02-10-2026 | La fiscalía alegó por las desapariciones de Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado, matrimonio secuestrado en el marco del Operativo Antijesuita. Luego reconstruyó los hechos de Juan Carlos Charparín y demostró la intervención del D2 en el asesinato y la desaparición de su cuerpo. La próxima audiencia será el viernes 9 de octubre a las 9:00.
La audiencia 79 del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza empezó más de una hora tarde una hora después de la citada. El alegato del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de Daniel Rodríguez Infante, que inició su exposición con los casos de Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera y terminó con el procedimiento contra Juan Carlos Charparín. Los imputados presentes en la sala, todos exintegrantes del D2, estuvieron más inquietos que de costumbre. A pesar de que la audiencia es pública y se transmite por YouTube, se quejaron de que las personas presentes —particularmente de este colectivo— tomaran fotografías, una actividad que se sostiene desde hace dieciséis años para garantizar la cobertura de la audiencia. Sobre las desapariciones forzadas de las que sobran constancias de la intervención del D2 todavía no han dicho nada.
El Operativo Antijesuita y la persecución al catolicismo renovador
Antes de referirse en particular a los dos casos iniciales, el fiscal los contextualizó en el marco de lo que las propias fuerzas llamaron Operativo Antijesuita, que se desarrolló en profundidad en el noveno juicio. Se trató de una serie de procedimientos entre el 8 de junio y el 16 de septiembre de 1976 en los que las fuerzas desataron una persecución contra militantes sociales del barrio San Martín que —aunque provenían de distintas facciones políticas, como PRT-ERP o Montoneros— se vincularon con el cura Macuca Llorens, referente local del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM).
Las víctimas, todas desaparecidas, son Zulma Pura Zingaretti, María Leonor Mércuri, Mercedes Vega, María Inés Correa Llano, Carlos Jacowczyk, María Cristina Lillo, Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado. En este juicio se investiga el caso de estas dos últimas personas, porque sobran pruebas de que el D2 —fuerza investigada en este proceso— tuvo participación activa en su secuestro y desaparición. Como no hay constancias de que la pareja haya estado en cautiverio en el centro clandestino D2, el que debe responder por estos delitos es Armando Osvaldo Fernández por su rol de enlace y su aporte en la Comunidad Informativa (CI), esa mesa de inteligencia en donde todas las fuerzas ponían la información en común y orquestaban los procedimientos.
El Operativo Antijesuita deja en evidencia que el aparato estatal no se dedicaba solamente a desarticular organizaciones políticas. Aquí, el plan sistemático estatal, que se autodefinía como “occidental y cristiano” —“occidental y católico”, precisó Rodríguez Infante— se dedicó a perseguir expresiones del catolicismo renovador. Entonces, en el contexto general de violencia que la dictadura impuso en lo que denominaron lucha contra la subversión, habilitaron una rama de violencias que se abocó a combatir un sector del catolicismo enfocado en sectores más vulnerables, que la facción más conservadora de la Iglesia Católica veía como una amenaza.
Estos curas que alentaban la organización y dignificación de los sectores más postergados, como también se oponían a cierto ideal de exclusión social y económica, desafiaban a la cúpula eclesiástica. Al sacerdote jesuita Orlando Yorio se lo dijeron expresamente durante su secuestro en la Escuela de Mecánica de la Armada en marzo de 1976: “Vos no sos un guerrillero (…) pero vos no te diste cuenta de que al irte a vivir allí, en la villa, unís a la gente, unís a los pobres y unir a los pobres es subversión”. Ya en el informe Nunca Más la Conadep visibilizó la persecución a ciertas expresiones del catolicismo y otros sectores religiosos comprometidos con causas sociales.
“Sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas, etc., y miembros de otras confesiones, sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y en muchos casos, la muerte. (…) La ambivalencia de los responsables de la represión no conoció límites: mientras se preconizaba aquello del ‘estilo de vida occidental y cristiano’, el desprecio hacia la criatura humana fue constante”, publicó la Conadep en 1984. No hay contradicción, dijo el fiscal, sino perfecta consecuencia en la persecución a sectores que expresaban diferencia u oposición al modelo que la dictadura quería imponer.
