6 / ALEGATOS

El Ministerio Público Fiscal inicia los alegatos con Daniel Rodríguez Infante. Abordó el secuestro del matrimonio de Sara Palacio y Marcelo Verd y la desaparición de Roberto Blanco.

Continúan los alegatos de la fiscalía, con Daniel Rodríguez Infante. Reconstruyó los casos de las 22 víctimas del operativo de mayo de 1976 contra militantes de la Juventud Guevarista y el PRT-ERP.

La fiscalía alegó por ocho desapariciones en el marco del «Operativo Antijesuita», de personas vinculadas al sacerdote Macuca Llorens y su trabajo en el barrio San Martín.

La fiscalía alegó por los secuestros de las víctimas del «Operativo Antijesuita».

Alegatos de la fiscalía por los secuestros de dieciséis militantes peronistas en abril de 1977.

Continúan los alegatos de la fiscalía por los secuestros de dieciséis militantes peronistas en abril de 1977.

Alegatos de la fiscalía: casos de militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCLM) (Operativo Escoba) y participación del GT3.

La fiscalía continúa los alegatos por los hechos del «Operativo Escoba», contra militantes del PCML. Inició el alegato por el operativo de mayo de 1978, desatado antes del inicio del Mundial de Fútbol.

La fiscalía continúa su alegato por los procedimientos que las fuerzas desplegaron entre el 17 y el 28 de mayo de 1978.

El Ministerio Público Fiscal alega por las detenciones ilegales en la Comisaría 7, y el secuestro y desaparición de Rubén Bravo.

El Fiscal Daniel Rodríguez Infante alega por los casos que involucran a personal de la IV Brigada Aérea, de la Comisaría 16 y de la 17, ubicadas en Las Heras. Son causas por 22 víctimas sobrevivientes.

La fiscalía concluye los alegatos por las detenciones en la IV Brigada Aérea y alega por las personas detenidas en Las Lajas, centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea ubicado en el pedemonte mendocino.

La fiscalía continúa el alegato con la responsabilidad penal de los acusados, con especial mención a la reglamentación de la actividad de inteligencia.

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El Colectivo Juicios Mendoza se conformó en 2010 por iniciativa de los Organismos de Derechos Humanos para la cobertura del primer juicio por delitos de lesa humanidad de la Ciudad de Mendoza. Desde ese momento, se dedicó ininterrumpidamente al seguimiento, registro y difusión de los sucesivos procesos judiciales por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.