Poco más de un mes después, el 24 de noviembre, secuestraron a su hermano Marcelo Carrera en su casa, ubicada en Democracia 34 de Godoy Cruz. “Vos vas a decir lo que se calla tu cuñado”, le dijeron. Habían entrado con la excusa de que venían de YPF, donde trabajaba Marcelo, y lo buscaban para un reemplazo. En el procedimiento manosearon a Adriana, según manifestó ella misma, y se llevaron a Marcelo. Su madre y Adriana fueron a buscar información sobre el paradero a una oficina de la policía cerca de la bodega Arizu. Allí las recibió el comisario Rivero, quien hizo pasar a Adriana y dejó afuera a Adela Esther Jáuregui, madre de Marcelo. La joven le dio sus datos al hombre y le contó a qué se dedicaba.
Por otra parte, el padre de Mariú y Marcelo fue al trabajo de su hijo y pidió información a un mayor apellidado Morgan. La familia presentó habeas corpus de manera inmediata. La primera denuncia la hizo Adriana”, indicó la testigo.
A unos días de la desaparición de Marcelo, el 1 de diciembre, Adriana fue secuestrada con dos meses de embarazo. Al salir del acto de cierre de año de la escuela donde trabajaba, se detuvo a tomar un café con una compañera frente a la cervecería Andes. Nunca llegó a la casa. Los padres de Mariú, que vivían en el barrio Minetti, le dijeron en alguna oportunidad que habían visto un Fiat rondar por el vecindario.
A partir de esos hechos comenzó un largo camino de búsqueda. En las comisarías, comandos y distintos lugares se encontraron con personas que estaban en la misma situación y condiciones: familias que buscaban a sus seres queridos. Así fue como se conformó el organismo de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza.
“Podría decir un montón de cosas, pero lo más importante es que a cincuenta años nunca nos hemos separado, nunca hemos discutido. Siempre hemos encontrado alternativas y nos respetamos porque nos sacaron lo sagrado de la vida (…) Eso es lo que esa gente nos hizo a nosotros. Nos tocó en lo sagrado de la vida, nos robó la muerte”, manifestó en referencia al atroz crimen de la desaparición forzada.
Una vida de búsqueda de verdad y justicia
Mariú aseguró que les llevó tiempo aceptar lo que “para otros era algo que caía de maduro”. Pasó un año, tres, cinco, y sus familiares seguían sin aparecer. “Es difícil exigir verdad y justicia… para nosotros el significado fue cambiando”. En un principio, la verdad era “exigir saber dónde estaban”, suponiendo que estaban vivos y prisioneros en algún lugar. Luego fueron comprendiendo y aceptando que, además de buscar justicia en los tribunales, también debían buscar en los cementerios.
Por eso, junto con otra integrante de Familiares, Isabel Güinchul, se pusieron en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense. Con documentación reunida por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Mariú e Isabel empezaron a cruzar datos y se abocaron a la tarea de investigar en el cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza.
A pesar de las palabras de desaliento del juez Bento y otros personajes de la Justicia, consiguieron que el EAAF viniera a investigar a Mendoza. En el Cuadro 33 habían estado enterrados los cuerpos de Raquel Herrera —su compañera de teatro— y su compañero, Juan Bernal, así como el de Ana María Moral. Entre los hallazgos enumeró los restos de Antonio Juan Molina Nazar y Osvaldo Sabino Rosales. También en el lugar fueron recuperados los restos del soldado Oliva, inicialmente identificado como NN. Mariú dijo que sintió una profunda paz cuando pudieron entregar sus restos, velarlos, hacer lo que hacen las familias cuando duelan.
La testigo recordó, además, la primera vez que declaró. El presidente del tribunal era Juan González Macías y, entre todo lo que ella contaba, él señaló a los imputados —a quienes la mujer casi les daba la espalda porque no podía ni mirarlos— y le preguntó si reconocía a alguno. Con temor giró la cabeza y vio a Smaha. “Lo importante es que acá se logra hacer justicia porque la verdad frena a estos tipos” —reafirmó Mariú—. Decir la verdad en los juicios tiene un efecto, porque la verdad produce justicia. “Tiene un poder en este lugar. No es una frase, es un hecho».
Mariú asegura que su familia fue vigilada antes e incluso después de la dictadura. Puso como ejemplo unas cartas desde el exterior que nunca le llegaron: “Era evidente que nos seguían”. Además, el fiscal Daniel Rodríguez Infante le acercó un libro de la policía que ella fue leyendo en voz alta. Tenía anotaciones del seguimiento que les hizo el D2: entradas y salidas del domicilio, actividades laborales y familiares registradas en fechas cercanas a los secuestros. Los reportes tenían las firmas de Moroy, Cía, Funes, Castro, Hernández, algunos imputados en este juicio.
De Rubén solo sabe que Pablo Seydell, su actual esposo, fue el último en verlo con vida, en muy mal estado, en la Comisaría Séptima. Pablo y Rubén se conocieron en un encuentro de teatro en Córdoba. De Marcelo, en cambio, nunca supieron nada más.
La búsqueda del nieto apropiado
Sobre Adriana tuvieron algo de información. Un conocido, que hizo parte del servicio militar en Tucumán, relató que un cabo le contó que se alteraba muy fácilmente, según él, porque supo que iban a matar a una persona —“Adriana Bonoldi”, dijo— y no había hecho nada para impedirlo.
Como estaba embarazada, la familia se abocó a la búsqueda de ese niño o esa niña. Mariú reconstruyó lo que supieron a través de una alumna de artesanía de su mamá. La mujer trabajaba en el hospital Emilio Civit y contó que en pleno invierno, julio de 1977, el director de la maternidad —doctor Evaristo Martín— le habló de una mujer que parió rodeada de gente armada. Él no había estado presente, pero lo hicieron firmar el certificado de un varón nacido vivo. Las fechas coinciden perfectamente con la situación de Adriana.
La madre de Mariú también se contactó con un hombre de apellido Garibotti, auxiliar del G2 –Inteligencia– del Ejercito y condenado en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad. En esa época se jactaba de “cazar subversivos”. Para el afuera se presentaba como profesor de Geografía.
La testigo también recordó que una vez fueron a ver unos libros de nacimientos en el hospital Lagomaggiore. Pudieron encontrar el del año 1976 y ver todos los datos y condiciones del nacimiento de su hijo, Nazareno. Luego volvieron con el objetivo de revisar los del 76 y el 77, para investigar sobre el nacimiento del bebé de Adriana, pero no estaban. Les dijeron que “esos libros habían desaparecido porque había habido una inundación».
Hacia el final, el fiscal le mencionó el libro de asiento de órdenes de reunión que ella había aportado muchos años atrás. Estaba firmado por Sánchez Camargo y otros más. Rodríguez Infante le preguntó si sabía dónde estaba el resto y ella pensó que la fiscalía los podría haber rescatado. Lamentablemente, nunca los encontraron.
La próxima audiencia tendrá lugar tras la feria judicial, el 6 de febrero de 2026.