Para entender el surgimiento del catolicismo renovador, Daniel Rodríguez Infante repasó hitos, hechos, procesos. Se refirió al Concilio Vaticano II y su propuesta de modernizar la institución católica; al Manifiesto de los 18 Obispos del Tercer Mundo, en 1967, que en Argentina dio lugar a la conformación del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo (MSTM); a la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, desarrollada en Medellín en 1968, en la que un grupo de curas proclamó la opción de la Iglesia por los pobres y denunció la violencia estructural de las sociedades latinoamericanas.
En Mendoza, las organizaciones que confluyeron en la militancia social y religiosa tenían proveniencias políticas diversas. Lo que las unía era su trabajo en barrios carenciados, donde ayudaban a la organización social, a la construcción de viviendas, a la alfabetización, los controles médicos, las medidas sanitarias.
De hecho, Llorens fue el impulsor de los Campamentos Universitarios de Trabajo (CUT), que consistían en llevar estudiantes temporariamente a vivir en villas y lugares vulnerables. Buscaban generar un impacto en las vidas de quienes participaban para transformar su conciencia social. “Una experiencia dura para universitarios fuertes” fue el lema del primero, que se hizo en 1964 en el basural que, precisamente gracias a la organización, se transformó en el barrio San Martín. Inicialmente fueron cincuenta jóvenes y la experiencia se empezó a replicar en el resto del país. Los CUT dejaron de hacerse en 1972, durante la dictadura de Lanusse, cuando empezaron las primeras expresiones de la inteligencia y persecución de José María “Macuca” Llorens.
Eran “dos iglesias” dentro de una sola. Una facción conservadora, que apoyaba teoría y práctica del plan represivo, y otra comprometida socialmente y defensora de los derechos humanos de sectores postergados. La represión cayó sobre este segundo grupo, como dejan ver el asesinato del obispo Enrique Angelelli o la masacre de San Patricio, contra un grupo de sacerdotes y seminaristas palotinos. En Mendoza, la represión cayó contra el cura Macuca Llorens, que sufrió atentados y fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976.
Sobre estas experiencias y la persecución al cura Llorens declararon distintas personas, como la investigadora Yamile Álvarez, militantes sociales como Oscar Guidone y Mario Gaitán, y la propia sobrina del sacerdote, Teresita Fátima Llorens. Ella contó diversos ataques a su tío. Una vez le colgaron perros muertos en los cercos de la capilla Virgen de los Pobres, del barrio San Martín. En ese mismo lugar, le pusieron una bomba la noche del 30 de agosto de 1975, aunque por suerte, él había salido.
Hay informes de inteligencia de Gendarmería Nacional sobre el sacerdote Macuca Llorens, su entorno, actividades, apoyo popular, los CUT. La vigilancia no se limitaba a la actividad política ni a la posibilidad de la lucha armada; lo que le preocupaba al aparato represivo era el ideario que se gestaba en esos espacios. Sánchez Camargo, jefe del D2, habló años después sobre la detención de Llorens, que sucedió el mismo día del golpe. Dijo que fue detenido por personal del Ejército y llevado a la batería de calabozos del palacio policial. “Yo sé que se lo tenía como comunista”, remarcó.
De todo esto y más, el Ministerio Público Fiscal se deduce que el aparato represivo seleccionó puntualmente a las víctimas del Operativo Antijesuita. En este marco, se produjeron los secuestros y desapariciones forzadas de ocho personas, entre ellas, Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera.
Caso 51: Nora Rodríguez Jurado y Rafael Olivera
Nora nació en Buenos Aires en 1947 y allí vivió su infancia y adolescencia. En la década del 60 ingresó a la carrera de Sociología en la Universidad Católica Argentina, donde conoció a Rafael, el séptimo de once hermanas y hermanos, hijos de un médico higienista del Ejército. Rafael nació en 1944, también en Buenos Aires, desde su adolescencia empezó a involucrarse en trabajos en villas y barrios pobres. Se casaron seis años después de conocerse. Al terminar la carrera, obtuvieron una beca de estudios en Bielefeld, Alemania, donde tuvieron sus primeros contactos con los ideales socialistas. En una carta que Rafael le envió a Ricardo, pareja de su hermana y amigo, le muestran su acercamiento al socialismo y, como eran dos personas profundamente religiosas, de su opción por los pobres dentro de la iglesia. Para la época de sus secuestros, Nora tenía 29 años y Rafael, 32.
En Alemania nacieron las dos primeras hijas del matrimonio, Ximena y Soledad. Cuando volvieron a Argentina, se mudaron a San Juan, donde —además de ser docentes en la universidad— se vincularon con barrios carenciados y con el sacerdote de la iglesia Virgen de Guadalupe. En esa provincia nació su tercera hija, Rosario. Vivían de forma muy austera y empezaron a militar en Montoneros. A fines de 1974, la organización dispone que se trasladen a Mendoza y en julio de 1975 nace la cuarta hija, Guadalupe. Aquí, Nora pertenecía a la Agrupación Evita en el barrio San Martín, donde participaba de un plan de alfabetización y hay distintos testimonios que demuestran que el matrimonio tenía un vínculo muy cercano con el sacerdote José María “Macuca” Llorens. Vivían en la calle España 4217 de Villa Nueva, Guaymallén.
El domingo 11 de julio de 1976, Nora regresó a la noche de una reunión con mujeres del barrio San Martín y Rafael se despidió porque debía irse a una reunión y no regresaría hasta el día siguiente. El 12 de julio, la mujer preparó a las tres hijas mayores para llevarlas al jardín y dejó a la bebé, Guadalupe, porque pensaba volver rápidamente. Dejó a Rosario y Soledad, pero Ximena le dijo que le dolía la panza y no se quería quedar en la escuela. En el camino, las interceptó un grupo de personas que las subió a un vehículo y las llevó a un edificio “con muchas ventanas”, dijo la niña de seis años. Para entretenerla, la separaron de su madre y la dejaron jugando con una máquina de escribir y unas fibras. “El caso es abrumador”, dijo Daniel Rodríguez Infante, y admitió que le resultaba difícil alegar por la dureza del caso.
En el segundo juicio de la provincia de Mendoza, Marta Sícoli, maestra jardinera de las niñas, recordó el hecho. Al día siguiente, cuando le preguntó a Ximena por qué no había ido al jardín, la niña le contó que estuvo resfriada, que unos hombres le envolvieron la cara a su mamá con una bufanda, que Nora gritaba por su bebé, Guadalupe. Le contó del auto, el edificio, las fibras. La niña le dijo a la maestra que había mucha gente trabajando, que las personas vestían “común”, no estaban uniformadas. Allí la separaron de su mamá y le dijeron que se había ido con su papá a Buenos Aires. Ximena dijo que volvió sola con esas personas a su casa, donde estaba su hermana bebé, y esa noche se quedaron con los secuestradores. Ella se enojaba porque los hombres comían pizza y querían darle lo mismo a su hermanita.
Estos no son solo recuerdos de la niña ni de las maestras, sino también de su entonces tío, Ricardo Alfredo Puente. Estaba casado con una hermana de Rafael y, tras los secuestros, el matrimonio adoptó a las niñas de entonces 6, 5, 3 y 1 año. Por eso hoy las cuatro se apellidan Puente Olivera.
Ese 12 de julio, según relató una vecina de la familia llamada Nélida Maranzana, Rafael fue interceptado por una persona de civil cuando regresaba en bicicleta a su casa. Él intentó escaparse, pero el hombre disparaba y lo alcanzó un proyectil. Al caer, lo atrapó intempestivamente y se lo llevaron en un vehículo. Maranzana declaró en aquel juicio, en 2011, y reconoció en un álbum de fotos a la persona que podría haber sido la que persiguió a Rafael: Alberto Ricardo Olivera, su primo, coronel del Ejército y posterior jefe de la Policía de Mendoza.
Mientras tanto, a Rosario y Soledad nadie las había ido a buscar al jardín. La maestra María Cándida Crayón acogió a las dos niñas en su casa y una celadora las llevó al domicilio que habían puesto de referencia, pero era falso, porque la pareja conocía la persecución y vivía en la clandestinidad. Entonces junto a la directora del colegio, Marta Sícoli, acudieron a la Seccional 4 de Policía para denunciar que las niñas habían quedado abandonadas, pero los efectivos se negaron a tomar la denuncia. También dieron noticia a la municipalidad y se hizo presente el abogado de la comuna que dijo que se encargaría de todo.
Al día siguiente, el 13 de julio, Ximena y Guadalupe son sacadas del domicilio y conducidas hasta la guardería donde estaban sus hermanas. La vecina Maranzana dijo que esa mañana vio que también sacaban a Nora y se la llevaban en un auto por separado. Había personas de civil, autos sin identificación oficial y personas de saco y corbata. Ese martes, además, el vecindario vio un camión en la puerta de la vivienda de la familia que se llevaba las camitas blancas de las nenas, el televisor, abrigos. Vaciaron la casa, parecía una mudanza.
Esos días, Ximena quedó con la maestra Sícoli, Soledad y Rosario con la maestra Crayón y la bebé, Guadalupe, con Elsa Elena Tosi de Molina, esposa del intendente, coronel Molina. Crayón no se explicaba cómo podían abandonar un día dos nenas y otro día a las dos restantes, pero el intendente le dijo que no se metiera porque tanto Olivera como Rodríguez Jurado tenían problemas con la justicia. El jueves le llegó una llamada a la mamá de Nora diciendo que tenía que buscar a las niñas porque su hija y Rafael habían sido detenidos. El viernes, la mujer llegó a Mendoza con el padre de Rafael y su esposa, Fanny. Para el sábado, ya habían dado con ellas.
Por el trabajo como médico higienista del Ejército del señor Olivera, estaban alojados en el Casino de Oficiales. El hombre consiguió hablar con personal militar de la zona y consiguió enterarse de la orden de captura, aunque le aseguraron que no tenían noticias. Pidió ir a la casa y se lo impidieron “porque estaba intervenida”. Le entregaron una bolsa con ropa interior de las niñas, documentos de identidad y carnets de vacunación. La familia Olivera también se reunió con Alberto Ricardo Olivera, pariente que habría intervenido en el secuestro de Rafel. El hombre les sugirió que no se movieran más en su búsqueda y que lo dieran por muerto.
Ricardo habla de sus entonces sobrinas, hoy sus hijas, porque las adoptó, pero en ese entonces casi no las conocía. Él viajó desde Buenos Aires con dinero para que toda la familia pudiera volverse en avión. Cuando se reunieron en el aeropuerto, recordó el hombre, la mayor, Ximena, de seis años, les dijo a las demás: “No se llora, no se pregunta, no se habla”.
El Ministerio Público Fiscal relevó también prueba documental. En concreto, una copia certificada de un libro de sumarios del D2 con una constancia del 15 de julio de 1976 donde figura que esta dependencia inició actuaciones por infracción a ley 20840 a partir del “acta de procedimiento Rafael Olivera y Nora Rodíguez Jurado”: allí constan las palabras “secuestro”, “parte de averiguación”, “pedido de captura”. En la columna correspondiente a domicilio se mencionan tanto el D2 como la vivienda de España 4217. Rafael y Nora serían personas prófugas. El sumario 4 del mismo libro habla de otras víctimas que están desaparecidas y pasaron por el D2, con fecha posterior a sus secuestros. Como ha sostenido la fiscalía, el D2 maquillaba las desapariciones registrando a las víctimas como prófugas y fraguaba una supuesta investigación. En 1986, la Policía de Mendoza le confirmó al Juzgado de Instrucción Militar que la pareja estaba “prófuga”. Esta constancia menciona otra documentación que presumiblemente fue destruida por el D2 cuando la justicia devolvió los archivos a sus productores tras la sanción de las leyes de impunidad: el libro de sumarios N.° 5.
Caso 53: Juan Carlos Charparín
Juan Carlos Charparín y su esposa, Isabel Membrive, fueron víctimas de desaparición forzada en distintas fechas. El caso de Isabel, secuestrada durante los operativos de mayo de 1978, fue investigado en el noveno juicio, instancia en la cual declararon por primera vez Cristian y Claudia Charparín, hijo e hija de la pareja. En esta ocasión, el fiscal Daniel Rodríguez Infante se abocó a la reconstrucción, por primera vez, de lo sucedido con Juan Carlos en julio de 1976. Más adelante se retomará el caso de Membrive. El único acusado por este hecho es Armando Fernández.
Las primeras investigaciones sobre la familia Charparín-Membrive las realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). Durante el tercer juicio de la provincia, su titular, Elba Morales, prestó declaración por los casos de mayo de 1978 y compartió las pistas recabadas sobre Juan Carlos e Isabel. La prueba se completa con las testimoniales y la documentación aportada por María del Rosario Carrera e Isabel Güinchul y las declaraciones de instrucción de Domingo Santiago y Alfred Charparín, hermanos de Juan Carlos, así como de Lucía Mercado y Carlos Remigio Herrera, pareja amiga que empleó a Isabel hasta su secuestro. Existe, además, prueba documental incluida en el expediente que la familia inició en la década del ochenta por declaración de desaparición forzada ante la justicia civil de Mendoza, retomada en los años noventa por la justicia penal.
Juan Carlos, de 32 años, militaba junto a su esposa Isabel en la organización Montoneros. La pareja tenía un hijo de seis años –Cristian– y una hija de 3 –Claudia–. Vivían en la calle Joaquín V. González de Dorrego, en una casa que le alquilaban a Antonio Savone y que estaban por comprar. El caso se vincula con la causa Luna dado que al ser detenido en junio de 1976, Savone tenía consigo los papeles de la vivienda y el proyecto de contrato de compra-venta. En audiencias posteriores el Ministerio Público Fiscal abordará el caso de Savone.
El 19 de julio de 1976, la familia Charparín llegaba al domicilio en el auto del padre de Juan Carlos. Como notaron algo extraño, Isabel y sus hijos bajaron antes y Juan Carlos continuó para darles tiempo de escapar. Efectivamente, la vivienda estaba ocupada por personal armado. “Los estaban esperando”, dijo el fiscal. Juan Carlos se escondió detrás del auto e Isabel logró huir. Pudo dejar a Cristian y Claudia con Domingo Charparín y su esposa y prometió volver a buscarlos. Regresó a visitarlos una sola vez, y les explicó que no podía llevarlos consigo.
Pese a las búsquedas realizadas por familiares –el padre de Juan Carlos fue amenazado y detenido brevemente en el marco de sus averiguaciones–, durante mucho tiempo no se supo qué había sucedido con el matrimonio. En cuanto al auto, apareció en una agencia: había sido llevado por un comisario para hacerle arreglos.
Años más tarde se conoció que Isabel se había refugiado casi dos años en la casa de Lucía Mercado y Carlos Remigio Herrera, donde la conocían como “Coca”. En esa vivienda fue secuestrada en mayo de 1978. El contacto lo había hecho Daniel Romero, también víctima del mismo operativo. Juan Carlos, por su parte, estuvo a disposición del D2. Fue asesinado por esta dependencia y su cuerpo fue desaparecido. No hay certezas respecto al lugar: puede haber sucedido en el domicilio de Dorrego o haber ingresado al D2. En 1978 su nombre figuró en una lista de “muertos en enfrentamientos con la Policía de Mendoza”.
Esta información pudo ser confirmada a partir del análisis de prueba documental aportada por el propio D2. Rodríguez Infante explicó que en 2007, Carrera y Güinchul realizaron una presentación espontánea con documentación que había sido incluida en las causas penales por las desapariciones realizadas en los años noventa. Esas investigaciones retomaron gran parte de lo reunido sobre el matrimonio por la justicia civil una década atrás.
Entre estos documentos, se encuentran constancias que Carlos Navalles, responsable de trámites de inhumaciones y exhumaciones del Cuerpo Médico Forense, envió a la justicia en 1997. Por un lado, la constancia de ingreso de un NN sexo masculino proveniente del D2 el 20 de julio de 1976, es decir, un día después del asesinato de Juan Carlos Charparín. La necropsia indicó homicidio por arma de fuego como causal de muerte. Un día más tarde, el 21 de julio, la División de Criminalística informó que el cuerpo correspondía a Charparín a partir de las huellas necrodactilares. Curiosamente, el pedido de este análisis de cruce de huellas lo había realizado el mismo D2.
La siguiente constancia da cuenta de que el cadáver, tras quedar unos días en la Morgue, fue llevado por Navalles del Cuerpo Médico Forense al cuadro 33 del cementerio de Capital. El movimiento ocurrió el 3 de agosto de 1976. Aunque desde el 21 de julio se sabía con certeza su identidad, se lo enterró como NN. Lamentablemente, pese a los trabajos realizados, el Equipo Argentino de Antropología Forense no ha podido establecer el paradero de sus restos. De esta manera, para la fiscalía está probado que el D2 asesinó y luego desapareció el cuerpo de Juan Carlos Charparín.
La próxima audiencia será el viernes 9 de octubre a las 9:00
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